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Las escuelas charter y el LAUSD llegarían a un acuerdo para evitar un enfrentamiento en la reunión de la junta

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Los líderes de un grupo de escuelas charter y los funcionarios del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) trabajaron hasta el último minuto para evitar una pelea pública en la reunión de la junta escolar del martes, sobre las reglas del distrito que las charter encuentran demasiado exigentes.

A última hora del lunes, las fuentes de ambos lados afirmaron que un enfrentamiento les parecía improbable, aunque nadie efectuó declaraciones públicas.

La semana pasada, el personal del distrito escolar recomendó el cierre de 10 escuelas charter y la aprobación condicional de otras seis, con requisitos que un líder de estas escuelas describió como inaceptables.
Nunca antes tantas charter de Los Ángeles habían enfrentado un cierre potencial en algún momento, por conflictos que habían instigado.
El enfrentamiento en la reunión de la junta del martes tenía potencial para convertirse en un momento incómodo e impredecible, lo cual contuvo a los combatientes.

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Los líderes de las charter reconocieron su posición en contra de las regulaciones del distrito, que describen como duras, burocráticas, incoherentemente aplicadas y no respaldadas por la ley estatal.
El LAUSD, por su parte, insiste en que su supervisión de las charter es un modelo nacional y que sus reglas posibilitan la rendición de cuentas para los contribuyentes y las protecciones para los estudiantes.

El segundo sistema escolar más grande del país tiene más charter que cualquier otro, las cuales representan aproximadamente el 19% de la inscripción. Estas instituciones son administradas de forma privada y están exentas de algunas de las reglas que rigen a los campus tradicionales.

Un tema que enmarca la división ha sido el papel del inspector general del distrito, quien ha llevado a cabo investigaciones confidenciales durante años. Los operadores de escuelas charter desean reducir este poder y argumentar que la ley estatal respalda tales límites.
En algunos casos, el inspector general ha “hecho un buen trabajo al desenterrar cosas que no deberían haber sucedido”, resaltó Eric Premack, director ejecutivo del Charter Schools Development Center en Sacramento. Pero sus investigadores también parecen “sentir que pueden venir y presionar a la gente. Para varias charter esa conducta es excesivamente molesta”.

El momento es menos que ideal para las charter. Una reciente investigación del inspector general reveló preocupaciones suficientes como para provocar una incursión del FBI en enero a Celerity Educational Group, y el inspector general acaba de iniciar una investigación por conflicto de intereses basada en información proporcionada por Partnerships to Uplift Communities o PUC Schools, otra organización charter. Tanto Celerity como PUC se habían quejado anteriormente del inspector general.

El camino hacia el compromiso apareció cuando el grupo charter KIPP LA dio marcha atrás con el control del inspector general. El LAUSD luego recomendó a seis escuelas KIPP para renovación condicional y un nuevo campus para su aprobación.

KIPP y el distrito aún estaban en desacuerdo con respecto a otros requisitos, lo cual podría haber hecho que la renovación condicional de KIPP no tuviera sentido. Pero en los últimos días, el terreno parece haber cambiado.

Ambas partes mostraron motivación.
El problema para la división de escuelas charter del distrito es que la junta escolar podría estar del lado de las charter. Desde julio, el LAUSD tiene su primera mayoría de la junta elegida con un importante respaldo financiero de partidarios de estas escuelas.

Si el LAUSD se niega a autorizarlas, las charter también pueden apelar ante la junta de educación del condado de Los Ángeles, que se considera pro-charter. La aprobación del condado significaría que, aunque estas escuelas seguirían ubicadas dentro de los límites de LAUSD, el distrito ya no tendría autoridad sobre ellas.

Por su parte, las charter se arriesgaron a depender de la estrecha mayoría de cuatro miembros, que incluiría el voto de Ref Rodríguez. Los fiscales acusaron a Rodríguez de lavado de dinero político, por lo cual se enfrenta a cargos por delitos graves y delitos menores. También está siendo investigado por el inspector general por presunto conflicto de intereses mientras era ejecutivo de PUC Schools, la red de charter que cofundó.

Por esta razón y otras, el sindicato de maestros de Los Ángeles el lunes pidió que Rodríguez se abstuviera de votar sobre las escuelas charter, este martes. El sindicato también señaló que el fondo de defensa legal de Rodríguez había recibido una contribución de $75,000 del cofundador de Netflix, Reed Hastings, quien forma parte de la junta nacional de KIPP.

Rodríguez, quien ha negado cualquier mal proceder, no hizo ningún comentario sobre la solicitud de recusación. Pero una portavoz del LAUSD sostuvo que el distrito no tiene conocimiento de una circunstancia que le prohibiría a Rodríguez votar.

Sumada a la mala perspectiva de las charter si continúan resistiendo está la voluntad de compromiso del LAUSD, incluso el proceso está avanzado.

El distrito aparentemente acordó facilitar que las charter decidan cómo quieren administrar y pagar la educación de los estudiantes discapacitados. Algunas de estas escuelas argumentaron que el LAUSD quería forzarlas a ser parte del sistema del distrito para atender a los alumnos discapacitados, para lo cual pagaban demasiado y recibían muy poco. Algunos funcionarios del distrito insistieron en que las charter no hacen lo que les corresponde para ayudar o pagar por los estudiantes con discapacidades moderadas a graves.

El distrito también ha hecho concesiones que podrían facilitar que las charter utilicen el espacio en los campus propiedad del distrito. Quienes proporcionaron los detalles pidieron que sus nombres no fueran revelados porque no están autorizados a hablar por ninguna de las partes.

“Esperamos que después de meses de colaboración con el personal del distrito el resultado sea una victoria para los estudiantes y los maestros”, expresó Jason Mandell, portavoz de las cinco organizaciones charter que desafiaron los requisitos del distrito. Mandell se negó a discutir los detalles de las conversaciones, al igual que el LAUSD.

En una carta a los miembros de la junta enviada el lunes, un grupo externo abogó por más supervisión para las charter. “Recientemente hemos visto cómo la falta de acceso a la información financiera y de otra índole limitó la capacidad del distrito de responsabilizar a las charter por su confianza pública”, afirmó Donald Cohen, director ejecutivo de In the Public Interest, un grupo de investigación y defensa, con sede en Oakland.

Traducción: Diana Cervantes

Para leer este artículo en inglés, haga clic aquí

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