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Familias de mexicanos asesinados por la Patrulla Fronteriza de EEUU, pudieran no tener derecho a demandar

Maria Guadalupe Guereca, 60, visits the grave of son Sergio Hernandez at the Jardines del Recuerdo cemetery in Ciudad Juarez, Mexico.
(Yuri Cortez / AFP-Getty Images)
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Los jueces de la Corte Suprema debatieron el martes los disparos y ataques con aviones no tripulados en la frontera, en un caso que podría anticipar la batalla legal acerca de la prohibición de viaje propuesta por el presidente Trump a los extranjeros de ciertos países de mayoría musulmana.

Sin embargo, los ocho jueces se mostraron divididos acerca de si los padres de un adolescente mexicano pueden demandar al agente fronterizo de los EE.UU. que disparó y mató al joven mientras se encontraba en territorio mexicano.

El centro del debate es si la familia mexicana puede invocar las protecciones de la Constitución contra el uso excesivo de la fuerza y el debido proceso legal para restringir la conducta del agente estadounidense, o si la ley del país termina exactamente donde se dibuja la frontera.

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En los pleitos que impugnan la prohibición de viaje del presidente Trump, los abogados han alegado que la orden ejecutiva viola los derechos de los viajeros extranjeros, algunos de los cuales están ya en el país, mientras que otros jamás lo han visitado. Los letrados del gobierno señalan que las protecciones constitucionales no se extienden a los extranjeros que no están en suelo estadounidense.

Robert Hilliard, abogado de los padres de Sergio Hernández, de 15 años de edad, afirmó que la víctima estaba “apenas cruzando la frontera, desprotegida y desarmada” cuando el agente Jesús Mesa le disparó desde el conducto de hormigón que separa El Paso, Texas, de Juárez, en México. “Todas las conductas del oficial de policía ocurrieron dentro de los EE.UU.”, aseguró. Y la pregunta en duda es “acerca del derecho más fundamental de todos: el derecho a la vida”, agregó, instando a los jueces a permitir que la demanda tenga lugar.

Pero los conservadores del Tribunal Supremo, encabezados por su presidente, John G. Roberts Jr., señalaron que son cautelosos de extender protecciones constitucionales más allá de las fronteras de la nación. “¿Qué ocurriría si un avión no tripulado ataca en Irak, pero es pilotado desde Nevada?”, se preguntó. “¿Por qué no se aplicaría el mismo análisis en ese caso?”.

La respuesta es que los temas militares son diferentes, respondió Hilliard, y describió la Patrulla Fronteriza de los EE.UU. como la fuerza policial civil más grande del país, además de remarcar que la demanda “aborda el problema constante en la frontera sur que ha resultado en al menos 10 fusilamientos transfronterizos y seis muertes en México”.

Pero el juez Anthony M. Kennedy también se mostró cauteloso de permitir que los tribunales de los EE.UU. decidan en esos casos. “Esta es una de las áreas más delicadas de los asuntos exteriores, donde las ramas políticas deberían discutir con México cuál sería la solución”, expresó. “¿No se trata de un tema clave de separación de poderes que nosotros respetemos la tarea que el poder ejecutivo y el legislativo tienen respecto de los asuntos exteriores?”.

Sin el voto de Kennedy, los padres de la víctima tienen pocas posibilidades de ganar.

Randolph Ortega, un abogado de Mesa, insistió en que la demanda debe ser rechazada porque la víctima estaba en suelo mexicano. “La frontera es muy real”, aseguró.

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Esa postura fue apoyada por el Procurador General Adjunto, Edwin Kneedler, quien argumentó en nombre del gobierno de los EE.UU y urgió a la Corte no permitir demandas legales “por lesiones ocasionadas fuera de los EE.UU. Las dos naciones han trazado una línea en la frontera”, dijo, y la protección de la ley de los EE.UU. termina allí.

En tanto, los cuatro miembros liberales de la corte, liderados por la jueza Ruth Bader Ginsburg, se inclinaron a favor de permitir que el agente fuera demandado por un tiroteo ilícito. La magistrada argumentó con vehemencia que fue un error enfocarse en la frontera en lugar de la conducta del agente. También señaló que la ley estadounidense rige el caso y la conducta del oficial. “Y la instrucción de los EE.UU. es muy clara: no disparar con intención de matar a una persona desarmada, no peligrosa, que no representa una amenaza para la seguridad”, manifestó. “Esa es la ley de los EE.UU. Por ello no comprendo toda esta cuestión acerca de México. Se trata de una ley estadounidense, que rige para el oficial estadounidense que trabajó en suelo estadounidense”.

La jueza Sonia Sotomayor rápidamente se alineó con esta postura. “Seguramente el gobierno de los EE.UU. no condonaría a la gente en la frontera que dispara al azar a transeúntes mexicanos”, expuso.

En un momento, Kennedy citó los comentarios de Ginsburg, con los cuales pareció concordar. “Es un oficial de los EE.UU. y está sujeto a la supervisión de este país. De eso se trata”, le dijo al abogado de Mesa.

Los jueces se reunirán esta semana para discutir el caso y emitir sos votos en Hernández vs. Mesa. Si siguieran el enfoque establecido por Ginsburg, podrían fallar que el agente fronterizo está sujeto a una demanda porque violó la Constitución cuando disparó a matar al adolescente mexicano. De ser así, tal decisión podría resultar significativa en los próximas años, ya que podría representar que los límites constitucionales son vinculantes para los agentes de inmigración de los EE.UU., incluso si tratan con ciudadanos de otras nacionalidades en zonas fronterizas.

No obstante, si los jueces empataran en 4-4, podrían desestimar el caso ante una votación dividida. Eso pondría fin a la demanda de los familiares, porque el fallo de la corte inferior prevalecería. Sin embargo, los jueces también podrían optar por considerar el caso cuando se incorpore a la Corte Suprema un noveno miembro, probablemente en dos meses.

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Si desea leer la nota en inglés, haga clic aquí.

Traducción: Valeria Agis

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