El Gobierno de Guatemala seguirá negociando con EE.UU. el acuerdo migratorio
El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, celebró este martes que con el fallo de la Corte de Constitucionalidad su Gobierno tenga luz verde para seguir negociando el acuerdo migratorio firmado con Estados Unidos y empezar a desarrollar una hoja de ruta para su implementación.
“Ahora podrán continuar, estaban detenidos todos los procesos de negociación”, aseguró el jefe de Estado de Guatemala en una conferencia de prensa después de conocerse que el máximo tribunal del país había revocado un amparo provisional que advertía al Gobierno que necesitaba la aprobación del Congreso.
Estados Unidos y Guatemala firmaron el pasado 26 de julio un convenio de cooperación de asilo que obliga a los migrantes que atraviesan el país centroamericano, según el Gobierno estadounidense solo salvadoreños y hondureños, a pedir asilo en Guatemala en vez de en territorio estadounidense.
Este acuerdo, que ha generado controversia porque diversos sectores consideran que Guatemala no tiene la capacidad para asumir los retos, es todavía desconocido y de su entrada en vigor dependen otros documentos firmados por ambos Gobiernos, como una ampliación de visas temporales para trabajadores agrícolas guatemaltecos en suelo estadounidense.
El Gobierno de Donald Trump, que había amenazado con sanciones económicas a Guatemala si no ratificaba este convenio migratorio, ha asegurado que se implementaría en cooperación con la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) para tramitar el proceso de personas que busquen asilo político bajo las normas internacionales de la convención de refugiados.
Y supuestamente sería esta entidad la que gestione los fondos que Estados Unidos aporte al proyecto -al menos unos 30 millones de dólares- pues según Morales el Gobierno de Guatemala no dará dinero para su puesta en marcha.
Ahora, con la decisión de la Corte de Constitucionalidad, que recuerda que es el presidente el que dirige la política internacional, el Gobierno de Guatemala tendrá carta blanca para seguir negociando este asunto, que entrará en vigor cuando las dos partes haya cumplido con “los procedimientos jurídicos de cada país”.
Aunque el presidente admitió que están analizando el fallo, aseveró, como lo había hecho en otras ocasiones, que ese convenio no debe ser aprobado por el Congreso y reiteró que si fuera por él y su Gobierno ya se hubiera puesto en marcha desde el pasado mes de agosto.
“?La Constitución es clara o no es clara? Clarísima. Y si la Constitución dice que un acuerdo que no esté dentro de esos incisos o artículos no debe ir al Congreso, si la Constitución lo dice, está más que claro. No lo digo yo”, aseguró el mandatario a los periodistas en los pasillos del Palacio Nacional de la Cultura.
Sin embargo, a su juicio hay gente “interesada” en que Guatemala no tenga buenas relaciones con Estados Unidos, como el grupo de abogados amparistas y el titular de la Procuraduría de Derechos Humanos, Jordán Rodas, a quien acusó de trabajar bajo “una ideología internacional” y no por el interés de los guatemaltecos.
Por su parte, el secretario general de la Corte de Constitucionalidad, Martín Guzmán, indicó que la institución nunca quiso impedir al presidente suscribir un acuerdo, sino prevenirlo de los aspectos legales que deberían tenerse en cuenta, como la aprobación del mismo por el Parlamento.
Precisamente con base en que el Gobierno de Guatemala reconoció en sus escritos que el acuerdo será enviado al Congreso para su visto bueno, la Corte decidió revocar el amparo, y máxime después de ver que el artículo 8 de ese documento indica que entrará en vigencia después de un “canje de notas entre las partes”.
En ellas, los dos países deberán indicar que cada uno ha “cumplido con los procedimientos jurídicos nacionales necesarios para el efecto”, entre los que está incluido, según la Corte, el trámite en el Legislativo.
“Así lo describió la ministra de Relaciones Exteriores en el escrito en el que remitió copia certificada del acuerdo en mención”, proclamó, y agregó que la firma no conlleva su “vinculación jurídica” toda vez que debe ser aprobado por el Congreso, “si es el caso”.
El secretario del máximo tribunal del país volvió a reiterar que a pesar de esta sentencia, la Corte de Constitucionalidad se reserva el derecho de volver a examinar “de oficio o a petición de parte” el amparo según las circunstancias existentes.
Un total de 71.982 guatemaltecos fueron deportados por Estados Unidos y México en los primeros ocho meses del año, una cifra superior un 16,72 por ciento al mismo periodo de 2018, cuando habían deportado a 61.671 personas, según la Dirección General de Migración del Ministerio de Interior.
En Guatemala, considerado como uno de los diez países más desiguales del mundo, la pobreza afecta a casi el 60 por ciento de su población y es, entre otras causas, consecuencia de que miles de habitantes migren hacia Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida.
Además, el país centroamericano, en donde el salario mínimo es de 388 dólares mensuales y el costo de la canasta básica alimentaria supera los 467 dólares, tiene a uno de cada dos niños menores de cinco años con desnutrición crónica, la tasa más alta de toda América Latina.
De hecho, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales asegura que el uno por ciento de los habitantes más ricos de Guatemala suma el 40 por ciento de los ingresos de los más pobres y que esta desigualdad social priva de servicios esenciales como agua potable, salud y electricidad a los más vulnerables, especialmente a los pueblos indígenas.
