Le caen a empresario mexicano, EEUU lo condena por pagos a campañas
Un juez federal de San Diego condenó a tres años de cárcel al empresario mexicano José Susumo Azano, principal proveedor tecnológico de la Sedena en el sexenio pasado, por contribuir ilegalmente a campañas electorales en Estados Unidos.
El juez Michael M. Anello impuso el pasado viernes 36 meses en una cárcel federal a Azano Matsura, quien fue declarado culpable por un jurado en septiembre de 2016 por los delitos de conspiración contra los Estados Unidos, contribuciones electorales por un ciudadano extranjero y actos para ocultar contribuciones a campañas electorales.
Azano, de 52 años de edad, también tendrá· que pagar una multa de 561 mil dólares, y está· pendiente que se le dicte sentencia por un cargo adicional de posesión ilegal de una pistola Sig Sauer 225.
En la administración de Felipe Calderón, Azano vendió a la Sedena equipos de escucha telefónica y geolocalización, así como de intrusión y extracción de datos de smartphones y computadoras, mediante contratos valuados en más de cinco mil millones de pesos, adjudicados directamente a su empresa: Security Tracking Devices.
En el sexenio en curso, la implementación de los servicios tuvo problemas, y en meses recientes, Security Tracking ha promovido varios amparos en los que impugna la pretensión de la Sedena de ejecutar las fianzas que garantizaban los contratos.
Dos de estos contratos, firmados en marzo de 2012 para comprar la Segunda y Tercera Fase del Sistema de Inteligencia Regional para Incrementar las Capacidades de la Sección Segunda del Estado Mayor, sumaron 2 mil millones de pesos.
Lo anterior implica que las fianzas tendrían que haber garantizado, al menos, 200 millones de pesos.
Propietario de dos residencias en la isla de Coronado, justo frente al centro de San Diego, Azano nunca ha sido residente permanente ni ciudadano estadounidense.
Sin embargo, entre 2012 y 2013 realizó toda clase de maniobras para aportar, por lo menos, 600 mil dólares a las campaos de tres aspirantes a la Alcaldía de la ciudad y uno a una diputación federal.
Según la fiscalía, Azano se asoció con un vendedor de autos de lujo, un policía retirado, un cabildero político y un profesional de la mercadotecnia electoral para ocultar el origen de las contribuciones, algunas de las cuales no fueron reportadas a las autoridades.
El proceso contra Azano inició en 2014 y el empresario se mantuvo libre con una fianza de 5 millones de dólares, que fue garantizada con uno de sus inmuebles, amén de que estaba sujeto a monitoreo electrónico y no podía salir del ciertas áreas del sur de California.
Sin embargo, a estas alturas, el Buró Federal de Prisiones ya tiene registrado a Azano como interno en el Centro Correccional Metropolitano de San Diego.
