Producto de México II: “Yo sólo quiero irme a casa”

SAN GABRIEL.- Ricardo Martínez y Eugenia Santiago estaban desesperados.

En el campo de trabajo de Bioparques de Occidente, ellos y otros trabajadores agrícolas dormían sobre pisos de concreto. Sus habitaciones estaban llenas de alacranes y chinches. Las comidas eran escasas y el hambre era constante. Los mayordomos mantenían a raya a las personas con amenazas y, cuando eso fallaba, con los puños.

El escaparse era tentador pero riesgoso. El complejo estaba cercado con alambre de púas y era vigilado por los mayordomos en vehículos todo terreno. Si la pareja llegaba más allá de las puertas, la policía local los podría arrestar y traerlos de vuelta al campamento, donde entonces serían despojados de sus zapatos.

Martínez, de 28 años de edad y Santiago, de 23 años de edad, decidieron correr el riesgo. Bioparques fue uno de los exportadores de tomates más grandes de México, un proveedor para Wal-Mart y las principales cadenas de supermercados. Pero las condiciones en el campamento de la empresa, Bioparques 4, se habían hecho insoportables.

La pareja dejó sus mochilas para evitar sospechas y salieron caminando por la puerta principal. Al acercarse a la carretera, un carro llegó rechinando y cuatro mayordomos del campamento salieron del carro. Uno agitó un palo hacia ellos.

“Están tratando de irse”, dijo el mayordomo, después de notar un cambio de ropa dentro de una bolsa de plástico que Martínez llevaba.

“Sólo voy a dar un paseo”, dijo Martínez.

“Entra en el carro o te quiebro”, respondió el mayordomo.

Al día siguiente, Martínez y Santiago estaban de vuelta en el trabajo en los campos de tomate.

Cuando finalmente fue expuesto el maltrato de los trabajadores en el campo, las autoridades mexicanas realizaron arrestos, impusieron multas y prometieron hacer un ejemplo de la compañía. Sin embargo, un año y medio después, el caso de Bioparques habla más sobre la impunidad de la agroindustria mexicana que de la responsabilidad.

Bioparques es una empresa emblemática del milagro agrícola de México. Su propietario, Eduardo De La Vega, ha transformado la región localizada alrededor de San Gabriel, al sur de Guadalajara, en una potencia exportadora con 500 hectáreas de invernaderos, una planta empacadora y una pista de aterrizaje ejecutiva.

Con capacidad de cosechar durante 10 meses del año, la compañía cultiva tomates a escala masiva en la mega-granja de Bioparques en San Gabriel y en una segunda granja localizada en el estado de Sinaloa, llamada Agrícola La Primavera. La compañía ha enviado hasta 6 millones de cajas de tomates al año a los Estados Unidos desde las dos ubicaciones. Los tomates son vendidos bajo la marca registrada de Kaliroy.

Wal-mart fue uno de los mayores compradores de tomates de Bioparques. De acuerdo a las encuestas de precios de la industria, Safeway y Albertsons también han surtido tomates Kaliroy. Las encuestas no indican cuál de las granjas de De La Vega proveyó a las dos cadenas.

A partir del 2007, la Corporación Financiera Internacional, un brazo del Banco Mundial que ayuda a las empresas de los países en desarrollo, le ha prestado $17 millones de dólares a Bioparques para expandir sus operaciones.

En el 2009 y otra vez un año más tarde, la organización no lucrativa, Centro Mexicano para la Filantropía, honró a la compañía Bioparques con el título de “empresa socialmente responsable”.

Los auditores independientes de seguridad alimentaria y los inspectores de Wal-mart visitaron los invernaderos y la planta empacadora de San Gabriel, certificando que la compañía cumplía con los rigurosos requisitos de seguridad.

Los trabajadores fueron aleccionados en la forma correcta de seleccionar, recoger y manejar los tomates. La fruta tenía que estar de color rojo claro, regordeta y brillante.

Los jornaleros se lavaban sus manos en las estaciones de desinfección cada vez que entraban en el invernadero. Si un tomate tocaba el suelo, lo descartaban. La joyería estaba prohibida. Los trabajadores se recortaban sus uñas para evitar el más mínimo daño a los tomates Roma.

