Pago de los contribuyentes por abusos y delitos de oficiales del Sheriff superó los $50 millones
Agentes del Sheriff de Los Ángeles dispararon mortalmente contra Alfredo Montalvo en 2009, después de una breve persecución vehicular, en Lynwood. El condado pagó a la familia de la víctima $8,85 millones de dólares como parte del acuerdo judicial (Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles).
En un caso, el condado de Los Ángeles pagó más de $6 millones de dólares a una mujer que había sido violada por un agente del sheriff durante una parada de tránsito. En otro, se necesitaron más de $7 millones para resolver múltiples demandas después de que agentes en West Hollywood mataran por error a un rehén e hirieran seriamente a otro.
Dichos pagos de 2016 contribuyeron al drástico aumento del costo de resolver las demandas legales contra el Departamento del Sheriff del Condado de L.A. durante los últimos cinco años, según registros revisados por The Times. Los pagos anuales del condado han saltado de $5.6 millones a casi $51 millones durante ese tiempo.
Las sentencias y los arreglos a menudo implicaron acusaciones de mala conducta grave contra los agentes del orden, incluidas la agresión sexual, el uso excesivo de la fuerza, el tiroteo a sospechosos desarmados y la prisión indebida. Muchos de los pagos fueron resultado de incidentes que se remontan a varios años y se resolvieron después de un largo recorrido en el sistema legal, por lo cual no necesariamente reflejan la conducta actual de los agentes.
Sin embargo, abogados, funcionarios del gobierno y expertos en aplicación de la ley sostienen que el aumento refleja de todos modos una creciente desconfianza en la aplicación de la ley y el intenso escrutinio público acerca de cómo los oficiales usan la fuerza letal.
Los jueces son ahora menos propensos a conceder a los agentes el beneficio de la duda y más propensos a otorgar mayores sumas a los demandantes, elevando así el costo de los juicios y envalentonando a los letrados para buscar mayores acuerdos durante las negociaciones, resaltaron los expertos.
“El clima social de hoy en día ha tenido un impacto importante en los juicios y los resultados”, aseguró Steven H. Eastbrook, gerente de costos de litigios de la oficina del abogado del condado de L.A. “Mayores acuerdos y mayores costos son cada vez más comunes”.
Las 42 ciudades que contratan con el Departamento del Sheriff han debido pagar millones de dólares más para cubrir estos acuerdos judiciales. El resultado es que a las ciudades les está resultando más difícil obtener seguros para cubrir los litigios por temas vinculados a la aplicación de la ley, y algunos funcionarios locales argumentan que el condado debería hacerse cargo de una mayor porción de los costos.
“Los números son bastante impactantes”, señaló Lael Rubin, un exfiscal adjunto de distrito del condado de L.A., y miembro de la Comisión de Supervisión Civil del Sheriff del condado. Las cifras muestran que el número de demandas contra el Departamento del Sheriff ha disminuido desde la dimisión, en 2014, del sheriff Lee Baca y la elección del sheriff Jim McDonnell, ese mismo año. Baca fue recientemente condenado por obstaculizar una investigación federal sobre corrupción y brutalidad en las cárceles del condado.
En el año fiscal que finalizó en junio de 2016 hubo 132 casos presentados contra el Departamento del Sheriff, incluidas 59 denuncias por uso excesivo de la fuerza y 18 por tiroteos. Ello marca una caída cercana al 25% en comparación con el año fiscal 2012-2013, muestran los datos del condado.
Rubin señaló que tomará tiempo ver si las reformas en curso dentro del departamento tendrán un impacto significativo en los costos legales en el futuro.
En una entrevista, McDonnell reconoció que está preocupado acerca del fuerte aumento de los costos de los litigios. “Es dinero que podría emplearse para ayudar a la comunidad”, expresó el sheriff, quien atribuyó ese incremento, en parte, al aumento de la atención pública en el uso de la fuerza policial después del tiroteo fatal de Michael Brown, un adolescente afroamericano, a manos de un policía blanco, en Ferguson, Missouri, en agosto de 2014.
Sin embargo, McDonnell afirmó, algunos de los incidentes implican malas conductas serias, y él se ha dirigido a los agentes para dejar en claro que dichos comportamientos no serán tolerados. “Todo lo que hemos hecho desde el primer día está diseñado para crear expectativas del comportamiento de los agentes”, resaltó.
Sin embargo, el inspector general del condado, Max Huntsman, quien monitorea el departamento, se preguntó si la agencia cuenta con el personal adecuado en su unidad de asuntos internos, que investiga el mal proceder de los agentes. Dos años atrás, Huntsman señaló, la unidad contaba con 42 sargentos; ahora tiene 27. “El resultado es un sistema de disciplina en el cual ni los agentes ni el público confían, y por una buena razón”, expresó Huntsman. “Necesita ser mejorado”.
Los costos de las sentencias y los arreglos resultantes de la supuesta mala conducta del agente fueron calculados en un reporte de la oficina del abogado del condado, que cubrió los últimos cinco años fiscales. Durante el período comprendido entre 2012 y 2016, el 75% de los fallos y liquidaciones de casos relacionados con el Departamento del Sheriff involucraron casos de uso excesivo de la fuerza, según el informe del condado.
