California busca revocar licencia de médico que se opone a la vacunación infantil

El doctor Robert Sears es una de las principales voces en el mundo antivacunación; un héroe para los padres sospechosos de todas esas vacunas infantiles que los funcionarios de salud pública defienden como cruciales para prevenir brotes de enfermedades.

Por ello, cuando la Junta Médica de California anunció la semana pasada que revocaría la licencia de este pediatra del condado de Orange, inmediatamente estableció el escenario para una nueva batalla en la larga lucha sobre si se debe o no vacunar a los niños en edad escolar.

Lo importante del asunto es si Sears empleó buenas prácticas médicas cuando escribió una nota para un niño de dos años de edad, en la cual estableció que el pequeño “no debía recibir más vacunas de rutina durante su infancia”.

En su acusación, de seis páginas de extensión, el cuerpo médico sostiene que Sears llegó a esa conclusión sin obtener información médica básica, como la historia detallada de las vacunas que el pequeño había recibido anteriormente y cualquier reacción posible a ellas, antes de recomendar a sus padres que descarten futuras inmunizaciones.

Los defensores de la vacunación consideran que la acción de la Junta Médica es esencial para reforzar una nueva ley de California que prohibe que los padres elijan la exclusión voluntaria de las inoculaciones o vacunas si quieren enviar a sus niños a la escuela, a menos que tengan una nota de un médico. Cuando la ley entró en vigor, este año, para los pequeños que ingresan a la guardería, al jardín de infantes y a séptimo grado, aparecieron varios sitios web donde se enseña a los padres a solicitar una exención médica y se listan los nombres de varios profesionales que pueden estar abiertos a redactarlas.

Para Dorit Reiss, profesora de derecho de UC Hastings, el significado detrás del caso de Sears es claro: “No vamos a quedarnos cruzados de brazos ni a dejar que existan estas excepciones injustificadas, que evitan que los niños estén protegidos contra las enfermedades”, dijo.

Pero los escépticos de las vacunas, tanto en California como a nivel nacional, expresaron su alarma por la acción contra Sears, temiendo que marque el comienzo de una caza de brujas contra los médicos y otras personas que se opongan al plan de vacunación del estado. “Están usando al Dr. Sears como ejemplo; un tiro por elevación a todos los médicos”, señaló Rebecca Estepp, parte de un grupo de defensa que se opuso a la nueva ley de vacunación.

Un grupo, llamado Oregonians for Medical Freedom, pidió que la Junta Médica abandone el caso contra Sears y “respete la santidad de la relación médico-paciente”, además de declarar a este lunes como “el Día de Apoyo al Dr. Sears”.

El Dr. Jay Gordon, un pediatra de Santa Mónica que también se opone a las leyes estrictas de vacunación, definió la acción de la junta como un ataque a la posibilidad de los médicos de juzgar si un paciente debe estar exento de una vacuna. Gordon expresó que conoce a Sears hace años y lo calificó como “un médico dedicado seriamente a la salud y el bienestar de los niños”. También sostuvo que aunque el estado halló fallas en ciertas notas de Sears que se consideraron incompletas, muchos médicos emplean una redacción similar. “Sé que algunas personas podrían desafiar mis exenciones médicas, pero cumplo al pie de la letra con la ley y su espíritu, y estoy muy molesto por todo esto”, aseguró Gordon. “Por lo que sé, soy el siguiente profesional al que intentan perseguir”.

Sears, autor de “The Vaccine Book: Making the Right Decision for Your Child” (“El libro de las vacunas: cómo tomar la decisión adecuada para su hijo”), un best-seller que ofrece asesoramiento a los padres que se oponen a la inmunización, prefirió no hacer comentarios.

La nueva ley que fortalece los requerimientos de vacunación surgió después de un brote de sarampión que tuvo lugar en diciembre de 2014 en Disneyland, y que enfermó a más de 100 niños y adultos en California, otros siete estados y dos países. El brote fue el más fuerte en California desde 1991 y, según los expertos, cobró fuerza por el número de padres que se niegan a vacunar a sus hijos.

El sarampión también estalló en el condado de Orange en la primavera de 2014, donde infectó a 22 personas. En 2008, un niño no inmunizado de siete años de edad provocó un brote de sarampión en San Diego al regresar infectado de un viaje familiar a Suiza. El pequeño propagó la enfermedad a los niños de su escuela y en el consultorio médico.

