El escándalo de drogas del exdecano de la USC podría costarle muy caro a la escuela, en medio de su batalla legal con la UC
Seis meses después de que el Dr. Carmen Puliafito renunciara como decano de la Escuela de Medicina de la USC, fue llamado por la universidad para dar testimonio bajo juramento, como testigo en una demanda a la que se enfrentaba la institución.
Fue un asunto delicado, con cientos de millones de dólares potencialmente en juego, y dos abogados de la universidad se sentaron junto a él mientras respondía a las preguntas.
Casi de inmediato, el abogado opositor tocó un tema que era un secreto muy bien guardado en la USC: las circunstancias de la precipitada renuncia de Puliafito, en marzo de 2016.
El exdecano tenía una explicación preparada y dijo que había aprovechado una “oportunidad única”, en una compañía de biotecnología. La respuesta fue concisa y, a la luz de las recientes revelaciones acerca de su consumo de drogas y los problemas de su cargo en la USC, muy alejada de la historia completa.
De las muchas consecuencias del escándalo de Puliafito para la USC, pocas son de tan gran trascendencia como el posible efecto en el caso legal que incitó su testimonio el año pasado.
Se esperaba que Puliafito ayudara a defender a la USC en la batalla legal con la Universidad de California sobre la deserción de un importante investigador de la enfermedad de Alzheimer de la UC.
Puliafito había ayudado a cortejar al científico y a decenas de otros académicos prominentes como parte de una estrategia del presidente de la USC, C.L. Max Nikias, para catapultar a la universidad hacia las filas de las instituciones de investigación de élite.
La UC espera obtener $185 millones de dólares por daños, junto con una indemnización punitiva que podría ser varias veces esa cantidad.
“Con todo lo que se dice sobre él, va a tener un serio problema para que se le considere confiable y creíble”, aseguró el abogado de Los Ángeles Brian Panish, un litigante civil que ha representado a clientes en demandas contra ambas escuelas.
Carmen Puliafito presta juramento antes de testificar en una deposición del 23 de septiembre de 2016, sobre su papel en el reclutamiento de un investigador estrella de la Universidad de California (Declaración).
Una investigación del Times publicada el mes pasado reveló que Puliafito participó de fiestas y utilizó drogas frecuentemente con un círculo de delincuentes y adictos mientras era decano. El médico tuvo ese comportamiento durante el período de 2015 en el cual intentaba reclutar al investigador, de acuerdo con entrevistas a sus asociados y mensajes de texto que intercambiaron con él.
Una portavoz de la UC señaló que la escuela no discutiría su estrategia legal “salvo para decir que estamos actuando vigorosamente en este caso contra la USC”.
Un abogado de la USC confirmó que no se había tomado ninguna decisión respecto de hacer comparecer a Puliafito como testigo, pero insistió en que el testimonio del exdecano no era importante para la defensa de la universidad. “Él es un actor secundario en esto”, consideró el abogado John Quinn.
En las presentaciones judiciales realizadas a principios de este año, los abogados de la USC destacaron una parte del testimonio del decano al argumentar que el caso debía descartarse.
Puliafito testificó que la universidad quería que Paul Aisen, investigador de la UC San Diego, se uniera al profesorado sin importar si éste traía o no cientos de millones de dólares en fondos de subvenciones, contradiciendo la afirmación de la UC, que afirma que la USC estuvo motivada a reclutarlo por el dinero.
Los expertos legales indicaron que incluso si la USC decidiera no utilizar el testimonio de Puliafito, el equipo legal de la UC podría pedir copias de su registro de personal e intentar causar problemas en el tribunal debido a su conducta. Ello crearía una lucha entre ambas instituciones respecto develar los “esqueletos en el armario” de Puliafito a los jurados, si el caso llegara a juicio.
“El juez tendría que decidir si el valor perjudicial y provocativo es superado por el valor probatorio”, afirmó un abogado civil de Manhattan Beach, John Taylor, quien ha representado a clientes con demandas legales contra la USC.
El juez podría decir: “‘Supongamos que estaba de fiesta como una estrella de rock. ¿Eso cómo lo hace más o menos creíble para un jurado?’”, agregó Taylor.
La USC anticipa que la UC tratará de hacer del consumo de drogas de Puliafito una fuerte línea de ataque. “Creo que harán cualquier cosa que puedan para tratar de envenenar el pozo, incluyendo remarcar los problemas personales del decano”, expuso el abogado de la USC, Quinn, añadiendo que espera que el juez rechace tales intentos como irrelevantes.
