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Envalentonadas, las escuelas charter de Los Ángeles presionan para modificar las normas locales

Daniela Anino, a la izquierda, directora de Lashon Academy Charter Elementary; Sara García, directora de instrucción y Josh Stock, fundador, escuchan a los miembros de la Junta del LAUSD el martes.

Daniela Anino, a la izquierda, directora de Lashon Academy Charter Elementary; Sara García, directora de instrucción y Josh Stock, fundador, escuchan a los miembros de la Junta del LAUSD el martes.

(Myung J. Chun)

Una pequeña escuela charter de inmersión en hebreo descubrió este martes que tenía límites sobre qué tanto podía presionar a una nueva mayoría de la junta escolar ampliamente considerada como pro-charter.
Pero el desafío de Lashon Academy Charter School a las reglas establecidas por el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) es considerado por muchos como un signo de lo que vendrá.

El LAUSD autoriza y supervisa la mayoría de las charter en su área, y la escuela de Van Nuys, cuya licencia estaba pendiente de renovación, había adoptado la postura de rebelarse contra las regulaciones que todas las charter bajo la supervisión del distrito deben seguir.

En una carta de julio pasado, dirigida a los funcionarios del distrito, el director ejecutivo de Lashon, Josh Stock, señaló que esperaba que el distrito renovara el permiso de la escuela por otros cinco años sin obligar a Lashon a aceptar el lenguaje legal que rige a la educación especial, la diversidad escolar y las circunstancias bajo las cuales las charter pueden demandar al distrito. “No tenemos intención de negociar nuestras decisiones” sobre ese lenguaje, escribió. Si el LAUSD se negaba a renovar la licencia, destacó, la escuela apelaría la decisión ante el condado.

Si este martes Lashon esperaba obtener respaldo de la nueva mayoría de la junta, ello no sucedió. En cambio, el grupo votó en contra de la renovación de la escuela citando la negativa de sus funcionarios a aceptar un lenguaje específico -que cumple con una orden de un tribunal federal de 1996- para mejorar los servicios de educación especial en todo el distrito.

Lashon fue sólo la primera incursión. Envalentonadas por la nueva influencia de los defensores de estas escuelas en la nueva Junta Escolar, más de una docena de otras charter están intensificando sus esfuerzos para rechazar las regulaciones que consideran engorrosas. Muchos defensores de las escuelas charter dicen que, con el correr de los años, las reglas han ido más allá del alcance de la ley de California y se han vuelto cada vez más pesadas.

Entre las charter que trabajan para revertir estas normas, dicen las fuentes del distrito, está Alliance College-Ready Public Schools, la red de estas instituciones más grande de Los Ángeles, y Magnolia Public Schools.

Las charter son administradas de forma privada, financiadas públicamente y están exentas de algunas de las reglas que se aplican a las escuelas tradicionales. Pero no a todas las reglas. Y el LAUSD ha añadido algunas regulaciones propias, al igual que otros distritos. Las quejas de las charter a la junta en el pasado cayeron en saco roto.

Los funcionarios del LAUSD argumentan que las charter ahora intentan eliminar porciones de las reglas y políticas del distrito desarrolladas durante dos décadas de experiencia que, según dicen, han hecho del sistema escolar un modelo nacional para la supervisión de las charter. Estas normas, argumentan, han ayudado a que muchas de estas escuelas locales sean exitosas y públicamente responsables.

José Cole-Gutiérrez, director de la división de escuelas charter del LAUSD, señaló que, con 224 establecimientos de estas características, el distrito es el mayor autorizador de charter en California. “Hemos aprendido muchas lecciones con nuestras escuelas”, destacó. “Estas son lecciones aprendidas para intentar ser de utilidad, no para socavar cualquier autonomía”.

Después del voto de Lashon, el grupo de 17 organizaciones charter, que se autodenomina Los Angeles Advocacy Council (Consejo de Defensa de Los Ángeles), publicó una declaración donde pidió “mejoras razonables” a las reglas del distrito.

Uno de los blancos de los defensores de las escuelas es la Oficina del Inspector General del distrito -una entidad investigadora independiente- que a menudo se centra en el funcionamiento interno del distrito pero tiene el poder de abrir investigaciones sobre las operaciones de las charter, entre ellas investigaciones confidenciales que podrían derivar en cargos criminales.

Las prácticas de contratación de Magnolia han sido objeto de una revisión del inspector general de larga duración, y la oficina también ha investigado las finanzas de Celerity Educational Group, que además es objeto de un escrutinio federal.

A los líderes de las charter tampoco les gusta el requisito de que sus escuelas deban postularse cada año para usar o seguir usando las instalaciones escolares del distrito. Algunos quieren arrendamientos a largo plazo para ofrecer estabilidad a sus maestros y estudiantes.

Otra regla que les desagrada requiere que las charter resuelvan las disputas con el distrito escolar a través de la mediación y el arbitraje vinculante, aunque estas escuelas pueden y han llevado al LAUSD a la corte. El distrito considera que la regla es un ahorro de costos, pero los líderes de las charter afirman que les niega un debido proceso.

Los administradores de Lashon se vieron en problemas al quitar el lenguaje de su petición de renovación referente a una orden del tribunal federal -de varias décadas de antigüedad- que surgió de una demanda presentada contra el LAUSD por la madre de una estudiante con una discapacidad de aprendizaje. Nombrado en honor a dicha alumna, el Decreto por Consentimiento Modificado Chanda Smith requiere que todas las escuelas del LAUSD amplíen las ofertas educativas para los niños discapacitados y coloquen a más de estos menores en clases regulares.

Los funcionarios del distrito aseguran no tienen autoridad para dispensar dicha orden a las charter y, en este caso concreto, necesitan una garantía por escrito de que Lashon cumplirá con el requisito. La escuela respondió que la ley estatal no requiere adoptar el lenguaje legal del distrito por completo. Los administradores escolares estimaron que Lashon pagó al distrito $140,000 el año pasado por su porción de los costos de educación especial, pero Stock afirmó que no recibió ningún beneficio.

“No estoy segura de que sea un camino responsable colocar a nuestra escuela en un contrato, por otros cinco años, con un lenguaje con el que sabemos que no nos sentimos cómodos”, aseguró Sara García, directora del plan de estudios e instrucción de la escuela.

Los miembros de la junta elogiaron el desempeño de la escuela y afirmaron querer renovar su permiso. La charter finalmente cedió en algunas de sus demandas, pero los desacuerdos persistieron. El Decreto por Consentimiento Modificado Chanda Smith “no es negociable”, advirtió la miembro de la junta Kelly Gonez, cuyo distrito incluye a Lashon.

Traducción: Diana Cervantes

Si quiere leer este artículo en inglés, haga clic aquí


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