Liberan bajo fianza a guatemalteco que enfrenta una posible deportación para mantener a la familia unida

La jueza federal de inmigración Valerie Burch se sentía desgarrada. Era evidente en cómo fruncía la boca, la forma en que preguntaba, cómo suspiraba. El caso que tenía ante ella no era sencillo.

El acusado era Maguiber Ramos, un hombre indocumentado oriundo de Guatemala, de 27 años de edad, padre de tres niños estadounidenses y con un cuarto en camino. Su hijo mayor, Kevin (9) sufre de parálisis cerebral.

Ramos había sido arrestado arrestado en febrero por agentes de inmigración, que llamaron a su puerta haciéndose pasar por policías que investigaban un accidente. Sus abogados creen que éstos fueron alertados por agentes del sheriff después de que él completara una semana de tareas comunitarias como parte de una condena por conducción imprudente.

Ramos, quien tiene una deportación anterior en su registro, ha estado en la cárcel durante seis meses; ése es el tiempo que le tomó conseguir una audiencia. El jueves pasado se ‘presentó’ en la corte a través de un gran monitor, directamente desde la prisión del condado de Contra Costa, al otro lado de la bahía, en Richmond.

Desde su punto de vista, Ramos sólo podía ver a la magistrada, a su abogada y al fiscal. Pero todo el mundo en la sala de audiencias, incluyendo su familia, podía verlo a él; un joven apuesto, con el cabello oscuro y bien peinado, enfundado en el traje verde brillante típico de la cárcel.

La pregunta para la jueza era ¿debía permitirse a Ramos vivir en su casa y apoyar a su familia mientras se espera su audiencia de deportación, o es demasiado peligroso para liberarlo? Si dejarlo libre era seguro, ¿qué cantidad de dinero -o fianza- sería suficiente para asegurar su regreso a los tribunales?

A comienzos de este mes, escribí con simpatía acerca del caso de Ramos. No creo que nuestro país se beneficie por deportarlo o mantenerlo en prisión. Escuché a muchos lectores enojados; hubo cosas muy desagradables y racistas. Pero también escuché a gente muy reflexiva y dolida, perturbada por la historia de esta familia. Ramos no debería tener derecho a quedarse, escribieron algunos. Debe ser deportado; ha violado la ley y sigue teniendo hijos -a los que el estado ayuda-.

Entiendo por qué se sienten de esa forma. Sin embargo, se trata de un hombre que cuida de una familia haciendo mantenimiento en un hotel. Su jefe le prometió que podría volver al trabajo, testificó. Para complementar sus ingresos, limpia restaurantes por las noches. Desde que está en la cárcel, afirmó, no puede cubrir las dos sesiones semanales de Kevin con su terapia, lo cual ha retrasado el progreso de su hijo.

Ramos le dijo a Burch que abandonó Guatemala en 2010 porque temía por su seguridad después de enfrentarse con una pandilla que lo golpeó tan duramente que debió permanecer en cama durante 15 días para recuperarse. Debido a su deportación anterior, el hombre no es elegible para asilo. En lugar de ello, debe cumplir con un estándar más alto y demostrar que tiene un 50% de posibilidades de ser perseguido si vuelve a su tierra natal.

¿Qué tan válidos son sus miedos? Su madre, quien sigue en Guatemala, firmó una declaración que atestigua el ataque. Su abogada, Lisa Knox, convocó a un experto como testigo para declarar en la audiencia de deportación. Finalmente, la decisión quedará en manos del tribunal.

En tanto, Burch quería asegurarse de que Ramos se mantuviera sobrio. “¿Cómo lidiarás con el estrés si eres puesto en libertad?”, le preguntó.

Ramos aseguró que seguiría asistiendo a sus reuniones de Alcohólicos Anónimos (AA) y que buscaría ayuda de un terapeuta.

“¿Está bien si tomas un trago de vez en cuando?”, insistió.

“No”, respondió él. “No quiero beber más”.

“¿Por qué no?”, insistió la magistrada.

“Porque he causado mucho daño a mi hijo con el alcohol”.

“Si te liberan”, prosiguió, “¿tienes en claro que el caso no ha finalizado? ¿Te presentarás en la corte para las audiencias?”.

Él respondió afirmativamente. Ella siguió insistiendo: “¿Por qué?”.

“No quiero esconderme de la policía”, dijo. “Y no quiero hacerle daño a mi hijo”.

“¿Sabes que, en caso de perder, debes presentarte para tu deportación?”.

“Sí”, respondió.

Cuando habían pasado 60 minutos de una audiencia que se extendió por tres horas, la jueza tomó el control remoto.

“Tienes muchos seguidores aquí”, le dijo, mientras giró la cámara para que Ramos pudiera ver a sus hijos, que estaban sentados junto a su madre, Yibi Heras, en la primera fila. Detrás de ellos vio a decenas de seguidores, apilados en la pequeña sala del tribunal.

A todos se les había ordenado que permanecieran callados, pero cuando los niños descubrieron que su padre podía verlos y les sonreía, los más pequeños gritaron. Hubo risas en la corte.

Hay una buena razón por la cual la jueza parecía conflictuada. En 2008, a los 18 años de edad, Ramos se declaró culpable de estar bajo la influencia de la cocaína que le había proporcionado su primo. Fue la primera vez que probaba la droga, afirmó el jueves en la corte.

“¿Y la primera vez que la usabas te atraparon?”, preguntó Jonathan Yu, el escéptico fiscal, asesor jurídico asistente del Servicio de Inmigración y Aduanas de los EE.UU.

Como resultado de esa condena por cocaína, Ramos fue deportado. En ese momento, Heras estaba embarazada de Kevin. El hombre volvió a los EE.UU. en 2010, y vivió tranquilamente con su familia hasta julio de 2016. Después de beber unas cervezas y ver un partido de fútbol con unos conocidos, dijo, subió a su auto para regresar a casa. En el vehículo había dos amigos con él.

En un puente, su neumático comenzó a hacer ruido, así que se detuvo para comprobar que todo estuviera bien. Mientras estaba de pie, frente a su coche, llegaron los oficiales. Los policías olieron a alcohol e hicieron una prueba de sobriedad. Ramos se declaró culpable de conducción imprudente, realizó servicios comunitarios y asistió a 30 reuniones de AA.

“¿Cuántas veces más has conducido borracho?”, preguntó Burch.

“Esa fue la primera vez”, respondió Ramos.

“¿Y cuántos años llevas conduciendo sin licencia?”, consultó Yu.

“Desde 2014”, dijo él.

Está claro por qué este caso conmocionó a la jueza.

Finalmente, Burch consideró que Ramos no era un peligro ni que planteaba un riesgo de fuga inminente. “Sería difícil para él fugarse, debido al niño en camino y a su hijo con parálisis cerebral”, señaló la magistrada. Su conducción imprudente fue un evento singular, consideró, y es posible que no reincida. “Tiene fuertes lazos comunitarios, como lo demuestra toda esta gente aquí, y eso también marca una diferencia”.

Así, la jueza le concedió su la libertad bajo fianza, que fijó en $3,500 -lo suficientemente alta como para cerciorarse de que aparezca en su siguiente audiencia, pero asequible como para que pueda pagarla-.

El viernes, el hombre salió de la cárcel.

Su caso no ha terminado, pero al menos por ahora, una familia de cinco -casi seis- personas permanece intacta.

Traducción: Valeria Agis

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