Corte impide revelar lista de 300 agentes del Sheriff con antecedentes de violencia doméstica, robo, soborno y brutalidad

El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles recopiló los nombres de unos 300 agentes que tienen antecedentes de mala conducta -como violencia doméstica, robo, soborno y brutalidad-, que podrían dañar su credibilidad si atestiguan ante un tribunal.

Jim McDonnell, agente del Sheriff, busca enviar estos nombres a los fiscales, quienes podrán decidir si los agregan a una base de datos interna que rastrea a agentes en caso de que se necesite revelar información a los acusados en juicios penales.

Pero la iniciativa de McDonnell ha desencadenado una acalorada batalla que enfrenta los derechos de privacidad de los agentes contra los esfuerzos de transparencia por parte de las agencias policiales.

El gremio que representa a los agentes de rango se opone firmemente a proporcionar los nombres a la fiscalía y ha llevado al departamento a la corte. La Asociación de Agentes del Sheriff de Los Ángeles (ALADS, por sus siglas en inglés) argumenta que la divulgación violaría las leyes estatales que protegen los archivos personales de los agentes y atraería un escrutinio injusto a aquellos cuyos errores podrían haber ocurrido en un pasado lejano.

La semana pasada, un tribunal de apelaciones apoyó al sindicato y bloqueó temporalmente el envío de los nombres a la oficina del fiscal de distrito. La batalla legal es seguida de cerca por otras agencias de aplicación de la ley, entre ellas el LAPD, que considera si debe adoptar la misma práctica, afirmó el comandante Stuart Maislin, quien dirige el grupo de asuntos internos.

Los departamentos en cerca de una docena de condados, como San Francisco y Sacramento, regularmente envían a los fiscales los nombres de oficiales en problemas. Algunos, como agencias de San Luis Obispo, Santa Bárbara y Ventura, lo han hecho por más de una década.

El enfoque ha ganado recientemente elogios de la Corte Suprema del estado y captó nueva atención en un momento donde crece la demanda de la responsabilidad policial en todo el país.

En juego hay un tema fundamental para la justicia penal: la obligación de los fiscales de entregar pruebas que puedan ayudar a la defensa, incluida la información que podría socavar la credibilidad de un oficial.

Bajo la histórica sentencia del Tribunal Supremo de los EE.UU. de 1963 en el juicio Brady Vs. Maryland, los fiscales deben entregar evidencia exculpatoria a los acusados. No revelar tal evidencia podría resultar en condenas defectuosas.

Jerry Coleman, un abogado especial de distrito en el condado de San Francisco, quien enseña ética de la fiscalía en la escuela de leyes de la Universidad de San Francisco, señaló que los efectos de una falla de ese tipo pueden extenderse mucho más allá de la sala de audiencias. “Afectan no sólo nuestras relaciones con la policía, sino también con las víctimas; la integridad del sistema de justicia penal y el sentido de honestidad de la opinión pública en los procedimientos”, aseguró.

Pero averiguar si un oficial tiene antecedentes de acciones fraudulentas o mala conducta no es sencillo. California cuenta con algunas de las protecciones más estrictas de los registros de oficiales de policía del país. Las audiencias disciplinarias, los expedientes del personal y hasta los nombres de los oficiales acusados en investigaciones de asuntos internos son secretos. Los fiscales -y los abogados defensores- requieren una orden especial de la corte para acceder incluso a la información básica de archivo de un oficial. “Eso le da [a los oficiales] la sensación de que éstos son los secretos más privados”, afirmó Coleman.

El año pasado, los procuradores de Contra Costa solicitaron a la corte que desestime las condenas en 15 casos, después de descubrir que el Departamento de Policía de Pittsburg había retenido información sobre dos agentes acusados de escribir informes policiales que no revelaron el uso de la fuerza sobre los sospechosos.

La fiscalía del condado de Contra Costa, que durante mucho tiempo mantuvo un acuerdo informal con los departamentos policiales del área para notificar a los fiscales sobre oficiales problemáticos, intenta ahora formalizar por escrito esa política, precisó el fiscal de distrito Steven Bolen.

Se trata de determinar si incumbe a los departamentos avisar a los fiscales sobre los oficiales que tienen antecedentes de mala conducta, o si se supone que los fiscales deben averiguar esto por sí solos.

La fiscalía de distrito de Los Ángeles, que no tiene acceso a archivos de disciplina policial, se entera de posibles malas conductas por parte de fiscales que se quejan acerca de actos ilícitos, de agencias policiales cuando presentan casos criminales en los que los oficiales son sospechosos, y por las noticias, señaló Greg Risling, vocero de la oficina del fiscal del distrito, a través de un email. Risling se negó a comentar acerca de la lista del Sheriff.

Una abogada del gremio de agentes sostuvo que la fiscalía se negaría a aceptar los nombres de aquellos con antecedentes disciplinarios, y señaló una declaración presentada en el tribunal este mes por ALADS, en la cual Jason Lustig, el fiscal encargado de manejar la evidencia de mala conducta policial para la fiscalía de distrito, declaró que su oficina “declina activamente aceptar información del archivo personal de un oficial de policía si ésta es ofrecida por una agencia de aplicación de la ley sin el permiso expreso del oficial implicado”.

