Deportaciones de Trump podrían ser algo muy diferente a las de Obama

Cuando Trump dice que quiere deportar criminales, significa algo totalmente distinto a Obama

Los asesores del presidente electo Donald Trump redactan los planes para reanudar las inspecciones en los lugares de trabajo y cárceles con el fin de identificar a inmigrantes ilegales en el país, en una iniciativa por cumplir la meta de Trump de deportar entre dos y tres millones de personas a quienes considera criminales.

Ello podría poner al gobierno entrante en conflicto directo con Los Ángeles y las leyes de California, así como con otras ciudades y estados, preparando el terreno para una batalla legal y política casi certera.

El gobierno de Obama estableció como prioridad en su segundo mandato deportar a los inmigrantes con condenas penales, y ha expulsado desde 2013 a 530,000 delincuentes. Desde que el presidente asumió el poder, en 2009, ha expulsado a 2,5 millones de personas, más que cualquier otro primer mandatario.

De acuerdo con dos altos funcionarios del equipo de transición, los asesores de Trump buscarán ampliar esa red para incluir a los migrantes que han sido acusados pero no condenados, a los presuntos pandilleros y traficantes de drogas, y a aquellos acusados con violaciones inmigratorias tales como reingresos ilegales y permanencia después de la vigencia de una visa, así como otros delitos menores.

Si las autoridades locales se niegan a cooperar, los asesores de Trump buscan retener algunos fondos federales para la aplicación de la ley y equipamiento que se destinaría a las agencias policiales estatales y locales para retener a presos federales, o mejorar las prácticas oficiales.

El lunes, el jefe del LAPD, Charlie Beck, señaló que no tiene planes de modificar la negativa del LAPD de cumplir ciertas políticas federales inmigratorias. Bajo su mandato, el departamento dejó de entregar a personas arrestadas bajo sospecha de delitos menores a los agentes federales para su deportación, y se alejó del cumplimiento del pedido federal de retener a reos que podrían ser deportados luego del cumplimiento de sus condenas. “No intento hacer nada diferente”, señaló. “No vamos a participar en actividades de aplicación de la ley basadas únicamente en el estatus migratorio de alguien. No trabajaremos en conjunto con el Departamento de Seguridad Nacional en sus iniciativas de deportación. Ese no es nuestro trabajo, y yo no lo convertiré en ello”.

En 2013, el gobernador de California Jerry Brown firmó una ley que prohíbe a la policía estatal detener a alguien para entregarlo a los agentes de inmigración a menos que el sospechoso haya sido acusado o condenado por un delito grave como narcotráfico, abuso infantil o actividad en pandillas.

En los últimos años, los jefes de policía de numerosas jurisdicciones han rechazado la aplicación local de las leyes de inmigración, alegando que a raíz de ella los inmigrantes no reportan delitos ni ayudan a la policía a realizar investigaciones.

Durante la campaña, Trump afirmó que también retendría fondos federales para castigar a las llamadas ‘ciudades santuario’, como Los Ángeles o Chicago, por sus políticas indulgentes contra la inmigración ilegal. En una conferencia de prensa del pasado lunes, el presidente Obama señaló que alentará a Trump a mantener un programa que ha concedido permisos de trabajo temporales y estatus legal a más de 740,000 inmigrantes que ingresaron ilegalmente al país durante su niñez.

Pero Trump repitió durante su campaña que daría por terminado el programa de Acción Diferida por Llegada durante la Niñez, aunque no detalló si buscaría deportar a aquellos que recibieron protección. “Exhortaré al presidente electo y al gobierno entrante a pensar mucho antes de poner en peligro el estatus de quienes, para todos los fines prácticos, son jóvenes estadounidenses”, afirmó Obama. Aquellos seleccionados por el programa, añadió, “son jóvenes sólidos y maravillosos, de buen carácter, y creo firmemente que la mayoría del pueblo estadounidense no querría que, de repente, esos chicos deban volver a ocultarse”.

A comienzos de su campaña presidencial, Trump remarcó que tenía intención de deportar a todos los 11 millones de inmigrantes que se hallan en el país indocumentados. Pero luego corrigió la cifra, y el domingo brindó un amplio esquema de su plan. El presidente electo le dijo a “60 Minutes”, de CBS, que su gobierno “conseguirá que quienes son criminales y tienen antecedentes penales; pandilleros, traficantes de drogas, de los cuales tenemos aquí un montón, cerca de dos millones y hasta podrían llegar a tres. A ellos los sacaremos del país o los encarcelaremos. Pero los queremos fuera de nuestro país. Están aquí ilegalmente”, afirmó.

Para reforzar las cifras, sus asesores remarcaron que el presidente electo probablemente reinstalará los allanamientos en lugares de trabajo con fines de encontrar a ilegales, para expulsarlos y enviar una señal al mundo que disuada a otros de ingresar o permanecer en los EE.UU. sin permiso.

