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Ven impunidad en indagatorias contra Ejército

La efectividad de la Procuraduría General de la República (PGR) al investigar a militares es casi nula.  
(agencia reforma)

La efectividad de la Procuraduría General de la República (PGR) al investigar a militares es casi nula.

 En un informe liberado este martes, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) señala que entre 2012 y 2016, la PGR inició 505 investigaciones contra soldados por delitos y violaciones a derechos humanos cometidos contra civiles.

 En tanto, en el mismo periodo, WOLA solo pudo identificar 16 sentencias condenatorias para esos mismos casos en el sistema de justicia civil.

 "Quiere decir que en cuatro años, la PGR sólo tuvo Éxito en 3.2 por ciento de sus investigaciones y que aún queda mucho por hacer para que las víctimas puedan ejercer sus derechos a la verdad y justicia”, plantea el documento.

 Titulado “Justicia Olvidada. La impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados en México”, el informe critica las discrepancias en cuanto a las cifras oficiales.

 Mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reportó que envió mil 835 casos a la PGR por no tener competencia para investigarlos, la Procuraduría solo tiene registro de 84.

 "Por su parte, el PJF (Poder Judicial de la Federación) afirma que entre 2012 y 2016 recibió de la Sedena 829 casos en que las autoridades militares se declararon incompetentes, pero los jueces civiles sólo aceptaron 314 de esos casos”, abunda WOLA.

 Pese a ello, la organización estadounidense estableció que 505 investigaciones civiles contra militares, la gran mayoría, 268, fueron por tortura; 121 por abuso de autoridad; 37 por desaparición forzada; 31 por violencia sexual, y 17 por homicidio, mientras que el resto abarca extorsión, privación ilegal de la libertad, robo y allanamiento de morada.

  En tanto, de las sentencias condenatorias que WOLA encontró, 7 fueron por encubrimiento de violaciones a derechos humanos y destrucción de cadáver; 3 por desaparición forzada, 3 por homicidio, 2 por lesiones y allanamiento, y una por violación.

 El informe identifica al menos tres acciones militares que impiden las indagatorias civiles: el inicio de investigaciones militares paralelas, la dificultad para que los soldados declaren como acusados o testigos en el sistema de justicia civil, y que Éstos alteran escenas del crimen o declaran falsamente.

 Como ejemplo, la organización menciona tres investigaciones en el fuero civil que enfrentan obstáculos: la desaparición de siete jornaleros en Calera, Zacatecas; la ejecución de un huachicolero que ya estaba sometido en Palmarito, Puebla, y el caso Tlatlaya.

En este ˙último, por ejemplo, además de que los soldados alteraron la escena de los hechos, una víctima tuvo que interponer un amparo para conocer el expediente que se tenía en el fuero militar, el cual contenía información que no había sido compartida.

 La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos critica también que las investigaciones civiles no profundicen en la cadena de mando para investigar a superiores jerárquicos.

 Al respecto, solo encontró un caso en que se condenó a un teniente coronel en Chihuahua por desaparición forzada y otro en que se condenó a un subteniente de infantería por el mismo delito pero en Nuevo León.


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