El caso está en espera mientras la USC apela el veredicto de un juez del distrito de los Estados Unidos que trasladó la demanda del tribunal federal al Tribunal Superior del Condado de San Diego, donde fue presentada originalmente. No se ha establecido ninguna fecha de juicio.
En el momento en que Puliafito debía ser interrogado bajo juramento, el caso estaba en su segundo año y la UC ignoró las súplicas de la USC para resolver el asunto fuera de la corte. La consejera general adjunta de la USC, Stacy Bratcher, y otros abogados universitarios se reunieron tres veces con el exdecano para prepararlo para su declaración; luego testificó.
El día de su testimonio, Bratcher y otro abogado se sentaron con él en un despacho de abogados en el centro de la ciudad mientras fue interrogado durante casi seis horas, de acuerdo con una transcripción del testimonio. Porciones de la transcripción fueron redactadas a petición de la USC.
Puliafito afirmó que había declarado 20 veces en su vida, incluidos los casos judiciales donde había actuado como experto médico. En una grabación de video de una parte de la deposición, parece seguro de sí mismo, ofrece respuestas cortas y precisas, y deja de lado muchas preguntas por ser hipotéticas o difíciles de responder.
A unos pocos minutos de comenzar su testimonio, se le pidió que señalara “las circunstancias de su cesación como decano de la escuela de medicina”. Una abogada del bufete jurídico externo de la USC, Viola Trebicka, inicialmente protestó diciendo que la pregunta era “demasiado amplia” y “vaga” -objeciones que un juez tomaría en una fecha posterior- y luego le indicó que “siguiera adelante” y respondiera.
“Tuve una oportunidad única en la industria de la biotecnología oftálmica, y pude continuar mi empleo en la USC con un año sabático y trabajar para esta compañía de biotecnología”, expresó el exdecano.
Pero la historia completa era más complicada. La USC reconoció después del informe del Times que el decano había renunciado a su puesto durante una confrontación con el rector de la universidad sobre su comportamiento y desempeño laboral. Ese enfrentamiento coronó años de quejas del profesorado y del personal sobre el problema con el alcohol, el temperamento y la humillación pública de los colegas de Puliafito, según las entrevistas con antiguos compañeros de trabajo y las denuncias escritas a la administración.
El empleo de biotecnología en Ophthotech, una empresa dirigida por dos viejos amigos, no se le ofreció sino hasta después de más de un mes de que él renunciara, informó un portavoz de la compañía.
Quinn dijo que no sabía si los abogados de la USC y Puliafito habían discutido antes de la deposición la forma en que éste respondería a las preguntas sobre su renuncia. También resaltó que los abogados de su firma “nunca patrocinarían falsos testimonios. Nunca a sabiendas permitiríamos que un testigo mienta”. En un comunicado, un portavoz de la USC expresó que la oficina del consejero general de la universidad, donde Bratcher trabaja, “nunca alentaría a un testigo a cometer perjurio”.
Para los expertos, la UC podría pedirle a un juez que reabra la declaración, a la luz de la nueva información sobre la conducta pasada de Puliafito. “Obtendría el archivo de personal y también le preguntaría acerca de lo que sucedió. Tal vez hay más de lo que no se sabe todavía”, consideró Panish.
La batalla en el tribunal está siendo vigilada de cerca en los círculos académicos. La UC tomó el paso -muy inusual- de demandar a su rival académico en 2015, después de años de frustración por el reclutamiento por parte de la USC de los miembros del profesorado que eran destinatarios de grandes subvenciones de investigación. Estos subsidios son una fuente importante de ingresos para el sistema estatal.
Estos “profesores transformativos”, como se les conoce en la USC, han sido claves para la estrategia del presidente Nikias de elevar la reputación nacional de la universidad. Puliafito lideró el esfuerzo durante su mandato de ocho años como decano, cuando reclutó a más de 70 académicos de las escuelas de la UC, Stanford, Harvard y otros prestigiosos rivales.
Después de que Puliafito ayudara a cortejar a dos investigadores de Neurología de la UCLA bien financiados, en 2013, los administradores de la UC estaban ya indignados y se quejaron ante los reguladores del gobierno, de acuerdo con las presentaciones judiciales. No es inusual que los profesores se trasladen a otras instituciones, y a menudo la primera universidad coopera en la transferencia de los fondos de subvenciones a la nueva escuela. Pero en la opinión de la UC, la USC había actuado más allá de las normas aceptables al dirigirse a académicos con base a los fondos de sus subvenciones, y formulando estrategias en secreto con esos investigadores sobre la transferencia de los subsidios a la USC mientras todavía estaban empleados por la UC. Las escuelas llegaron a un acuerdo confidencial que exigía que la USC pagara más de $2 millones a la UCLA, según una copia obtenida a través de una solicitud de registro público.
