Cuestionan la transparencia del LAPD para liberar imágenes de tiroteos y hechos polémicos

Durante más de un año, el plan de colocar cámaras en el cuerpo de miles de oficiales de policía de Los Ángeles fue empañado por un polémico debate acerca de una cuestión clave: ¿qué tanto de esos videos debería hacerse público, y cuándo?

El LAPD insistió en que, por regla general, retendría las grabaciones a menos que se requiera su presentación por vía judicial. El jefe Charlie Beck afirmó que considera el video como una evidencia -por lo tanto está exento de las leyes de divulgación pública- y reforzó la necesidad de proteger la integridad de las investigaciones tanto como la privacidad de las víctimas.

Pero los grupos defensores de los derechos civiles, activistas locales y al menos un comisario criticaron su postura, alegando que retener el material de archivo socava la rendición de cuentas y transparencia que las cámaras deben aportar a la policía.

Esta semana, en medio de un examen más riguroso acerca de los tiroteos con policías en todo el país, el tema cobró nuevo impulso cuando el presidente de la Comisión de la Policía de L.A. aseguró que era hora de reconsiderar la postura del LAPD. Además, Beck afirmó que estaría dispuesto a liberar ciertas imágenes “en el momento adecuado y en el marco preciso”, y que los oficiales del LAPD están monitoreando de cerca un nuevo enfoque tomado por las autoridades de San Diego.

Allí, los oficiales han comenzado recientemente a dar a conocer “porciones relevantes” de imágenes de tiroteos captadas con las cámaras corporales, una vez que el fiscal decide no culpar a los oficiales involucrados. Si se presentan cargos, en cambio, las grabaciones pueden ser consideradas evidencia y retenidas hasta que se presentan durante el juicio.

Los partidarios de un mayor acceso a las grabaciones celebraron esta revisión de la política del LAPD. Un abogado de la organización American Civil Liberties Union (ACLU) la definió como “una deuda largamente pendiente”. Sin embargo, agregó, los oficiales deberían elaborar directrices específicas que eviten que el LAPD comparta únicamente imágenes que favorecen a los oficiales. “No pueden simplemente dejar a su voluntad la publicación de un video que exonera a los oficiales, o la no publicación en caso de que los incrimine”, afirmó Peter Bibring, un abogado sénior de la ACLU del sur de California.

Pero el presidente del sindicato que representa a los oficiales de policía de menor rango simplemente rechazaron la idea de publicar cualquier grabación. Craig Lally señaló que temía que la decisión de publicar los videos se viera influenciada por la presión pública o política, y pusiera así en peligro la evidencia que podría usarse en un juicio.

“Una vez abierta esa caja de Pandora, ¿quién puede decidir qué se da a conocer y qué no?”, dijo Lally. “¿Será el jefe de policía? ¿El alcalde? ¿Qué criterio se seguirá?. No podemos ir por ese camino”, agregó.

El LAPD ha enfrentado protestas por varios tiroteos con policías involucrados durante años recientes, entre ellos la confrontación mortal, en 2015, en skid row, que fue capturada por cámaras corporales. La policía sostiene que los oficiales abrieron fuego sobre Charly Keunang luego de que él intentara tomar la pistola de un oficial novato, durante una pelea. Un transeúnte publicó un dramático video del momento, que atrajo millones de vistas y captó la atención del mundo acerca del LAPD.

La oficina del fiscal de distrito aún está revisando si acusará a los oficiales que asesinaron a Keunang. Las imágenes de sus cámaras corporales no se han hecho públicas.

En todo el país, las fuerzas del orden están debatiendo temas similares, a medida que más agencias adoptan las cámaras corporales como una forma de mejorar la confianza pública en la policía. Muchas agencias se han resistido a la idea de publicar el material gráfico. La semana pasada, Carolina del Norte prohibió a las agencias de policía la publicación de videos tomados con cámaras de patrullas o corporales, sin una orden judicial.

Pero, en tiempos en que los videos captados con celulares muestran al detalle los tiroteos con policías y pueden desencadenar una tormenta de críticas, los departamentos se enfrentan a la creciente presión de tomar sus propias grabaciones.

Eso fue lo que ocurrió esta semana en Fresno, donde la policía liberó las imágenes del tiroteo a un joven desarmado de 19 años de edad, cuya muerte desencadenó protestas y acusaciones. En este caso, el video de un transeúnte que mostró los dos últimos disparos -cuando el hombre ya estaba tirado en la carretera- encendió aún más la polémica.

Las imágenes de las cámaras corporales, sin embargo, mostraban más acerca de esa detención en el tránsito del 25 de junio pasado, que terminó con la vida de Dylan Noble. Las grabaciones muestran que Noble ignoró repetidamente las órdenes de los oficiales, y en lugar de ello avanzó con algo en la mano -según se determinó después, se trataba de un recipiente plástico con arcilla-.

La decisión de la policía de Fresno de compartir las grabaciones públicamente fue discutida por los agentes del orden y otros, que prestaron especial atención al tema. Los legisladores de California deben aún aprobar normas sobre el tema, lo cual deja aún a las agencias la decisión individual de cuándo publicar el material o no.

En L.A., el presidente de la junta civil que controla el LAPD señaló que quiere reconsiderar la política del departamento contra la liberación de los videos policiales. La agencia está a punto de comprar y desplegar nuevas cámaras para 7,000 oficiales, y busca concluir una iniciativa generalizada para instalar cámaras de tablero en todas las patrullas.

Matt Johnson, presidente de la Comisión de Policía, señaló en un comunicado que el panel planea revisar cómo otros departamentos manejan el tema de la liberación de imágenes. “Nuestra política de publicación de videos jamás estuvo tallada en piedra, y creo que ahora es un buen momento para revisarla”, afirmó. Cualquier cambio de la política del LAPD, dijo, necesita cumplir con las leyes estatales y evitar interferir con la investigación de la oficina del fiscal en caso de tiroteos con policías y otros incidentes polémicos.

Así lo dijo:

Una vez abierta la caja de Pandora, ¿quién puede decidir qué se da a conocer y qué no?

- Craig Lally, presidente de la Liga Protectora de la Policía.

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