“Nos dijeron que estos eran de la más alta calidad, que lo que recolectábamos se iría hacia el otro lado”, dijo Gerardo González, de 18 años de edad. “Si los tomates se perforaban o se amorataban en cualquier forma, no serían adecuados para ellos”.

Muchos de los “socios” de la compañía eran personas indígenas de la Huasteca, una región montañosa y subtropical y de extrema pobreza, que cubre partes de los estados de Hidalgo, San Luis Potosí y Veracruz.

Martínez y Santiago se encontraban entre los 100 campesinos reclutados en la primavera del 2013 por un contratista de trabajo para Bioparques. El contratista promocionó los trabajos de la gigante granja de exportación, diciendo que pagaría 100 pesos al día (alrededor de $8 dólares). Además decía que las comidas serían gratis, junto con la vivienda y el cuidado infantil.

Después de un viaje de 550 millas en autobús, los trabajadores llegaron a Bioparques. Su hogar durante los próximos tres meses fue el campamento Bioparques 4, administrado para la empresa por parte del contratista de trabajo y que no era nada parecido al complejo principal de la compañía, el cual tenía una escuela, una guardería y otras comodidades.

El campamento BioParques 4 estaba fuera de la vista, y era una extensión de tierra sin árboles localizada al final de un largo camino de tierra. En el cúmulo de edificios de ladrillo, las personas durmieron sobre tapetes en el piso en las habitaciones de 12 por 12 pies. A menudo dos familias ocupaban la misma habitación.

Las madres hacían cunas de malla para proteger a sus bebés de los alacranes y colgaban lonas de plástico para dividir la habitación. Las peleas estallaban por el uso de la única estufa de gas que había en cada habitación.

El campamento no tenía área de juegos ni escuela para las decenas de niños. Algunos de los niños seguían a sus padres al trabajo. La hija de 13 años de Bernabé Pascuala insistió en ello. “Quería venir con nosotros porque no había ninguna escuela”, dijo Pascuala.

Este recuento de las condiciones del campamento se basa en las entrevistas realizadas con 13 jornaleros que vivieron ahí esa primavera. Los Angeles Times entrevistó a algunos en sus aldeas de origen en la Huasteca y otros por teléfono. El periódico también habló con los inspectores laborales mexicanos y con los empleados de Bioparques y visitaron el campamento.

Felipe Hernández, un padre de siete hijos y de 50 años de edad que vivió en Bioparques 4, dijo que ahí la vida era tolerable al principio. Recolectando tomates seis días a la semana, estaba contento de embolsarse un salario de 100 pesos por cada ocho horas de trabajo. Pero los mayordomos se cambiaron pronto a un sistema de cuotas. Los trabajadores tendrían que rellenar un mínimo de 60 baldes de tomates para ganar los 100 pesos.

Con el aumento de la temporada final y muchas plantas ya casi vacías, Hernández batalló para encontrar suficientes tomates. Si tenía suerte, llenaba 30 cubetas con un costo de $3 dólares.

Mientras que los trabajadores más jóvenes con manos rápidas obtuvieron un pago extra para comprar mercancías en la tienda de la compañía, los recolectores de mayor edad tuvieron que suplicar por comida. Hernández ni siquiera podía darse el lujo de comprar jabón.

“Los niños eran los que tenían dinero, así que tuve que pedir prestado”, dijo Hernández.

El observar a los trabajadores de mayor edad batallar, le causaba dolor a Jorge Santiago de la Cruz, de 26 años de edad. “No fue justo porque llegaron pensando que ganarían un sueldo decente”, dijo Santiago.

Por la mañana, los trabajadores recibían un altero de tortillas para el día. El almuerzo y la cena consistían de sopa aguada, con raciones ocasionales de frijoles y arroz.

Un día los mayordomos mataron a un cerdo y se alimentaron con él. Al día siguiente, los trabajadores encontraron pedazos de huesos y trozos de carne de cerdo en su sopa. Sería su único sabor de carne durante semanas.

