El tribunal sudanés escucha más testigos en el caso de corrupción contra Al Bashir
El expresidente sudanés Omar al Bashir, derrocado el pasado 11 de abril, asistió hoy a la cuarta sesión del juicio contra él por corrupción y posesión ilegal de divisas, en la que fueron escuchados nuevos testimonios sobre los millones que el exmandatario manejaba cuando estaba en el poder.
En el banquillo se sentó hoy el director se la oficina de Al Bashir, Yaser Bashir, quien reveló que recibió 10 millones de euros de mano del expresidente.
Bashir detalló que unos 5 millones fueron entregados a las Fuerzas de Apoyo Rápido, poderoso cuerpo de seguridad que respondía a las órdenes de Al Bashir y que está acusado de haber llevado a cabo atrocidades en la región conflictiva de Darfur.
Otros cuatro millones fueron destinados al Ministerio de Defensa y un millón a “una misión especial” del Ejército, declaró el general Bashir.
Por otra parte, el director financiero de la Universidad Internacional de África, Abdelmoneim Mohamed al Jidr, declaró haber recibido 4 millones de euros, que fueron depositados en la cuenta de la Universidad.
Aclaró que ese monto era un “apoyo” del Gobierno a este centro de estudios islámicos que contaba con el respaldo del Estado sudanés.
Mientras, la defensa de Al Bashir presentó una solicitud para volver a redactar la acusación y la confesión de su cliente, alegando que esta fue obtenida por jueces “afiliados a un partido político” que carecen de “independencia”, según el abogado Ahmed Ibrahim al Taher.
Al Bashir no habló durante la sesión, pero estuvo presente vestido con la tradicional ropa blanca y turbante. En la sesión anterior, hace una semana, aseguró que el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salman, le había enviado 25 millones de euros en un avión privado.
Tras su arresto, las autoridades encontraron en su residencia 6,9 millones de euros, 351.000 dólares y 5,7 millones de libras sudanesas (unos 126.000 dólares), según la Fiscalía, que le acusó formalmente de posesión ilegal de divisas, enriquecimiento ilegal y corrupción.
Esos son los primeros cargos contra el exmandatario que también se puede enfrentar a otros más graves por la represión de los manifestantes durante las protestas que entre diciembre de 2018 y abril de 2019 acabaron con su mandato de 30 años.