A finales del siguiente año, el decano fijó su mirada en otro premio de la UC: el experto en Alzheimer Paul Aisen. El profesor de Neurología de UC San Diego era líder mundial en la búsqueda de una cura para la enfermedad, y se esperaba que las agencias federales y las compañías farmacéuticas enviaran más de $340 millones en subvenciones de investigación durante los próximos cinco años al laboratorio que éste dirigiera.
“Voy a involucrarme más personalmente en esto y dirigir el proceso”, escribió en un correo electrónico enviado al rector Michael Quick, en abril de 2015. “Necesitamos que esto suceda”.
La USC le ofreció a Aisen una compensación anual de $500,000 -un incremento de salario de $110,000- junto con un préstamo hipotecario y otras ventajas. El especialista se trasladó a la USC en junio de 2015.
La pérdida resonó en los niveles más altos del sistema de la UC. La presidenta, Janet Napolitano, presionó infructuosamente al jefe de la compañía farmacéutica Eli Lilly, un importante donante del trabajo de Aisen, para mantener su dinero del subsidio en la UC.
En julio de 2015, la UC demandó a la USC, a Aisen y a sus colegas de laboratorio por infringir en sus obligaciones fiduciarias, interferir con los contratos, por delitos informáticos y otras denuncias. La universidad señaló que la USC había conspirado con el investigador mientras todavía estaba trabajando en UCSD para interferir con las relaciones contractuales de la universidad pública con los donantes de subvenciones y para apoderarse del control de los datos de ensayos clínicos críticos.
Las presentaciones subsecuentes sugirieron las profundidades del resentimiento. En una de ellas, la UC se quejó de que los científicos que se marchaban incluso habían robado sujetapapeles pagados por la UCSD. En otra, sus abogados describieron a la USC como una “universidad privada depredadora” con una “mentalidad de ley de la selva”.
La USC y Aisen presentaron una contrademanda por difamación y otros cargos. Sus abogados escribieron en la denuncia que estaban listos para resolver el litigio y sugerían que la culpa recaía en la UC por no financiar adecuadamente el trabajo de Aisen. Cuando él encontró una escuela que si lo haría, escribieron, la UC participó en una “política académica mezquina”, que incluyó el intento de hacerlo firmar un juramento de lealtad e interrumpir su servicio telefónico y de correo electrónico, tácticas que -alegaron- ponen en peligro la seguridad de los pacientes.
Aisen, Puliafito y otros administradores de la USC insistieron en que la universidad no había hecho nada malo. En su testimonio bajo juramento, el exdecano aseveró que estaba preparado para ofrecerle a Aisen una posición en la facultad incluso si sus lucrativas subvenciones de investigación se quedaban en la UCSD.
“¿Era usted indiferente al tema si los fondos de la subvención se transferían junto con el Dr. Aisen?”, preguntó el abogado de la UC.
“Sí”, aseguró Puliafito, quien añadió: “Ése es el riesgo que estábamos dispuestos a tomar”.
El abogado Stephen Hirschfeld, de San Francisco, quien ha defendido a la UC y otras universidades en demandas civiles, explicó que la participación de otros funcionarios en el reclutamiento de Aisen podría mitigar el impacto de las cuestiones de credibilidad de Puliafito.
El rector de la universidad, un profesor titular, los administradores de la escuela de medicina y los oficiales de recursos humanos desempeñaron papeles clave para atraer a Aisen, según los expedientes judiciales y el testimonio de las declaraciones.
“Podríamos tener una situación en la que el decano dice una cosa y otros administradores confirman que es cierto”, expuso Hirschfeld. El centrarse demasiado en Puliafito podría hacer que la UC parezca cruel o desesperada ante el jurado, advirtió. “Hay que pensar muy seriamente si vale la pena atacar a este tipo de esta manera”, consideró.
Taylor, el abogado de Manhattan Beach, remarcó que los miembros del jurado podrían considerar a Puliafito como un reflejo “de los valores de la universidad y de los responsables de la toma de decisiones allí”. “Si se conociera una evidencia terrible acerca de él, sería también una evidencia terrible para la escuela”, advirtió.
La declaración ofrece pistas tentadoras sobre la relación entre Puliafito y la USC. En un momento dado, al exdecano se le preguntó cuándo había examinado por última vez el código de ética de la USC. “Hace seis meses”, respondió. La declaración fue el 23 de septiembre de 2016, seis meses después de la reunión en la que el rector lo había confrontado con quejas de sus colegas sobre su comportamiento.
Traducción: Diana Cervantes
