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‘Ciudades santuario’ ante un momento de verdad en medio de la guerra de Trump contra la inmigración

Un grupo de estudiantes marcha en el centro de Los Ángeles como parte de una protesta anti Trump, el 14 de noviembre de 2016. Los manifestantes exigieron a los políticos locales que declaren el condado de L.A. como ‘refugio’ (Brian van der Brug / Los Angeles Times)

Un grupo de estudiantes marcha en el centro de Los Ángeles como parte de una protesta anti Trump, el 14 de noviembre de 2016. Los manifestantes exigieron a los políticos locales que declaren el condado de L.A. como ‘refugio’ (Brian van der Brug / Los Angeles Times)

Decenas de comunidades en California y el país se han declarado durante la última década ‘ciudades santuario’, una designación potente a nivel político -aunque simbólica-, que busca expresar solidaridad y otorgar protección a los inmigrantes que se encuentran en la nación indocumentados.

Durante los años de Obama, convertirse en una ciudad santuario tuvo pocas consecuencias porque la Casa Blanca presionaba por la reforma migratoria, que incluía un camino a la ciudadanía para muchas personas en los EE.UU. sin la debida documentación.

Pero ante la promesa del presidente electo Donald Trump de deportar a millones de inmigrantes, es posible que el rol de las ciudades que son un refugio para los inmigrantes se vuelva más polémico y complicado.

Trump hizo de la inmigración ilegal un tema central de su campaña presidencial, cuando prometió construir un muro a lo largo de la frontera con México, deportar a personas que se encuentren en el país sin documentos y dejar sin efecto el alivio migratorio creado bajo el presidente Obama.

Durante la campaña, Trump afirmó que retendría fondos federales para castigar a las llamadas ciudades santuario, entre ellas Los Ángeles y Chicago, por sus políticas indulgentes contra la inmigración ilegal.

Tras la elección de Trump, los líderes de algunas ciudades prometen que continuarán con sus políticas. El jefe de policía de L.A., Charlie Beck, aseveró el lunes que el departamento no tiene planes de involucrarse en ninguna iniciativa de deportación por parte del gobierno federal, y que continuaría con su política que evita que los oficiales detengan a las personas únicamente con el fin de determinar su estatus migratorio.

Los alcaldes de Filadelfia y Chicago también reafirmaron sus políticas como ciudades refugio, y adelantaron que lucharán contra los intentos de represión por parte de la administración Trump. “Chicago será siempre una ciudad santuario”, aseveró el alcalde Rahm Emanuel este lunes, en una conferencia de prensa.

Las políticas de refugio son valoradas en las ciudades con grandes cantidades de latinos. Pero las protecciones que las ciudades garantizan a los inmigrantes ilegales varían ampliamente. No hay una definición clara de ‘ciudad santuario’, pero en general las ciudades que emplean esa denominación buscan ofrecer apoyo político o protecciones prácticas a quienes se encuentran allí indocumentados.

Para algunas ciudades, el movimiento ‘santuario’ consiste simplemente en alentar a las personas sin estatus legal a involucrarse más en el gobierno. Por ejemplo, Huntington Park nunca fue declarada ciudad refugio, pero nombró a dos personas sin estatus legal para una comisión de la ciudad, un movimiento que generó atención a nivel nacional.

Otras ciudades, tales como San Francisco, adoptan políticas de largo alcance, como tomar medidas para cortar los lazos con los funcionarios federales de inmigración y negarse a cooperar plenamente con ellos. San Francisco se declaró ciudad santuario en 1989, y sus autoridades fortalecieron su postura en 2013 con la ordenanza “Proceso debido para todos”. La ley declara que las autoridades locales no pueden detener inmigrantes para los funcionarios de inmigración si no tienen delitos violentos en sus antecedentes y no se enfrentan actualmente a cargos penales.

La ciudad ingresó en el debate nacional sobre la inmigración este verano, cuando Kathryn Steinle fue asesinada por el mexicano Juan Francisco López-Sánchez, en el barrio de Embarcadero. López-Sánchez había sido deportado cinco veces antes de dispararle a Steinle. Trump describió el asesinato como “un acto violento sin sentido y totalmente prevenible, cometido por un inmigrante ilegal”.

L.A. tampoco entrega a personas arrestadas por delitos menores a los agentes federales para su deportación, y no cumple las peticiones federales de detener a los reos que pudieran ser deportados luego de sus condenas. La acción sigue una decisión del tribunal federal de 2014, que determinó que un condado de Oregon era responsable por los daños después de retener a una reclusa después de su fecha de liberación para que pueda ser transferida al Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

En septiembre, un juez federal en Chicago ordenó a las autoridades de inmigración en Illinois y en cinco estados cercanos que dejen de pedir a las autoridades locales la detención de personas sospechosas de estar en el país ilegalmente, declarando que la práctica era inconstitucional. El caso está siendo revisado actualmente por un tribunal de apelaciones.