Los niños no pudieron soportar la sopa. Era demasiado picante. La leche y los huevos, disponible sólo a precios inflados en la tienda de la compañía, estaban fuera de su alcance.

Un día, una madre se enfrentó a uno de los mayordomos, pidiendo más tortillas.

Ricardo Martínez, quien se encontraba en la línea de sopa detrás de la mujer, recordó la reacción del mayordomo.

“Le dijo que sólo conseguiría una bofetada en la cara”, dijo Martínez. “Entonces un hombre mayor se puso enfrente y dijo, ‘No le pegues, pégame a mí’”.

Martínez dijo que el mayordomo tumbó al hombre al suelo y lo golpeó. “Ell solamente necesitaba más tortillas para sus hijos. Lo que le dieron no era suficiente”, dijo Martínez.

Las personas que estaban demasiado enfermas para trabajar eran puestas en la lista de personas a las que no se les iba a pagar. No podían estar formados en la línea de la sopa al menos que barrieran el campo.

Guillermo Martínez, de 18 años de edad, desarrolló un sarpullido y una tos seca después de sus primeros días en el trabajo como rociador de pesticida. Por lo menos otras cuatro personas han dicho que sufrieron de los mismos síntomas.

Cuando Martínez pidió ver a un doctor, un mayordomo le restó importancia a la petición, dijo Martínez. “Me dijo a mí, ‘No necesitas medicina. Estas joven’”.

Martínez dijo que se quería escapar, pero sabía que perdería los salarios que había ganado.
Los mayordomos les pagaron a los trabajadores al final de sus contratos de tres meses, una práctica prohibida por la ley mexicana pero que es muy común en el sector de exportación agrícola.

“Pensé, he ganado 2,500 pesos [Alrededor de $200 dólares], y no lo quiero perder”, dijo Martínez. “Sigues pensando, he trabajado tan duro para tener esto”.

A los trabajadores se les ocurrían planes para escapar mientras la desesperación se apoderaba del campamento.

“Un señor me dijo, ‘Conozco un buen campo en Colima. Ahí le dan a las personas buena comida,’” recordó Jacinto Rivera Ramírez, de 17 años de edad. “Le dije, ‘Estoy solo y no sé qué es lo que va a suceder en el otro lado (del cerco). Me voy a aguantar”.

Otras personas estaban dispuestas a arriesgarse. El mejor momento para intentarlo era a principios de la mañana, cuando solo un mayordomo rondaba por los terrenos. Las personas escalaban el cerco o se arrastraban a través de los huecos estrechos en la base del cerco.

Algunas personas caminaban las 10 millas por la carretera de dos carriles hacia el pueblo de San Gabriel y tocaban las puertas de las iglesias, rogando para que les dieran dinero. La mayoría no llegaba tan lejos.

Dos mujeres jóvenes que fueron descubiertas afuera de la puerta del campo por un guardia de la empresa fueron arrastradas hacia adentro. Uno de los mayordomos tenía a cada una de las mujeres agarrada por el cuello, dijo Guillermo Martínez.

“Yo solo quiero irme a casa”, recordó Martínez que gritaba una de las mujeres.

Los mayordomos aventaron las mochilas de las mujeres en un almacén lleno de pertenencias confiscadas. Los mayordomos rutinariamente tomaban los zapatos de los trabajadores fugitivos y les descontaban tres días de salario.

En algunas ocasiones, hacían cosas peores. Fabian Bautista, de 23 años de edad, dijo que despertó una noche para ver como un trabajador fugitivo fue golpeado en su habitación.

El 10 de junio del 2013, tres personas lograron escapar. Recorrieron 100 millas hasta llegar a Guadalajara, donde notificaron a las autoridades. Al siguiente día, docenas de oficiales estatales y federales llegaron a Bioparques.

Ricardo Martínez, quien había recurrido a buscar entre los botes de la basura para encontrar comida, se derrumbó cuando vio a la policía y a los soldados entrando a través de las puertas del campamento.

“A decir verdad, yo lloré. Todo el mundo ahí estaba muy enfermo”, dijo Martínez. “Nos trataron como esclavos”.

Doscientas setenta y cinco personas se encontraban atrapadas, incluyendo dos docenas de niños desnutridos.

