Buscan evitar que la policía ayude a los agentes federales contra los negocios legales de marihuana en California
Agentes federales y oficiales de policía de Los Ángeles allanan un dispensario de marihuana medicinal en Culver City, llamado Orgánica Collective, en 2010 (Ricardo DeAratanha / Los Angeles Times).
Frente a los indicios de que las autoridades federales podrían tomar medidas enérgicas contra los comerciantes de marihuana autorizados por el estado, un grupo de legisladores de California intenta bloquear la ayuda de la policía local y los departamentos del sheriff para tales investigaciones y arrestos, a menos que éstos se vean obligados por una orden judicial.
El proyecto de ley, creado por seis legisladores demócratas, ha levantado fuertes objeciones de las autoridades del orden público, quienes sostienen que éste les ata indebidamente las manos y les impide cooperar con los agentes federales antidrogas. “Es bastante ofensivo”, afirmó Donny Youngblood, sheriff del condado de Kern y presidente de la Asociación Estatal de Sheriffs de California. Para él, los legisladores están buscando “dirigir la policía y la forma en que trabajamos”.
Pero los defensores de la medida sostienen que ésta es necesaria para asegurar que los productores y comerciantes de marihuana que solicitan licencia estatal no sean más vulnerables a arrestos y a procesamientos bajo la ley federal, que designa el cannabis como una droga ilegal. “Prohibir que nuestras agencias del orden, tanto locales como estatales, apliquen recursos para colaborar con la intrusión federal a la actividad del cannabis regulada por California refuerza la voluntad de nuestros votantes, quienes abrumadoramente apoyaron la Proposición 64”, resaltó el asambleísta Reggie Jones-Sawyer (D-Los Ángeles), autor principal del nuevo proyecto de ley.
El acto de resistencia es similar a la legislación que impediría que las agencias del orden de California cooperen con los funcionarios federales para la deportación de personas indocumentadas. El proyecto de ley del Senado, conocido como Ley 54, abordaría esa preocupación y convertiría a California en un ‘estado santuario’ para los inmigrantes; en tanto, la legislación de Jones-Sawyer convertiría al estado, de modo similar, en un ‘santuario’ para la industria de la marihuana.
Los problemas de la inmigración y la marihuana han cobrado una nueva dimensión con el gobierno del presidente Trump; según los funcionarios estatales, la nueva administración se está apartando de las políticas del expresidente Obama, quien tenía un enfoque más directo en ambas cuestiones.
El fiscal general de los EE.UU., Jeff Sessions, ha afirmado públicamente que la marihuana es un peligro para la sociedad. El mes pasado, el secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, causó un revuelo al comentar: “Creo que verán una mayor aplicación” de las leyes contra la venta y el uso de la marihuana recreativa.
En noviembre pasado, los votantes de California aprobaron la Proposición 64, que legalizó el cultivo y la venta de esta sustancia para uso recreativo. Las agencias estatales planean comenzar a emitir licencias a principios del año entrante.
La nueva legislación prohibiría a las agencias locales y estatales -a menos que exista una orden judicial que así lo demande- utilizar fondos, instalaciones o personal para asistir a funcionarios federales en la “investigación, detención, información o arresto” de cualquier persona por acciones autorizadas por la ley estatal. Las autoridades californianas tampoco podrían responder las solicitudes de las agencias federales de información personal acerca de los comercializadores con licencia del estado.
La medida ha enfurecido a algunos funcionarios locales del orden -entre ellos Youngblood, quien la ve como una intromisión indebida en las decisiones del orden, de la misma manera en que los legisladores están haciendo con las leyes de inmigración. “Es ridículo que esto le parezca una ‘solución’ a alguien”, afirmó.
El sheriff afirmó que su agencia trabaja frecuentemente con agentes federales de drogas en grupos de tareas que apuntan a los cultivos ilegales de marihuana en áreas boscosas del condado. Explicó también que no quiere que se le impida trabajar con las autoridades federales, incluso si el estado concede licencias a las granjas de cultivo. “[Cultivar y vender marihuana] sigue siendo un delito federal, y estamos en los Estados Unidos de América; el estado de California no puede imponerse sobre el país”, expresó Youngblood, quien predijo que “en algún punto, el gobierno federal intervendrá y dirá que no se puede hacer eso”.
La legislación ha obtenido apoyo inicial de los líderes de la industria de la marihuana, entre ellos Hezekiah Allen, director ejecutivo de la Asociación de Productores de California. “La elección del Sr. Trump como presidente, y la subsecuente confirmación del Sr. Sessions como fiscal general fueron percibidas por muchos de nuestros miembros como un mayor riesgo para hacer negocios”, remarcó Allen.
“Las empresas deberán confiar en que el estado las protegerá del gobierno federal”. El protocolo y las leyes actuales obligan a la policía local a cooperar con los agentes antidrogas federales, afirmó Allen. “Y es muy difícil para los agentes ingresar en un condado rural, derribar un montón de puertas y arrestar a mucha gente sin que el sheriff local sea parte del operativo. En realidad, es peligroso. Se trata de darles la legitimidad para que no participen activamente”.
El asambleísta Rob Bonta (D-Oakland), coautor de la medida, señaló que el proyecto de ley es necesario ante la amenaza de que el gobierno de Trump pueda retener fondos federales de estados que no cooperan con las autoridades federales, aunque hasta ahora dicha advertencia está limitada al control de la inmigración.
“Como esta administración ha amenazado con quitarle fondos a California, no deberíamos gastar los escasos recursos restantes para asistir al gobierno federal en formas que van en contra de los claros deseos de nuestros votantes”, aseveró Bonta, quien agregó que la medida, la Ley de la Asamblea 1578, “tranquilizará a los operadores responsables” y los cerciorará de que el estado no los entregará a las autoridades federales.
El asambleísta también señaló que es importante que la ley proteja la información personal de los titulares de licencias, para que estén dispuestos a compartirla con los reguladores estatales. “California se compromete a no compartir información de los autorizados con el gobierno federal y, por lo tanto, a defender la voluntad de los votantes en la creación de un mercado seguro para uso medicinal y de adultos”, expresó Bonta.
La actual política de la Oficina Estatal de Regulación del Cannabis Medicinal sería tratar cualquier solicitud de información personal como un pedido formal, bajo la Ley de Registros Públicos de California. La agencia “determinará, basándose en la información solicitada, lo que se requiera divulgar y qué está exento de ello bajo la ley”, confirmó Alex Traverso, vocero de la oficina.
Allen espera que California siga el ejemplo de estados como Colorado, que hace público en un sitio web los nombres de los negocios y las direcciones de aquellos a quienes se les conceden licencias para el cultivo y venta de marihuana. La web lista a los productores y vendedores por el nombre de sus corporaciones de responsabilidad limitada, y no menciona quiénes son sus socios e inversionistas individuales.
Allen resaltó que los abogados de la industria le han aconsejado que se haga pública alguna información básica acerca de los titulares de licencias. La disposición del proyecto de ley acerca de la información personal “es buena y bien intencionada”, afirmó Allen, “pero no confiamos en el anonimato en nuestro camino hacia adelante”.
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Traducción: Valeria Agis