Una noche, en abril de 2014, agentes respondieron a una alerta de ataque en un complejo de departamentos en West Hollywood. En el interior, Alexander McDonald había sacado un cuchillo y cortado a un amigo Liam Mulligan en el cuello.
Sangrando, Mulligan salió corriendo del edificio seguido por otro amigo, John Winkler, de 30 años y aspirante a productor de TV. Los agentes creyeron erróneamente que Winkler era el agresor y abrieron fuego.
Mulligan fue herido en la pierna; Winkler murió por heridas de bala. El por entonces agente interino John Scott calificó el caso como “la mayor pesadilla” de cualquier oficial.
El condado le pagó a la madre de Winkler $5 millones de dólares, y $2.5 millones a Mulligan; ambos pagos se concretaron el año pasado. Los fiscales de L.A. que investigaron el tiroteo determinaron que no había bases para castigar penalmente a los oficiales. Los funcionarios recomendaron que los agentes involucrados recibieran entrenamiento adicional.
Seth Stoughton, profesor de derecho de la Universidad de Carolina del Sur y exoficial de policía de Florida, expresó que el debate nacional sobre las agencias del orden en los últimos años está afectando directamente el costo de los litigios.
El aumento en el uso de video por parte de los oficiales y transeúntes implica que más pruebas de conducta inapropiada terminan en los tribunales civiles, afirmó. Y los jurados son más propensos a dudar de la versión de un oficial acerca de los hechos cuando no hay video para apoyarla, dijo. “Muchas más personas son más escépticas ahora de la policía”, resaltó.
Los abogados que demandan a agencias del orden acordaron que el interés nacional por la mala conducta de la policía en los últimos años ha tenido un impacto significativo en los juicios y acuerdos legales, pero sostienen que los resultados siguen remitiéndose a las acciones de los oficiales y cómo el jurado considera esos comportamientos. “No ha sido un buen momento para los departamentos policiales de todo el país”, afirmó el abogado David Ring.
Ring representó a una mujer que presentó una demanda después de ser violada por un agente del sheriff del condado de L.A. durante una parada de tránsito en 2010, en Palmdale. El agente, José Rigoberto Sánchez, no disputó los cargos de violación por parte de una autoridad y pedido de soborno. Sánchez cumple una condena de nueve años en prisión. En el momento de conocerse su sentencia, la víctima le dijo: “Tú básicamente asesinaste una parte de mí, que jamás recuperaré”. Esta demanda fue resuelta por $6.15 millones, una suma pagada por el condado, las ciudades contratantes del departamento y la aseguradora.
Ring señaló que las agencias gubernamentales han llevado malos casos a juicio en lugar de acordar, lo cual ha resultado en costosas derrotas. El año fiscal pasado, su firma manejó una demanda contra el Departamento del Sheriff que resultó en el mayor pago hasta el momento, a la familia de Alfredo Montalvo, un hombre de 29 años, desarmado, quien murió cuando agentes le dispararon 61 veces, después de una breve persecución, en Lynwood.
Los agentes señalaron que abrieron fuego cuando Montalvo retrocedió hacia ellos después de estrellar su coche. Pero los demandantes argumentaron que su automóvil estaba atrapado entre dos vehículos, y que Montalvo retrocedió sólo a efectos de cumplir con la orden policial de abrir su puerta.
En ese caso, los abogados del condado pensaron que tenían un caso fuerte. El Departamento del Sheriff había determinado que el tiroteo estaba dentro de la política interna, pero los jurados concedieron casi $8.8 millones a la familia Montalvo. El condado llegó después a un acuerdo por $8.85 millones, que incluyó honorarios de abogados, para evitar gastar más dinero en una apelación.
La carga financiera es compartida entre ciudades que contratan con el Departamento del Sheriff para los servicios de patrulla. En el último año fiscal, esas ciudades contribuyeron $12.7 millones de los $50.9 millones pagados en total. Sus aseguradoras invirtieron unos $19.4 millones adicionales.
Marcel Rodarte, director ejecutivo de California Contract Cities Association, afirmó que ha visto señales de descenso en las malas conductas del sheriff, y espera que las acciones de McDonnell ayuden a reducir los pagos judiciales.
Sin embargo, dijo, le preocupa que el recargo que pagan las ciudades en sus contratos con el Departamento del Sheriff para pagar por costos de litigios haya aumentado constantemente, del 4% hasta llegar al 10%. A la vez, aseguró, las ciudades han tenido que aumentar el deducible que pagan en demandas individuales, de $1 millón a $3 millones, para poder mantener bajos los costos de sus seguros.
El alcalde de Palmdale, Jim Ledford, sostuvo que los costos “son increíbles” y que el condado debe pagar más porque el Departamento del Sheriff es una agencia municipal. “El condado hace la capacitación, supervisa a estos individuos y los contrata”, dijo, “por lo cual debe ser responsable”.
