Pega a transportistas el narco en Guerrero
El crimen organizado ya tiene una nueva víctima en Guerrero: los choferes de transporte público.
El modus operandi es sencillo y brutal: hombres armados en dos o tres camionetas recorren la carretera Chilpancingo-Chilapa o se colocan en cruceros estratégicos.
Desde ahí ubican al transporte público, les cierran el paso, amagan al chofer, lo bajan y los ejecuta frente a los pasajeros.
Fuentes policiacas revelaron que el transporte público es usado para sacar la goma de opio que se recolecta en la región de la montaña de Guerrero, lo que ha generado que los grupos del narcotráfico que se disputan el territorio arremetan contra los conductores y sus vehículos.
Tan sólo en lo que va de este año, diez transportistas han sido ejecutados bajo ese modus operandi en esa carretera, que también conecta con Tlapa, considerada la puerta de entrada a la montaña de Guerrero, una de la zonas más prolíficas en producción de amapola y goma de opio.
La situación es tan grave que los transportistas suspendieron el servicio de pasajero. Ahora, algunos taxis colectivos hacen los viajes pero subieron el pasaje de 65 a 90 pesos por persona.
El martes pasado fue incendiado un autobús en el libramiento Chilpancingo-Tixtla, y desde hace dos semanas no hay corridas en la ruta Chilapa-Chilpancingo.
En Chilapa, quienes se disputan el control de la comercialización de la goma de opio son Los Ardillos y Los Rojos.
Habitantes de la región explican, bajo anonimato, que en la zona alta de la montaña los pobladores pueden cultivar mariguana o amapola, de la que se extrae la goma de opio para producir heroína, y venderla a cualquiera de los grupos criminales sin problema.
Negocio empresarial
En entrevista, Manuel Olivares, director del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”, señaló que el narcotráfico se convirtió ya en una actividad empresarial en Guerrero.
“El control del territorio, en términos ya empresariales, tiene ventajas muy grandes, el territorio implica rutas de trasiego, ·reas de producción, centros de consumo y mano de obra barata”, comentó.
“Chilapa es un punto neurálgico que tiene varias salidas, al norte tenemos Zitlala, y si seguimos por esa ruta vamos llegar a Copalillo y de ahí se puede ir a Puebla o a la Ciudad de México, también se puede salir de aquí a Tlapa, a Chilpancingo, y de ahí a Acapulco”.
Esta violencia, además de los homicidios, ha generado desaparición de personas y desplazamientos forzados de comunidades enteras.
“Hay una especie de reclutamiento forzoso, cuando la delincuencia organizada se entera de que en algún hogar hay muchachos de 13, 14, 15 o 16 años, pues llegan y se los llevan”, narra Olivares.
“A veces lo solicitan a sus papás, les dicen: ‘saben qué, pues queremos que nos des a tu hijo o tu hija’, bueno pues al otro día la familia no aparece (se van), principalmente (ocurre) en comunidades”.
Así, por ejemplo, alrededor de 500 habitantes de la comunidad de Ahuihuiyuco dejaron su poblado entre el 7 y 9 de junio pasado, bajo la supuesta amenaza de grupos criminales de que si no se iban serían asesinados.
Actualmente la entrada del pueblo es resguardada por militares y según pobladores alrededor de 200 personas ya han regresado, aunque son visibles varias casas vacas.
[[¡’A lo mejor lo tienen así como esclavo’!]]
María García cree que su esposo Victorio Morales Naranjas esta· esclavizado por el crimen organizado, aunque a veces imagina que ya esta· muerto.
La ˙última vez que habló con él, fue el 12 de agosto de 2014, cuando después de vender su cosecha en la ciudad de Chilapa sujetos armados se lo llevaron en una camioneta.
Ella recuerda que una familiar le avisó y salió de su casa para asomare. Como vive en una loma asegura que vio la camioneta.
“Ahí lo llevaban, y ya pues, qué vamos a hacer, la gente viene armada y nosotros así, a ver cómo lo vamos a defender”, comenta con lágrimas en los ojos.
Diez meses después lo volvió a ver a lo lejos, cuando el 9 de mayo de 2015 sujetos armados que se identificaron como autodefensas ingresaron a la cabecera municipal de Chilapa, colocaron retenes, sometieron a policías municipales y retuvieron a pobladores.
“Vinieron muchos de diferentes pueblos, y a mi marido ahí lo vi, ahí venía, ahí lo traían, pues”, comentó María García.
“A veces pienso que vive, o ya no vive, digo: a lo mejor lo tienen así como esclavo, trabajando, lo andan trayendo, a lo mejor ya lo mataron ahí”.
Al inicio María García no puso ninguna denuncia, sino hasta agosto de 2015, cuando personal de la Procuraduría General de la República (PGR) fue a Chilapa para facilitar las denuncias.
Según la información que ha recolectado el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”, algunas personas que fueron llevadas contra su voluntad han logrado contactar a sus familiares a quienes expresan que no pueden escapar porque existe la amenaza de que el grupo criminal asesinar· a toda la familia.
