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La investigación del miembro de la junta escolar de Los Ángeles Ref Rodríguez ahora incluye acusaciones por conflicto de intereses

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En los tres meses transcurridos desde que los fiscales presentaron cargos criminales en su contra, Ref Rodríguez continuó con sus deberes en la Junta de Educación de Los Ángeles. Asiste a reuniones, patrocina resoluciones, envía tuits con mensajes de inspiración y descarta con firmeza los pedidos de renuncia.

 Cuando la conmoción inicial sobre sus problemas legales disminuyó, el funcionario pareció volver rápidamente a su trabajo, con un salario de $125,000 al año.

Pero el caso criminal en su contra avanzó poco a poco y, el miércoles, las fuentes cercanas confirmaron que el alcance de la investigación se ha ampliado.

Rodríguez ya enfrentaba cargos de delito mayor por lavado de dinero de campaña, pero los investigadores, según las fuentes, pasaron a otras áreas, como acusaciones separadas por conflictos de intereses. 

A través de sus abogados, Rodríguez ha negado cualquier fechoría.

La investigación cada vez más amplia es una de las razones por las cuales los letrados de ambas partes acordaron en la corte retrasar aún más la línea de tiempo en los pasos que podrían llevar a un juicio. La primera presentación de evidencia en la corte, en una audiencia preliminar, no tendrá lugar antes de febrero.

 “Es una situación en curso”, afirmó Susan Ser, asistente del fiscal del distrito del condado de Los Ángeles. “Ha habido revelaciones posteriores”. Ser informó que no podía discutir detalles, pero confirmó que las acusaciones de conflicto de intereses habían entrado en escena y que podría haber otras cuestiones nuevas también.

Otra fuente cercana al caso, que solicitó hablar en anonimato porque no está autorizado a discutir el tema, también confirmó los acontecimientos.

 Al presentar su caso, los fiscales no están restringidos a los cargos originales, remarcó Ser.

Las acusaciones por conflicto de intereses, reportadas por primera vez en The Times, tienen que ver con la última parte de la larga permanencia de Rodríguez como ejecutivo principal en Partnerships to Uplift Communities (PUC), la organización de escuelas charter que cofundó. PUC Schools opera 17 campus en Los Ángeles y uno en Rochester, Nueva York. 

Los administradores de PUC alegan que en 2014, Rodríguez firmó $265,000 dólares en cheques girados de las cuentas de PUC, pagaderos a una organización sin fines de lucro separada bajo su control. Los registros públicos nombran a Rodríguez como presidente y director ejecutivo de esta organización sin fines de lucro, llamada Partners for Developing Futures.

Inicialmente, los filántropos financiaron la organización sin fines de lucro, creada para ayudar a crear organizaciones de charter dirigidas por minorías. Las organizaciones sin fines de lucro informan sobre sus actividades en formularios de impuestos especiales que están disponibles para el público, pero no existen tales registros impositivos para esta organización después de 2012.

Los administradores de PUC también señalaron otro posible conflicto de 2014, cuando Rodríguez supuestamente autorizó pagos por $20,400 a una compañía privada llamada Better 4 You Fundraising. Ese noviembre, como candidato para la junta escolar, informó en los formularios de divulgación presentados a la ciudad que poseía una participación en la empresa. No está claro si lo hizo en el momento en que se giraron los cheques.

En octubre, los administradores de PUC informaron estos conflictos potenciales a los reguladores estatales y al Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), que autoriza a las escuelas PUC locales.

Rodríguez, de 46 años, actualmente enfrenta tres cargos de delito mayor por conspiración, perjurio y por procurar y ofrecer un instrumento falso o falsificado, así como 25 cargos por delitos menores relacionados con el presunto lavado de dinero de campaña durante su exitosa postulación de 2015.

 Los fiscales sostienen que Rodríguez entregó $24,250 a su propia campaña mientras representaba ilegalmente que las donaciones habían sido realizadas por 25 amigos y familiares. Trece de ellos trabajaban para su organización de escuelas charter.

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También compareció en el tribunal el miércoles la prima de Rodríguez, Elizabeth Tinajero Meléndrez, exadministradora de PUC, a quien se le acusa de ayudar a lavar las contribuciones. Ella también ha negado cualquier mal proceder.

 La semana pasada, por otras parte, la división de charter del LAUSD acusó a los administradores de PUC de minimizar su responsabilidad por los supuestos conflictos de intereses. “PUC declaró que estaba ‘conmocionada’ al descubrir la mala conducta”, escribieron la especialista Aida Tatiossian y la gerente de servicios fiscales Sandra Meléndez, en una carta del 8 de diciembre. “El distrito había alertado a PUC de estos asuntos varias veces en el pasado a través de una serie de avisos”.

PUC insistió en su total cooperación con el LAUSD y otras agencias de supervisión.

Fuera de la corte, el miércoles, unos 40 padres de familia organizaron la última manifestación para pedir la renuncia de Rodríguez. “Puedes concentrarte en defenderte en la corte o centrarte en ser un buen defensor del distrito escolar”, consideró Josh Rutkoff, un padre de la escuela primaria Aldama, en Mount Washington. “No creo que puedas hacer ambas cosas”.

Traducción: Diana Cervantes

Si quiere leer este artículo en inglés, haga clic aquí

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