Por lo menos un hombre había sido atado a un árbol y golpeado por los jefes del campamento, dijo Juan Ramírez Arrona, un director general de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del estado de Jalisco.

“Estaban totalmente cautivos, eran prisioneros”, dijo Ramírez en una entrevista.

Bioparques no ofreció ningún comentario a los medios de comunicación mexicanos que llegaron hasta el campamento ese día. La cobertura de la noticia no mencionó a Wal-Mart o al Banco Mundial.

La oficina del Fiscal General de Jalisco arrestó a cinco personas y las acusó con el cargo de tráfico humano. Dos de esas personas eran empleados de Bioparques. Los otros tres trabajaban para Placido García, el contratista de trabajo que estaba a cargo del campamento. García está siendo buscado por las autoridades..

Los funcionarios laborales estatales y federales le ordenaron pagar a Bioparques aproximadamente $700,000 dólares en sanciones por violar las leyes de salubridad y trabajo.

Había más en juego que las multas y el destino de los acusados. Las condenas por tráfico de seres humanos dañarían la reputación de Bioparques y podría poner en peligro sus lazos con las compañías estadounidenses. Wal-Mart podría enfrentar preguntas sobre sus sociedades con los exportadores mexicanos. El gigante minorista dijo que supervisaba rigurosamente las condiciones laborales de sus proveedores.

El Secretario de Trabajo de Jalisco, Eduardo Almaguer Ramírez, dijo que quería convertir a su estado en un modelo nacional de responsabilidad del empleador y trato humano de los trabajadores agrícolas.

Esto fue un discurso poco frecuente en México. Sus grandes granjas exportadoras han generado miles de empleos. Los propietarios de los negocios agrícolas son adinerados y tienen influencias políticas. Los funcionarios del gobierno han tenido poca disposición para someter las operaciones de los campos a una investigación exhaustiva.

El caso se encuentra paralizado en el opaco sistema judicial de México.

Minerva Gutiérrez, una portavoz de Bioparques, dijo que los dos empleados de la compañía que fueron acusados de tráfico humano han sido exonerados por un juez.

La oficina del Fiscal General del estado de Jalisco dijo que no podían confirmar esto. En repetidas ocasiones se negó a proporcionar información sobre el estado de los cargos en contra de los acusados.

En cuanto a los $700,000 dólares en multas, Almaguer dijo que Bioparques todavía estaba en la mira. Pero la portavoz de la compañía dijo que “las multas han sido canceladas” después de que Bioparques cumplió con los requerimientos de salud y seguridad.

Gutiérrez culpó a García, el contratista, de las condiciones “lamentables” del campamento Bioparques 4. Los esfuerzos por contactarlo, incluyendo una visita realizada a su casa en la Huasteca, fueron en vano.

Gutiérrez dijo que los trabajadores del campamento Bioparques 4 ahora reciben su pago semanalmente. Los trabajadores que han laborado ahí desde que se realizó la redada, dijeron que ahora tienen acceso a una escuela y a una guardería.

Wal-Mart dice que ha dejado de comprar productos de Bioparques después de la redada. La portavoz Jo Newbould dijo que la acción fue basada en las propias investigaciones realizadas por Wal-Mart sobre las condiciones de la granja, una auditoría independiente y la investigación del gobierno mexicano.

Albertsons se negó a dar un comentario.

Safeway dijo en un comunicado que toma a “cualquiera y a todas las reclamaciones, en cuanto a las condiciones de los trabajadores, de forma seria” y estaba investigando los supuestos abusos.

El Banco Mundial dijo que le ha pedido a Bioparques llevar a cabo un “plan correctivo” que incluye la contratación de un especialista en recursos humanos, el educar a los trabajadores sobre sus derechos y el contratar a más trabajadores sociales.

El banco no ha retirado su apoyo financiero. Los funcionarios decidieron que los problemas en el campamento Bioparques 4 fueron una aberración, dijo Cecilia Rabassa, oficial jefe de inversiones para para la Corporación Internacional Financiera del banco.

“Decidimos seguir invirtiendo con ellos”, dijo Rabassa.