Los datos estatales muestran que los niveles de vacunación contra dicha enfermedad entre alumnos de jardín de infantes cayó lo suficiente en los últimos años como para permitir estos brotes generalizados. L.A. Times halló que muchas escuelas con altos niveles de exenciones de vacunas se encuentran en zonas de altos ingresos, como el sur del condado de Orange y el lado oeste de Los Ángeles.

La ley estatal aprobada en 2015 intentó poner fin a la opción que permitía a los padres citar creencias personales como razón para evitar las vacunas requeridas por el estado para que los niños ingresen a la escuela. Sears ha sido un fuerte opositor a esta normativa, y aumentó las preocupaciones sobre la seguridad de la inmunización. Expertos en salud pública sostienen que los temores se basan en un informe que vincula las vacunas con el autismo, que ha sido desacreditado y tildado como un fraude puesto que sus datos son inventados. Los funcionarios sostienen que el calendario de vacunación infantil del país es seguro y clave para la salud pública.

El Dr. Richard Pan, un pediatra y senador estatal que patrocinó la ley, sostuvo que el caso de Sears alude a una posible negligencia, y no a la exención provista por él. “Finalmente, lo que necesita probar es que demostró el debido cuidado”, afirmó, “y que actuó según los mejores intereses del paciente”.

Si un médico considera que su paciente realmente resultó perjudicado por una vacuna y sufrió problemas como fallas renales o inflamación del cerebro, tal como dice la nota de Sears, debe contar con documentación de apoyo que muestre los cuidados y seguimientos de un especialista ante esas situaciones, precisó L.J Tan, funcionario del grupo Immunization Action Coalition, quien ha asesorado anteriormente al gobierno federal acerca de las políticas de vacunación. “Hay que asegurarse de que cuando se deriva a un paciente a un neurólogo, todos los detalles de su caso estén en el registro médico”, afirmó Tan.

Cassandra Hockenson, vocera de la Junta Médica, declinó dar más detalles sobre el caso relacionado con Sears, pero dijo que la agencia comenzó a investigar a raíz de una queja. “La misión de la Junta Médica de California es proteger al paciente y asegurar que haya un cuidado médico debido, conforme las normas”, expresó.

Los expertos sostienen que hay muchas razones legítimas para que un paciente sea eximido de una vacuna, entre ellas la alergia al látex o a la gelatina. Pero estas exenciones médicas legítimas están respaldadas con pruebas, remarcaron.

Dos de los principales especialistas del país en enfermedades infecciosas pediátricas sostienen que no pueden pensar en ninguna razón válida para que un niño de dos años de edad sea eximido de toda las vacunas por el resto de su infancia. “No tiene ningún sentido”, afirmó el Dr. James Cherry, profesor de investigación de UCLA y editor principal del Libro de Enfermedades Pediátricas Infecciosas. Aún los niños que son pacientes de cáncer pueden recibir ciertas inmunizaciones de forma segura, aclaró.

“Todas las vacunas están hechas de forma diferente. Todas se basan en principios biológicos distintos”, afirmó el Dr. Paul Offit, experto en enfermedades infecciosas del Children’s Hospital of Philadelphia. “No puedo entender cómo un médico concluye que una persona no debe recibir ninguna” por el resto de su infancia.

Para Offit, un paso más lógico sería probar qué causa la reacción en una vacuna, y averiguar luego qué otra inmunización podría administrarse con seguridad al niño.

Sears se enfrenta ahora a una conferencia de conciliación, donde el médico puede aceptar las medidas disciplinarias negociadas con la Junta Médica. Si no se llega a un acuerdo, podría entonces llegar a una audiencia ante un juez administrativo que recomendaría una decisión, como la revocación o suspensión de su licencia, o sugeriría un castigo menor, como la libertad condicional o una amonestación. El juez podría también desestimar el caso.

La recomendación del magistrado sería enviada a los 15 miembros de la Junta Médica, cuyos miembros son designados por el gobernador Jerry Brown y los líderes legislativos. La Junta tomaría la decisión final.

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Traducción: Valeria Agis