Años después de los escándalos de abuso sexual, todavía hay retos por resolver en el LAUSD

Años después de una serie de abusos de alto perfil, el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) todavía tiene problemas para resolver las acusaciones de mala conducta por parte de algunos profesores y para mantener bajos los costos relacionados con el tema, según reveló una auditoría estatal.

El año pasado, el distrito pagó $12.6 millones en salarios a los profesores que habían sido retirados de sus aulas, y al menos otros $3.3 millones para los maestros sustitutos, según detectó la auditoría. Aunque la cantidad es substancial, ambas cifras fueron mejores que en los últimos años.

Los funcionarios del distrito afirmaron que utilizarían la auditoría para hacer mejoras, pero insistieron en que ya habían progresado al alcanzar un buen equilibrio al concretar investigaciones exhaustivas y resultados más rápidos.

En la mayoría de las situaciones, los profesores deben recibir su paga completa mientras se realiza la investigación, por lo cual el costo de pagar a los docentes inactivos se relaciona directamente con la duración de las investigaciones. En general, el LAUSD fue rápido para sacar del salón de clases a profesores una vez determinado lo veraz de las acusaciones, pero en aproximadamente la mitad de los casos revisados por los auditores luego falló en cumplir con los plazos internos para dar seguimiento, en varias etapas del proceso de revisión. Estas demoras se produjeron a pesar del trabajo de un equipo de investigaciones especiales establecido después de una crítica auditoría anterior por parte del estado.

A los maestros que son retirados del salón de clase se les denomina “reasignados” y, por lo general, deben pasar en casa la jornada escolar mientras están bajo sospecha.

“Los largos tiempos de investigación a veces contribuyen a gastos substanciales... así como el estigma que los profesores formalmente reasignados pueden experimentar”, escribieron los auditores, quienes también sugirieron que el distrito no le dio prioridad suficiente a la mejora de su sistema interno.

“El LAUSD no cuenta con procesos efectivos para evitar demoras innecesarias”, afirma el informe.

En varios casos abiertos durante largo tiempo, los auditores identificaron los errores o la ineficacia del distrito como las principales causas del problema. Y la auditoría señaló que la duración de tiempo necesario para resolver los casos casi se ha duplicado, de 236 a 420 días, durante los últimos cinco años. Se halló un caso sin resolver desde 2008.

A partir del año escolar 2011-2012 hasta junio de 2016, en total, el distrito ha retirado a 635 maestros de las aulas, el número más alto de docentes aislados se sucedió después del retiro, en enero de 2012, de Mark Berndt, de Miramonte Elementary School, quien más tarde fue declarado culpable de conducta lasciva con casi dos docenas de estudiantes.

El distrito continúa aumentando la dotación de personal para su equipo de investigaciones, que actualmente cuesta alrededor de $2.47 millones por año. También ha comenzado a enviar algunos casos a investigadores externos. Lo que menos hace es depender de los directores para llevar a cabo investigaciones iniciales: el sindicato de maestros había cuestionado la objetividad de los directores, y al distrito le preocupaba la reunión consistente y profesional de pruebas.

“Queremos hacer estas cosas tan rápidamente como sea posible, pero no a costa de la calidad o de la seguridad de los estudiantes”, aseveró el consejero general David Holmquist. “Cuando se trata de la seguridad de los niños y de los derechos de estos maestros, queremos hacer todo bien, sin importar lo que demoremos”.

Las denuncias incluso por asuntos menores pueden resultar en una especie de limbo durante largo tiempo para los instructores.

El plazo promedio que se tardó para resolver una denuncia sobre un profesor que hizo uso de “lenguaje inapropiado” fue de 578 días, y hasta hubo un caso que se prolongó por más de cuatro años, descubrieron los auditores. El tiempo promedio para resolver un caso de abuso sexual, situación de alta prioridad para los investigadores internos, fue de 13 meses.

El distrito desafió algunos de los números presentados por los auditores. El tiempo promedio para la investigación podría parecer más alto porque el distrito concluyó recientemente algunos casos particularmente largos, estimó Holmquist. A algunos de los maestros involucrados no se los quiso carear con los estudiantes, incluso si eso significaba seguir pagándole al docente por un período prolongado. En general, insistió Holmquist, los nuevos casos se están manejando más rápidamente.

Pero los críticos del distrito consideran que la auditoría tiene razón. “El LAUSD no puede siquiera realizar las funciones básicas de supervisión de sus profesores de manera competente”, dijo el abogado John Manly, que ha representado a víctimas de abuso por parte de profesores en Miramonte y en otras escuelas.

Alex Caputo-Pearl, presidente del sindicato de maestros, reconoció el mérito del distrito y del gremio por trabajar juntos para reducir a casi un tercio el número de profesores en el limbo. También señaló que el distrito y sus docentes aún sufren los efectos secundarios de la reacción exagerada a raíz de la detención de Berndt.

“Nosotros reconocemos y apoyamos la responsabilidad del distrito de investigar la mala conducta, pero este proceso fue un abuso... Creó un ambiente de miedo que no ha ayudado a los niños y que le tomará años al LAUSD para recuperarse”, afirmó Caputo-Pearl.

La exposición que tuvo la detención de Berndt produjo una inmediata oleada de denuncias contra profesores. Ese año, el distrito removió a 178 docentes, 67 de ellos por supuesta mala conducta sexual. Al año siguiente, las cifras fueron de 195 y 39 respectivamente. Después cayeron profundamente, antes de elevarse de nuevo el año pasado, cuando 37 maestros fueron investigados por mala conducta sexual y 90 fueron aislados de las aulas.

La auditoría examinó detalladamente 18 casos y encontró costos desde $7,000 hasta casi $315,000 en pagos a maestros que fueron retirados de su función. Los gastos no incluían los costos de investigación, enjuiciamiento o, en algunos casos, la compensación a las víctimas.

La reportera Anna Phillips contribuyó con este reporte.

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Traducción: Diana Cervantes