Darán a conocer resultados de investigación por posible interferencia en auditoría estatal
Esta semana, los regentes de la Universidad de California, reunidos en San Francisco, darán a conocer los resultados de una investigación independiente para esclarecer si los miembros del personal de la presidenta de la UC, Janet Napolitano, interfirieron indebidamente con una auditoría estatal del funcionamiento de su oficina.
Los regentes también discutirán un nuevo informe que analizó a nivel global cómo evitar situaciones como el fiasco de inscripción del verano pasado que provocó UC Irvine, cuando rescindió abruptamente casi 500 ofertas de admisión, en su mayoría por problemas menores de papeleo en las solicitudes. El campus fue muy estricto en cosas tales como el incumplimiento de las fechas límites para la verificación de las calificaciones de último año después de que los administradores descubrieran que unos 850 estudiantes más de lo esperado habían aceptado sus ofertas de admisión. El rector de UC Irvine, Howard Gillman, finalmente reincorporó a casi todos los alumnos y se disculpó por causarles “una angustia inaceptable”.
El informe provisional recomienda que se prohíba a los planteles utilizar la verificación de las calificaciones como una forma de administrar la inscripción, y aumentar los avisos a los estudiantes sobre las fechas límite de presentación del papeleo. También sugiere que antes de retirar las ofertas de admisión los administradores deben considerar medidas alternativas, y cualquier oferta rescindida debe incluir instrucciones sobre cómo apelar. Los avisos de rescisión iniciales de UC Irvine informaron a los estudiantes que las decisiones eran “definitivas” y no mencionaban el derecho a apelar.
UC Irvine fue duramente criticada cuando eso ocurrió; la gente creía que los administradores habían sometido a los estudiantes cuyas ofertas habían revocado “a un estándar que en cualquier otro año no se habría aplicado”, señala el informe. “Como resultado, la necesidad legítima de la UC de verificar las calificaciones académicas de los nuevos estudiantes fue socavada y el proceso de admisión de la UC se vio empañado”.
Para investigar la posible interferencia en la auditoría estatal, los regentes contrataron al exjuez de la Corte Suprema de California Carlos Moreno, y al bufete de abogados Hueston Hennigan.
La auditora estatal Elaine Howle envió encuestas a los administradores en los 10 campus de la UC el otoño pasado, para averiguar qué tan efectiva consideraban la oficina de Napolitano. Los auditores pidieron explícitamente a los administradores que no compartieran sus respuestas con nadie más allá de sus planteles, pero supieron más tarde que el personal de la oficina central había pedido verlas.
Cuando Howle afirmó públicamente que “la oficina de la presidente interfirió intencionalmente con nuestro proceso de auditoría”, los regentes ordenaron la investigación independiente.
The Times informó en abril pasado que Bernie Jones, subjefe de personal de Napolitano en ese momento, había trabajado en estrecha colaboración con los administradores del campus para revisar sus contestaciones a la encuesta. En ese entonces le dijo a The Times que sólo había respondido a pedidos de ayuda para completar la encuesta, de 52 páginas de extensión, y que no había hecho nada indebido. Jones proporcionó correos electrónicos, junto con copias revisadas y finales de algunas encuestas, para respaldar su afirmación de que nunca había ordenado revisiones, sino que solamente había pedido a los administradores del campus que considerasen algunos cambios.
Los administradores de UC San Diego, por ejemplo, señalaron originalmente en la encuesta que no estaban satisfechos con la transparencia de la oficina de la presidenta al determinar cuánto pagaba cada campus por los servicios del sistema. Pero en la versión final que se entregó a los auditores decía que estaban satisfechos. Jones afirmó que marcó la respuesta inicial para preguntar si reflejaba la opinión del rector Pradeep K. Khosla, y que fueron los líderes del campus quienes la modificaron, no él.
Tanto Jones como Seth Grossman, jefe de personal de Napolitano, renunciaron la semana pasada. Jones se negó a responder a un correo electrónico en el cual se le preguntaba si había dimitido para asumir la responsabilidad de interferir en la auditoría. A través de un vocero, Grossman remarcó que no había hecho nada malo y que renunciaba para aceptar un empleo en Washington, como jefe de personal y consejero de la presidenta de la American University, Sylvia M. Burwell.
“Su participación en la auditoría fue mínima, apropiada y 100% consistente con las directivas de los oficiales de auditoría interna [de la UC] y los abogados de la universidad”, aseguró Nathan Ballard, portavoz de Grossman. “Si algún empleado de la UC hizo algo incorrecto, fue sin el consentimiento o la aprobación de Grossman de ninguna manera”.
Traducción: Diana Cervantes