Los Ángeles es conocida por sus políticas favorables para con los inmigrantes, pero el alcalde Eric Garcetti señaló que evita usar la denominación ‘ciudad santuario’ alegando que está “mal definida”.

“Cooperamos todo el tiempo con funcionarios federales de inmigración cuando hay criminales que están en nuestro medio y necesitan ser deportados”, afirmó Garcetti la semana pasada, antes de una reunión con grupos de derechos de inmigrantes. “Dicho esto, somos una ciudad muy acogedora, donde nuestros oficiales y policías no van por allí pidiendo a la gente sus papeles”.

Más de un millón -de los 11 millones de inmigrantes estimados en el país sin estatus legal- viven en el condado de L.A., según el Instituto de Políticas de Migración.

La Oficina de Asuntos de Inmigrantes del alcalde ayuda tanto a personas que residen en el país legalmente como ilegalmente a acceder a servicios comunitarios y gubernamentales. La oficina también tiene talleres gratuitos para ayudar a los angelinos a solicitar el Programa de Acción Diferida para las Llegadas en la Niñez (DACA, por sus siglas en inglés), una acción ejecutiva que proporciona permiso de trabajo y evita la deportación a las personas que fueron traídas a los EE.UU. cuando eran niños y que permanecieron aquí ilegalmente.

Las bibliotecas municipales de L.A. poseen “Citizenship Corners” (espacios dedicados a la ciudadanía), donde se ofrece literatura sobre cómo convertirse en ciudadano.

Más de 400 jurisdicciones en todo el país poseen algún tipo de política de apoyo santuario. Cerca de una docena de ciudades de California poseen políticas formales de refugio, según Avideh Moussavian, abogada de políticas del National Immigration Law Center en Washington, D.C., que defiende los derechos de los inmigrantes. Ninguno de los 58 condados del país cumple con las solicitudes de detención de Inmigración y Aduanas de los EE.UU., afirmó.

Mientras Trump desarrolla sus políticas de inmigración, deberá primero decidir qué significa ser una ciudad santuario, expresó Louis DeSipio, profesor de ciencias políticas de UC Irvine. “¿Es sólo un nombre, una cuestión simbólica, o él piensa que las políticas específicas en San Francisco y otras ciudades van en contra de la ley federal?”, se preguntó. “¿Qué es lo que define a una ciudad santuario para él?”.

El castigo de Trump a las ciudades refugio probablemente encontraría algún apoyo en el futuro Congreso, controlado por los republicanos. Los demócratas en el Senado bloquearon el año pasado un proyecto de ley del senador David Vitter (R-La.) que hubiera dejado sin fondos para la policía y sin subvenciones para desarrollo comunitario a estados y ciudades que no retienen a inmigrantes ilegales para los agentes federales. También habría promulgado una pena de cinco a diez años de prisión mínima para una persona declarada culpable de un delito grave o de delitos relacionados con drogas que reingresen ilegalmente a los EE.UU.

El capitán Jeff Scroggin, vocero del Departamento del Sheriff del Condado de L.A., señaló que es demasiado pronto para decir cómo reaccionarán los agentes a cualquier cambio requerido por el gobierno de Trump. Esos cambios podrían estar vinculados con la financiación federal, advirtió.

Ira Mehlman, vocero de la Federación para la Reforma Inmigratoria de los EE.UU., un grupo con sede en Washington que se opone a la inmigración ilegal, señaló que le resulta difícil comprender por qué las ciudades abrazan la idea del ‘refugio’. “No creo que haya mucho apetito público para mantener a los criminales extranjeros en el país”, expresó.

Sin embargo, algunos activistas de derechos de inmigrantes piden ahora a las ‘ciudades santuario’ que hagan más por los ilegales, en respuesta a la elección de Trump. Tania Inlender, abogada de Public Counsel’s Immigrants’ Rights Project, señaló que las ciudades podrían intensificar la creación de sitios seguros, como escuelas, para proteger a los estudiantes de la amenaza de la deportación. También podrían informar a las comunidades acerca de sus derechos legales y financiar esfuerzos de naturalización, dijo.

Moussavian apuntó que en el pasado, algunas ciudades ganaron desafíos legales al defender sus políticas de refugio para inmigrantes, tales como no cumplir con las detenciones de ICE.

El lunes, más de 1,000 estudiantes caminaron hacia el Ayuntamiento de L.A. Los organizadores remarcaron que la protesta estaba dirigida a pedirle a los líderes locales que declaren a todo el condado de L.A. un santuario para los inmigrantes. Los manifestantes también exigieron que sus escuelas fueran declaradas como lugares seguros ante la amenaza de deportación.

Si desea leer la nota en inglés, haga clic aquí.

Traducción: Valeria Agis


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