Lustig también remarcó que no hay ninguna política o práctica por la cual una agencia de aplicación de la ley local notifique a la fiscalía de una potencial mala conducta por parte de un oficial.

Pero el Sheriff asistente Todd Rogers cree que el departamento “tiene una clara obligación constitucional de revelar” a la fiscalía los nombres de los agentes con posibles problemas de credibilidad. “Esto es consistente con el compromiso de transparencia del Sheriff”, afirmó.

En 2015, señaló, la Corte Suprema del estado elogió a la policía de San Francisco por notificar a los fiscales locales sobre los oficiales con historiales problemáticos. Poco después, la oficina del procurador general notificó a la Patrulla de Carreteras de California (CHP) que hacerlo era legal.

En octubre, el Departamento del Sheriff envió cartas a unos 300 agentes para notificarles que sus archivos personales contenían evidencias de ‘comportamientos inmorales’. Las notas señalaban que tales actos podían ser aceptar sobornos o regalos, apropiarse indebidamente de pertenencias, manipular pruebas, mentir, falsificar registros, el uso irrazonable de la fuerza, el acoso discriminatorio y la violencia familiar.

El grupo representa cerca del 3% de los aproximadamente 9,100 agentes del departamento. En las notas se destaca que se incluiría únicamente a aquellos agentes declarados culpables en investigaciones de asuntos internos. La agencia enviaría los nombres de los individuos, no sus archivos personales completos.

Si bien no hay intención de dar a conocer públicamente los nombres, su presencia en una lista en poder de los fiscales significa que los agentes estarían un paso más cerca de que su conducta sea evaluada por un juez y que su trabajo policial sea cuestionado durante un procedimiento judicial.

En su acción legal, el gremio presentó una copia de una de las cartas, que también advertía que a los agentes se les podía otorgar otras responsabilidades laborales para limitar su responsabilidad. Las notas instaban a usar sus propias grabadoras de audio y video en sus interacciones con el público.

“Está claro que cualquiera que recibiera esa carta se sentiría preocupado”, afirmó Rogers. “Lo entendemos y seremos sensibles a eso”.

El departamento negó una solicitud de registros públicos enviada por The Times para acceder a copias de las cartas, citando -entre otras reglas- las leyes de confidencialidad de los oficiales.

Cerca de 15 empleados de nivel gerencial hasta el rango de teniente también recibieron las advertencias, según la Asociación de Oficiales Profesionales de Paz del Condado de L.A., que representa al personal de más alto nivel del departamento. Dicho sindicato presentó una queja de prácticas laborales injustas en nombre de sus miembros, informó el teniente Brian Moriguchi, presidente de la organización. La entidad no se ha unido a la demanda; sus miembros son representados por ALADS en el caso porque las malas conductas ocurrieron hace mucho tiempo, cuando todos trabajaban como agentes, resaltó Moriguchi.

El presidente de ALADS, el detective Ron Hernández, aseguró que enviar una lista con nombres a los fiscales sería un castigo injusto adicional, además de las sanciones de asuntos internos que los agentes ya experimentaron.

Hernández resaltó que incluir a los agentes en una única lista daría la impresión de que todos cometieron serios ilícitos, mientras que algunos de los actos fueron menores. “No intentamos esconder nada que haya ocurrido en el pasado. El hecho es que nadie quiere ser acusado injustamente. Si eso se aplica a todas las personas del mundo, debería aplicarse también a los agentes”, expresó.

Elizabeth Gibbons, abogada de ALADS, sostuvo que la información relevante en un archivo personal de un agente, si debe ser revisada por un juez, debería considerarse caso por caso. La letrada brindó un ejemplo: si se descubriera que un agente con una reputación perfecta mintió acerca de a qué hora llegó a trabajar una mañana, eso no debería descalificarlo para testificar años más adelante en una cuestión no vinculada, como una investigación por malversación de fondos, explicó. “No debemos cortarles la cabeza por el resto de sus vidas”.

El juez James Chalfant, de la Corte Suprema, dictaminó el mes pasado que el Departamento del Sheriff podría dar a la fiscalía de distrito los nombres de los oficiales problemáticos solo cuando hay un caso pendiente en el cual ese agente podría testificar. “Revelar el nombre de un agente junto con esa lista crearía un estigma negativo para esa persona”, escribió Chalfant en su fallo.

Pero ALADS impugnó la decisión y pidió una prohibición más estricta. El miércoles, un panel de dos jueces de la corte de apelaciones concedió la petición del sindicato de poner una suspensión temporal en cualquier divulgación de nombres, incluso en casos pendientes.

“No me sorprendería que este caso termine en la Corte Suprema de California”, afirmó el abogado del Departamento del Sheriff, Geoffrey Sheldon.

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Traducción: Valeria Agis