Departamentos de policía en California, en la mira de Trump por no cooperar con ICE

Departamentos de policía en California, en la mira de la administración Trump por no cooperar con ICE

Un informe semanal del Departamento de Seguridad Nacional lista las agencias que no cumplen con las órdenes de Inmigración y Aduanas de los EE.UU. para detener sospechosos (20 de marzo de 2017).

Este lunes, el Departamento de Seguridad Nacional lanzó el primer informe sobre las agencias de aplicación de la ley que están “poniendo en peligro potencial a los estadounidenses” al no cooperar con las autoridades del Servicio de Inmigración y Aduanas de los EE.UU. (ICE), y nombró en él a múltiples jurisdicciones de California.

El reporte destaca el inminente conflicto que se avecina entre la administración Trump, que ha prometido impulsar significativamente las deportaciones de personas indocumentadas en el país, y las agencias policiales locales, que aseguraron que no ayudarán con esos procesos.

Como parte de una directiva del gobierno de Trump para “resaltar” aquellas agencias de policía que no cooperan con este pedido, la lista semanal “Declined Detainer Outcome Report” (Reporte de negativas de órdenes de detenciones) enumera a quienes no han cumplido con las solicitudes del ICE para retener a sospechosos para que puedan ser procesados y deportados.

“Cuando las agencias de la ley no cumplen con los arrestos de inmigrantes y liberan a infractores y criminales graves, esto socava la capacidad del ICE de proteger la seguridad pública y llevar a cabo su misión”, afirmó Thomas Homan, director interino del ICE.

El reporte del último lunes listó 10 jurisdicciones que no cumplen con las órdenes de detención “de manera rutinaria”: el condado de Clark, en Nevada; el condado de Nassau, en Nueva York (N.Y.); el condado de Cook, en Illinois; el condado de Montgomery, en Iowa; el condado Snohomish, en Washington; el condado Franklin, en N.Y.; el condado de Washington, en Oregon; el condado de Alachua, en Florida; el condado de Franklin, en Iowa y el condado de Franklin en Pensilvania. 

El informe también mencionó a varias agencias de aplicación de la ley en California, entre ellas algunas en el condado de L.A., que tampoco honraron las órdenes de detención.

En un período de tres días entre fines de enero y comienzos de febrero pasados, el Departamento de Policía de L.A. (LAPD) y el Departamento del Sheriff del Condado de L.A. se negaron a retener a cinco personas con condenas penales, según el informe.

Uno de los sospechosos había sido declarado culpable por un incendio intencional, dos por violencia doméstica y otros dos por agresiones, detalla el listado. Cuatro de ellos eran mexicanos, y el quinto de nacionalidad salvadoreña. Los sospechosos estaban detenidos en cárceles del LAPD en Van Nuys y del centro de la ciudad, así como en las instalaciones correccionales llamadas Twin Towers, del Sheriff, también en el centro.

Otros sitios donde se rechazaron órdenes de detención fueron la cárcel de Santa Rita, en el condado de Alameda; el Departamento Correccional del Condado de Madera, la cárcel de la ciudad de Anaheim, en el condado de Orange; la cárcel del condado de Sacramento, la cárcel del condado de Santa Bárbara y la prisión principal del condado de Santa Clara.

Los sospechosos de esas cárceles tenían condenas por violencia doméstica, robo y falsificación, entre otros delitos. Las personas que ICE buscaba eran nativos de Camboya, México y Guatemala.

“Nuestro objetivo es construir relaciones cooperativas y respetuosas con nuestros socios de la ley”, afirmó Homan. “Seguiremos colaborando con ellos para asegurar que los extranjeros indocumentados que puedan representar una amenaza para nuestras comunidades no sean puestos en libertad en las calles para dañar potencialmente a los individuos de la comunidad”.

California ha sido el semillero de la oposición a la severa política del presidente Trump contra la inmigración. Las ciudades de todo el estado se han declarado “santuarios” para las personas indocumentadas, y la policía ha expresado el temor de que, si sus oficiales colaboran con las deportaciones, los inmigrantes dejarán de cooperar con las investigaciones criminales.

El LAPD prohibe a sus oficiales iniciar contacto con alguien únicamente con el fin de determinar si se encuentra en el país sin autorización, a partir de una orden especial firmada por el entonces jefe Daryl Gates, en 1979. Durante el mandato de Charlie Beck, el departamento dejó de entregar a los detenidos por delitos leves a los agentes federales para su deportación, y se alejó de cumplir con las solicitudes federales para retener a los reclusos, de modo tal que puedan ser deportados luego de su encarcelamiento.

Beck y el alcalde de L.A., Eric Garcetti, han prometido no involucrar a la policía en las deportaciones ni en otras cuestiones del ICE. La semana pasada también hubo preocupaciones sobre el merodeo de agentes del ICE por los tribunales, en busca de indocumentados.

La presidenta de la Corte Suprema de California, Tani Cantil-Sakauye, solicitó al gobierno de Trump el cese del “acoso” de los agentes de inmigración en los tribunales del estado con el fin de hacer arrestos. La carta de la jueza, motivada por las quejas de los magistrados de primera instancia, se conoció después de un artículo de The Times que daba cuenta de que grupos de agentes de inmigración -algunos uniformados, otros de civil- se habían dirigido a los tribunales o acechado en las afueras de los recintos judiciales de California, Arizona, Texas y Colorado, en las últimas semanas.

Los funcionarios de inmigración sostienen que hacen arrestos en los tribunales sólo cuando se han agotado todas las demás opciones.

En su misiva, Cantil-Sakauye expresó que las cortes son “el principal punto de contacto para millones de californianos en tiempos de ansiedad, estrés y crisis en sus vidas. Las víctimas de delitos, de abusos sexuales y violencia doméstica, los testigos de crímenes que ayudan a las fuerzas del orden, las personas con limitaciones del idioma, los litigantes no representados y los niños y sus familias; todos ellos vienen a nuestros tribunales en busca de justicia y de un debido proceso legal”, escribió la magistrada.

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Traducción: Valeria Agis

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