Los asesores de inmigración más estrictos del equipo de transición de Trump también redactan planes para aumentar drásticamente los juicios por ingresos ilegales, una violación que no siempre conduce a la deportación con la política actual. El plan es ampliar el uso de un proceso de deportación que ignora a las cortes de inmigración y permite a los oficiales expulsar a los extranjeros inmediatamente después de ser capturados. El proceso, llamado “retiro expedito”, se aplica ahora únicamente a los inmigrantes indocumentados detenidos sólo a 100 millas de la frontera y dentro de las dos semanas de su ingreso ilegal al país, que no expresen un temor creíble de persecución si son devueltos a su lugar de origen.

Los asesores de Trump también quieren ampliar un programa que otorga a algunos oficiales de policía autoridad de inmigración, y entrena a carceleros para identificar a reclusos potencialmente deportables.

El gobierno de Trump también podría restaurar un polémico programa llamado Comunidades Seguras, que comenzó con el expresidente George W. Bush, y que automáticamente notifica a agentes federales cuando un inmigrante indocumentado es fichado y registrado en una cárcel local.

Muchas comunidades, entre ellas Los Ángeles, finalmente se negaron a participar y el programa fue cancelado en noviembre de 2014. Los agentes de inmigración ahora deben demostrar que un tribunal ha ordenado la deportación de un recluso, o que probablemente lo hará, para que la cárcel retenga a un sospechoso hasta que lleguen los agentes federales.

Los funcionarios de inmigración sostienen que tienen suficientes oficiales y camas para deportar a cerca de 400,000 personas por año, el récord establecido en 2012, al final del primer mandato de Obama. El año último, el gobierno deportó cerca de 235,000 personas, y los asesores de Trump creen que deshacer algunos de los límites que Obama estableció en su segundo mandato podría impulsar las deportaciones por encima de las 400,000 en 2017.

De todas maneras, a ese ritmo se requerirían cinco años para llegar a los dos millones de deportaciones, a menos que el Congreso proporcione dinero para contratar a miles de oficiales, cientos de jueces de inmigración y muchos más centros de detención.

Trump no dio un plazo para su objetivo, y algunos expertos sostienen que sus cifras parecen enormemente infladas. “No hay cerca de tres millones de criminales peligrosos entre la población indocumentada”, afirmó Frank Sherry, jefe de America’s Voice, un grupo de defensa de inmigración. “Sospechamos que se está preparando para implementar un régimen de deportación muy duro y radical, y que lo desplegará con el pretexto de que muchas personas son criminales cuando en realidad no lo son”.

Estudios realizados por científicos sociales han detectado que la tasa de encarcelamiento entre los inmigrantes es menor que la de la población general. Un estudio de 2015 sobre inmigración y datos demográficos del Migration Policy Institute, un grupo de expertos de Washington, concluyó que los 11 millones de inmigrantes ilegales en el país incluían cerca de 300,000 delincuentes condenados y otros 390,000 con delitos graves.

En apariencia, Trump obtuvo el estimado de dos millones de un documento preparado por la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) como parte de un pedido de fondos al Congreso en 2013. En él, ICE estimaba que había 1.9 millones de “extranjeros criminales” en el país. La cifra incluía a los residentes legales y a los titulares de visas válidas que habían sido acusados de delitos, poniendo su situación legal en peligro.

Ese mismo año, ICE reportó que se había ordenado la deportación de 870,000 personas pero que aún no se había procedido a ello. No está claro cuántos aún permanecen en el país. La suma de esas dos cifras podrían haber llevado a Trump a alcanzar su estimación de los tres millones.

Durante su entrevista en “60 Minutes”, Trump habló vagamente acerca de sus planes para los millones de inmigrantes ilegales en el país que no han cometido ningún delito. “Cuando la frontera esté asegurada, y cuando todo se normalice, veremos qué hacer con esta gente, quienes son fantásticas personas”, dijo Trump.

Ello sonó prometedor para Alfonso Aguilar, líder de Latino Partnership for Conservative Principles, un grupo de defensa. “Si él dice que son ‘fantásticas personas’ no parece que quiera deportarlas”, afirmó. Pero Aguilar señaló que, en agosto pasado, Trump presentó un plan de inmigración de diez puntos que le haría la vida difícil a cualquier inmigrante sin estatus legal con medidas como exigir que cada empleador utilice un sistema federal de verificación de inmigración para todas las contrataciones.

Trump también señaló que rechazaría las visas de turistas de países como China, Irán y Haití, que no reciben a delincuentes condenados que son deportados de los EE.UU.

Algunos grupos de defensa de línea más dura instaron al equipo de Trump a ir más allá y considerar la posibilidad de deportar a los migrantes que han cometido delitos menores.

Mark Krikorian, líder de Center for Immigration Studies, que busca bajar las tasas de inmigración, afirmó que el gobierno de Obama “se negó a deportar a un gran número de inmigrantes ilegales cuyas faltas no eran lo suficientemente graves como para justificar su expulsión”. “Para todos aquellos que hablan de lo radical que es esto, que se trata del fin del mundo y que ha vuelto Hitler, esto es sólo quitarse las esposas y hacer más de lo que ya hizo Obama, pero con un cambio de grado”, aseguró Krikorian, quien ha enviado propuestas de políticas al equipo de transición de Trump, pero no como un asesor formal.

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Traducción: Valeria Agis

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