Representante Cámara de P.Rico critica a la Junta por situación en cárceles
La presidenta de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, María Milagros Charbonier, criticó este lunes a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) por la crisis que se vive en las instituciones carcelarias de la isla “ante la reducción de más personal por el recorte millonario realizado por el ente federal al Departamento de Corrección y Rehabilitación”.
La Representante indicó que la Comisión de lo Jurídico que preside ha realizado vistas oculares en varias instituciones carcelarias y han sido testigo de las precarias condiciones de trabajo en que trabajan los oficiales correccionales y viven los reos.
“Es importante señalar que la falta de recursos para adiestramiento y contratación de personal en todas las áreas han sido varios de los hallazgos en la investigación que ha realizado nuestra Comisión. Desde empleados de mantenimiento hasta psicólogos y psiquiatras para atender a la comunidad correccional”, indicó.
Adicional, “los oficiales correccionales necesitan mejor paga y mejores condiciones de trabajo. La labor que estas personas realizan conlleva un alto nivel de peligrosidad y riesgo para sus vidas. Donde se necesitan dos oficiales correccionales hay uno, y donde se necesitan cuatro hay dos”, subrayó.
“También fuimos testigos de como los sistemas de cámaras de seguridad no son los adecuados y no operan en toda su capacidad en ninguna de las cárceles que hemos visitado. Eso representa un alto riesgo a la seguridad de los oficiales, como sucedió en Ponce, y para la protección de los mismos confinados”, remarcó.
Charbonier hizo un llamado a la JSF para que “devuelva más dinero al Departamento de Corrección y Rehabilitación de los 14 millones que le recortó y ayuden a mejorar los sistemas de seguridad y condiciones de trabajo en las cárceles”.
“El ente federal está viendo el asunto como uno de números y no como uno de crisis de seguridad, y malas condiciones de vida y trabajo. Esto es un asunto humano, de derechos civiles y no lo están mirando así. En las cucharas hay una población de más de dos mil presos con un psiquiatra por tele-consulta, dos psicólogos y como tres trabajadores sociales. Cada uno tiene aproximadamente la atención de 700 presos. Imagínense la carga que tienen esos seis trabajadores”, recalcó.
Además, la tardanza para aprobar cualquier asunto de presupuesto que requiere respuesta urgente por asuntos de seguridad “es el día a día en las instituciones carcelarias. Todo pasa por una largo y burocrático proceso de aprobación entre la Junta de Control Fiscal y OGP”.
“Mi llamado a los miembros de la Junta y a Jaresko (Natalie, directora ejecutiva de la JSF), es que pongan el oído en tierra, y que hagan lo imposible para evitar que la bomba de tiempo que se siente y se percibe en las cárceles valla a terminar en una tragedia mayor y la perdida de más vidas”, concluyó.
