Editorial: El interminable ‘efecto Willie Horton’ mantiene las prisiones demasiado llenas para el bienestar del país

En un tiempo en que demócratas y republicanos parecen incapaces de trabajar juntos en siquiera las cuestiones más sencillas, un área de sorprendente acuerdo ha sido la reforma penitenciaria. A pesar del movimiento, la semana pasada, del fiscal general Jeff Sessions para reinstaurar sentencias federales más rígidas, sigue habiendo un gran consenso acerca de la necesidad de refrenar la asombrosa población carcelaria de los EE.UU.

Sin embargo, como ejemplifica el accionar de Sessions, la iniciativa se desarrolla con vaivenes. En 2010, después de la aprobación de proyectos bipartidistas de reforma de las leyes, la población carcelaria estadounidense comenzó a declinar. Ese año, las prisiones estatales albergaban a 1.4 millones de personas; para 2015, el número había caído cerca de 75,000, una baja del 5.5%.

Pero más de la mitad de ese descenso ocurrió exclusivamente en California, en respuesta a una orden judicial federal que obligó al estado a corregir el hacinamiento en las cárceles. Fuera de California, la población de las prisiones estatales declinó en sólo un 2.5% y, en realidad, 25 estados experimentaron aumentos.

Una razón para esos resultados es que simplemente toma tiempo modificar nuestro sistema de justicia penal. Otra es que hay grupos políticamente poderosos, como las asociaciones de abogados distritales y los sindicatos de oficiales correccionales, que se oponen fuertemente a las reformas y ganan victorias como el énfasis de Sessions en la sentencia mínima obligatoria. También hay barreras más profundas y duraderas a la reforma; la más importante es la potente asimetría que impregna nuestra política de castigo: incluso la más mínima indulgencia es políticamente costosa, pero no así la severidad.

Este problema es tan bien conocido que incluso tiene un nombre: el efecto William Horton. Horton era un preso de Massachusetts quien, en 1986, se fugó de un programa de licencia durante el fin de semana. Un año después violó brutalmente a una mujer y atacó a su novio. Horton fue un caso aparte; más del 99% de quienes tienen permitidas las salidas regresan sin incidentes. Pero en 1988, el caso de Horton se utilizó en un infame aviso lanzado por George H.W. Bush como parte de su exitosa campaña presidencial contra el gobernador de Massachusetts, Michael Dukakis.

Aunque el impacto del anuncio en el resultado de la elección ha sido exagerado, los políticos rápidamente aprendieron su lección. No importa qué tan exitoso sea un programa de “liberación anticipada” de prisión, un único fracaso puede imponer grandes costos políticos.

El efecto Horton sigue reproduciéndose una y otra vez. En 2011, Arkansas aprobó un proyecto integral de reforma judicial penal que generó un rápido descenso de su población carcelaria, en casi un 10%. Pero cuando un solo preso puesto en libertad condicional, Darrell Dennis, cometió un asesinato, la junta de libertad condicional redujo las liberaciones de forma tan agresiva que, para fines de 2013, las prisiones del estado habían crecido un 17%, marcando un nuevo máximo. No importó que, en general, las reformas parecieran abordar con seguridad el problema hizo descarrilar todo el esfuerzo.

California lucha con el mismo tipo de desafío político con respecto a sus reformas penitenciarias, especialmente con la proposición 47, que en 2014 reclasificó varios delitos de drogas y propiedad como ‘menores’. Con poca o ninguna evidencia, muchos jefes de policía y sheriffs han afirmado públicamente que los picos de la delincuencia en el estado están vinculados con dicha proposición. En febrero pasado se responsabilizó en parte a la Proposición 47 por el asesinato del agente de policía Keith Boyer, de Whittier, aunque el hombre acusado no había sido alcanzado en absoluto por las nuevas reglas.

En estas situaciones, oponerse a la reforma es políticamente eficaz y fácil, mientras que defenderla es difícil y complicada. Los jefes y sheriffs siempre podrán señalar un crimen difícil cometido por alguien que, en ausencia de la Proposición 47, hubiera sido encarcelado de todas maneras por un delito anterior.

Ese crimen les proporcionaría un ataque certero y emocionalmente poderoso contra la ley. Aunque los defensores de la Proposición 47 pueden remarcar que aquellos salvados de una larga sentencia no han cometido más crímenes, esas historias tienen menos resonancia y la gente siempre teme que alguna otra reincidencia esté al acecho. En otras palabras, los costos de la proposición serán claros e impactantes, mientras que los beneficios de mantener a más personas fuera de la cárcel -los cuales son más importantes para la sociedad- resultan más abstractos y tenues.

Con esto tampoco contribuye la práctica estadounidense de la elección de fiscales y jueces. Los votantes tienden a estar mal informados sobre las tendencias actuales de la delincuencia; en cambio, se enfocan en casos únicos y memorables de “indulgencias que han salido mal”, lo cual significa que los fiscales y magistrados elegidos pecarán de severos para asegurarse de que no surjan sorpresas -como Darrell Dennis- que pudieran causarles daño político.

El desafío impuesto por un electorado pobremente informado se magnifica ampliamente por los incentivos presupuestarios desalineados. La policía se paga con el presupuesto de la ciudad; los fiscales, jueces, sheriffs, cárceles y oficiales de libertad condicional son subsidiados por el condado. Cuanto más acusados son encarcelados por cargos menores o puestos en libertad condicional, más caro sale para la ciudad y el condado. Aquellos acusados con crímenes graves y enviados a prisión estatal, sin embargo, dependen económicamente del estado.

Pensemos en ello: en la propia ciudad o el propio condado, es políticamente más seguro y económicamente más barato acusar a alguien por un delito grave (que los envía a prisión) que con un cargo menor. Para reducir el encarcelamiento, necesitamos cambiar los incentivos.

La “Realineación” en California es uno de esos intentos. Obliga a los condados a incurrir en el costo de encerrar a delincuentes que no son violentos, no han cometido crímenes graves ni de índole sexual; las personas con esas tres características ya no pueden ser enviadas a prisión estatal, sin importar el cargo.

Sin embargo, Sacramento decidió recientemente volver permanentes los subsidios proporcionados a los condados para manejar los aumentos de sus costos, socavando lo que este cambio podría haber logrado. Hasta ahora, ningún otro estado ha intentado abordar el oportunismo de las agencias locales del orden con el dinero de los presupuestos estatales.

El encarcelamiento masivo tiene beneficios que reducen el delito, pero los números demuestran claramente que estos se empequeñecen frente a sus daños a la sociedad: costos fiscales astronómicos, aumento de las tasas de pobreza y enfermedad, riesgos elevados de perpetuar el delito en las familias y otras consecuencias.

Incluso en California, que ha intentado cambiar -y, en cierta manera, tuvo éxito- se han dado pocos pasos para abordar los problemas políticos subyacentes que hacen que las penas de prisión sean la salida fácil. Hasta que no lo hagamos, nuestros intentos de reforma seguirán decepcionándonos.

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Traducción: Valeria Agis