Anuncio

El estado de California se defiende contra Donald Trump

(Lorena Iniguez / Los Angeles Times)
Share

Cuando Donald Trump amenazó en la campaña con deportar a cada inmigrante que viva en el país indocumentado, reiniciar las excavaciones petroleras a mar abierto y revocar las políticas anticontaminación que ayudan a luchar contra la polución, los californianos entendieron de inmediato que nuestro estado se vería desproporcionadamente afectado -y dañado- por las imprudentes políticas que el por entonces candidato esperaba promulgar.

Después de su investidura, el presidente fue más allá y señaló directamente al estado en sus ataques. “California”, declaró en febrero pasado, “está fuera de control en muchos sentidos”. En un recargado tuit, sugirió que el gobierno federal debía recortar fondos para UC Berkeley porque una protesta contra un orador conservador había terminado en violencia. Unos días más tarde, declaró -con mayor irresponsabilidad- que “quitaría todos los fondos” al estado si consideraba que éste no cooperaba lo suficiente en su iniciativa para erradicar a los inmigrantes no autorizados.

Trump ya había enajenado a muchos votantes estatales con sus planes de construir un costoso e innecesario muro fronterizo, revocar el seguro de salud a millones de personas de bajos ingresos y dar por fin a las políticas vinculadas con el cambio climático. Ahora directamente enfrentaba a todo California, un estado donde viven uno de cada 10 estadounidenses y que envía más de $350 mil millones a Washington cada año en impuestos federales (y recibe sustancialmente menos). Un estado con fuertes valores progresistas que no se sentirá feliz con el debilitamiento de éstos. Para expresar su insatisfacción, cientos de miles de personas se reunieron en manifestaciones en las principales ciudades. La quijotesca campaña de secesión de un hombre se convirtió en una causa célebre, y los líderes políticos de California prometieron resistir.

Anuncio

El gobernador Jerry Brown mencionó que, si Trump cortaba la recolección de datos climáticos, California lanzaría “su satélite propio”. Los legisladores convocaron al exprocurador general de los EE.UU. Eric Holder para ayudar a desafiar las iniciativas de Trump en la corte, incluso antes de que éste hubiera anunciado alguna, y presentaron una montaña de proyectos en contra de una serie de políticas reprobables, que se pensaba el mandatario estaba considerando. “Vamos a hacer todo lo necesario para proteger a la gente de California”, aseguró el fiscal general del estado, Xavier Becerra.

La respuesta inicial de los líderes estatales -que incluyó algunas buenas ideas junto con una cuota de agitación y un toque de pánico- fue comprensible, dada la enormidad de la amenaza. Pero a medida que nos adentramos en los próximos cuatro años, California debe ser perspicaz acerca de los desafíos que enfrenta y estratégica acerca de cómo responder a estos. Una guerra total con el gobierno federal no es sostenible ni sabia. El estado deberá elegir sus batallas.

Para empezar, California debe continuar con su agenda de derechos humanos y civiles, el aire puro, agua y cambio climático, e igualdad. Trump puede desmantelar el plan federal de energía limpia Clean Power Plan, pero no puede impedir al estado que avance hacia su objetivo de tener un 50% de energía renovable para 2030, tal como se estableció en la ley SB 350 hace dos años.

La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos puede reducir los estándares nacionales de eficiencia de combustible, pero si intenta revocar la exención que permite a California establecer su propio estándar, los legisladores estatales deberán dar pelea, incluso demandar a la agencia de ser necesario. Trump puede continuar con sus esfuerzos contraproducentes y mezquinos para deportar a los inmigrantes no criminales que viven en el país indocumentados, pero las agencias locales del orden no están obligadas legalmente a hacer el trabajo para las autoridades federales, y no deberían estarlo.

Los líderes políticos de California deben llegar a otros estados -incluidos los republicanos- para desarrollar alianzas en temas de interés común. El desprecio de Trump por los recursos de energía renovable, la reforma de las leyes sobre la marihuana y la expansión de Medicaid, por ejemplo, seguramente alienan a los funcionarios de otras capitales estatales. Los cielos con smog no son exclusivos de Los Ángeles, y los estados del oeste ya han mostrado interés en invertir en energía renovable.

Sin embargo, los legisladores de California también deben tener cuidado al permitir que la mentalidad de “resistir a toda costa” los empuje más allá de donde deberían.

Consideremos la mayor lucha de California vs. Trump hasta el momento: la inmigración. Es cierto que la policía y los agentes del sheriff locales no deben convertirse en agentes de inmigración y hacer un trabajo que le corresponde al gobierno federal -y que dificultaría su posibilidad de trabajar eficazmente con las comunidades locales de inmigrantes-. Pero tampoco debe el estado, en su fervor por resistir a Trump, obstaculizar la cooperación, lo cual protegería a los criminales graves de la deportación. Las primeras versiones de la ley SB 54 -la llamada ‘ley de estado santuario’, que explicaría cómo las agencias del orden locales deben trabajar con agentes de Inmigración y Aduanas- permitían al estado tomar decisiones policiales que tradicionalmente se hacen a nivel local, lo cual podría incitar a los agentes del ICE a efectuar redadas aún más perjudiciales y, potencialmente, podría interferir con mantener a los criminales violentos fuera de las calles.

Muchos californianos son extremadamente -y racionalmente- pesimistas acerca de los próximos años de mandato del presidente trump. Pero aquí hay otra dura verdad: si hay oportunidades para una colaboración razonable con el nuevo gobierno, el estado debe estar preparado para tomarlas. California cuenta con una ayuda del gobierno federal de $105 mil millones cada año, un dinero muy necesario para su funcionamiento. La no cooperación absoluta no es una posibilidad.

Además, Sacramento y Washington, D.C. tienen ciertos intereses mutuos: si el presidente quiere financiar proyectos de infraestructura, tenemos varios. Eso significa mantener abiertas las líneas de comunicación, tal como el gobernador Brown y el alcalde Eric Garcetti parecen dispuestos a hacer. Con suerte, Trump reconocerá en su momento que las grandes industrias del estado -tecnología, agricultura, entretenimiento, turismo- son inmensamente importantes para la economía nacional. Si California sufre con sus políticas, también lo hará el resto del país.

La realidad es que California no puede independizarse. Hay que dejar de fantasear con un “Calexit”. Por divertido que pueda ser imaginar la creación de una nación propia con la gigante economía del estado, su protección de los inmigrantes y su cuidado del clima, la historia sugiere no sería sabio ni factible. California es una parte integral de los Estados Unidos, donde debe permanecer y mantenerse activamente comprometida.

En los días venideros, los californianos deberemos defender nuestra nación y nuestro estado. Deberemos leer, escribir y protestar. Asistir a reuniones y hablar con quienes están en el poder. Deberemos votar; no sólo para presidente, sino también para la junta escolar. Defender el imperio de la ley y el proceso democrático, y oponernos a las peligrosas políticas del nuevo líder estadounidense.

Por los próximos cuatro años, deberemos cooperar cuando sea posible, y luchar cuando sea necesario, en beneficio de nuestro estado y de la unión a la cual pertenece.

Si desea leer la nota en inglés, haga clic aquí.

Traducción: Valeria Agis

Anuncio