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Dos psicólogos, enjuiciados por las severas tácticas de interrogatorio que crearon para la CIA

El sello de la CIA, en la sede de la agencia en Langley, Virginia (Carolyn Kaster / Associated Press).

El sello de la CIA, en la sede de la agencia en Langley, Virginia (Carolyn Kaster / Associated Press).

(Carolyn Kaster / Associated Press)

Una demanda presentada por exdetenidos en las cárceles clandestinas de la CIA en el extranjero llegará a la corte en un hecho que marcará el primero en su clase después de los atentados del 11 de Septiembre, y que tiene como objetivo responsabilizar a dos psicólogos civiles por desarrollar severas técnicas de interrogación.

El gobierno y los abogados de los dos psicólogos intentaron detener el juicio, e incluso el juez federal que entiende en el caso, Justin Quackenbush, urgió a las partes a considerar un acuerdo. “Si quieren seguir adelante y llevar el caso ante un jurado, pueden hacerlo”, le dijo el magistrado a los abogados de los exdetenidos, quienes buscan obtener una compensación económica no especificada por daños. “Pero les advierto que a los litigantes y la CIA, que ha sido una parte interesada en la cuestión, les resultaría mejor sentarse y llegar a una conclusión razonable”, advirtió.

Los querellantes se mostraron impasibles y, el viernes pasado, después de casi tres horas de argumentos en la última de una serie de audiencias previas al juicio, Quackenbush decidió que el histórico caso puede llegar al tribunal. La audiencia se llevó a cabo en Spokane, Washington, con conexión por vía telefónica.

Aunque intentos previos de demandar a la CIA por presuntas torturas no prosperaron porque el gobierno alegó amenazas a la seguridad nacional, un informe del Senado publicado parcialmente en 2014 expuso gran parte de la historia y los duros métodos de interrogatorio, y la CIA accedió a cumplir con la mayoría de las solicitudes de documentos para este caso.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) inició el pleito en nombre de Suleiman Abdullah Salim, un pescador tanzano secuestrado por la CIA en Somalia, en 2003, quien fue presuntamente torturado y liberado cinco años más tarde, con un documento donde se afirmaba que no representaba una amenaza para los Estados Unidos.

Otro demandante, Mohammed Ahmed Ben Soud, un libio secuestrado en 2003, fue torturado en Afganistán, luego devuelto a Libia y detenido allí por las autoridades luego del derrocamiento del régimen de Kadafi.

La ACLU también representa a la familia afgana de Gul Rahman, quien fue secuestrado y murió dos semanas después bajo custodia de la CIA, encadenado, con pañales y víctima de hipotermia. Rahman había sido detenido en una centro en Afganistán llamado prisión Cobalt, también conocido como “Salt Pit”.

Los acusados, los expsicólogos de la Fuerza Aérea James Mitchell y John “Bruce” Jessen, fueron contratados por la CIA después del 11 de Septiembre para diseñar un programa “de técnicas mejoradas de interrogatorio” que obliguen a los sospechosos de terrorismo a entregar valiosa información de inteligencia.

Sus métodos para la ‘guerra contra el terror’ incluyeron la simulación de ahogamiento, los golpes, la ‘alimentación’ rectal forzada y experimentos con luces enceguecedoras e incesante música. El objetivo de todo ello era quebrar la voluntad de los presos que no se mostraran cooperativos.

Mitchell y Jessen ganaron $81 millones de dólares gracias a una serie de contratos gubernamentales desde 2003, hasta que Obama finalizó los acuerdos y las tácticas de tortura, en 2009. El par sostuvo que, debido a que eran proveedores de servicios, la responsabilidad final de cualquier fracaso pertenecía a su empleador, en este caso la CIA.

En la corte, los defensores de los psicólogos argumentaron que sus clientes no podían ser considerados responsables simplemente por hacer “negocios con la CIA en conformidad con sus contratos”. El pasado viernes, en un último esfuerzo por lograr la desestimación del caso, los acusados compararon su situación a la de los fabricantes de la Segunda Guerra Mundial que suministraron gas venenoso a los nazis y más tarde argumentaron que no eran responsables por el uso que se había hecho de éste.

Para Dror Ladin, abogado de la ACLU, la comparación fue exagerada y señaló que los tribunales de Nuremberg de la posguerra consideraron que los contratistas privados sí habían sido, de hecho, responsables de proporcionar “medios ilegales” para beneficiarse de crímenes de guerra.

En el mismo caso que citan Mitchell y Jessen”, remarcó el letrado, “el tribunal militar halló culpable al propietario de una compañía química que vendió Zyklon B a los nazis, aunque sólo estos últimos tenían la última palabra acerca de qué prisioneros serían atacados con la sustancia”.

A menos que surja un acuerdo de último momento, el juicio comenzará el 5 de septiembre próximo.

Si desea leer la nota en inglés, haga clic aquí.

Traducción: Valeria Agis


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