Mexicana encara su deportación con un hijo menor a la espera de un trasplante

Tras huir de su México natal en 2002 por un caso de violencia doméstica, Yisel Salazar vuelve a sentir miedo al enfrentarse a una rápida deportación, pero el temor no es por volver a su país, sino por no poder acompañar a su hijo de 5 años, que espera un trasplante de riñón que salve su vida.

Salazar, de 29 años, dejó su vida como encargada de un McDonald’s para centrarse en el cuidado de su hijo Anthony cuando a los 7 meses de edad le diagnosticaron síndrome nefrótico.

Este trastorno renal, por el cual le quitaron un riñón a los 4 años de edad, le mantiene “atado” a una máquina de presión arterial y una bomba de alimentación que regula su trastorno renal potencialmente mortal.

La semana pasada, el abogado que lleva su caso desde hace ocho años, Dan R. Larsson, recibió una notificación del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) de que le negaban su hasta ahora renovación rutinaria del beneficio conocido como “medical deferred action”, alegando un cambio de política y dándole 33 días para salir del país.

La decisión de las autoridades de inmigración no sólo afectaba a Salazar, sino a su hijo, porque, para poder ser operado, Anthony debía tener al menos un padre o tutor con estatus migratorio en el país y ninguno de sus progenitores lo tienen en este momento.

Pero para alivio de Salazar, el hospital Oregon Health & Science University (OHSU) de Portland le comunicó hace unas horas que, pese al cambio en su estatus legal en EE.UU, van a seguir con el proceso de Anthony y ha vuelto a la lista de pacientes a la espera de un trasplante.

Tras conocer esta buena noticia, Salazar dijo a Efe que se siente “aliviada”, porque, aunque se vea de nuevo en un país que “ni siquiera conozco”, al menos el trasplante de su hijo sigue adelante, aunque quizás no pueda estar con él para cuidarle.

La batalla de Salazar por obtener un estatus legal comenzó cuando llegó a Estados Unidos junto a su madre, quien solicitó asilo político por ser víctima de violencia doméstica en su país.

Las ilusiones de las mexicanas se desvanecieron en 2011, cuando denegaron la petición y deportaron a la progenitora de Salazar.

La mexicana sí pudo proseguir con su petición y en 2015 anexó a su caso una solicitud para protegerse de la deportación bajo el “medical deferred action”, por ser madre de un ciudadano estadounidense que necesita de cuidado medico vital.

Este beneficio es el único que ha evitado que Salazar sea deportada, ya que en varias ocasiones la solicitud de residencia permanente le ha sido negada.

Sin embargo, el Gobierno del presidente Donald Trump comenzó en agosto pasado a retirar los permisos especiales que permiten permanecer en Estados Unidos a padres indocumentados de niños estadounidenses que sufren enfermedades graves o tienen condiciones de salud que los obliga a depender de sus familiares.

Si finalmente tuviera que ser deportada, Anthony y sus hermanos, de 3 y 12 años, todos ellos nacidos en EE.UU, se verían en apuros porque su padre, Edgar Sánchez, jardinero de profesión y también de nacionalidad mexicana, tampoco tiene estatus legal y podría ser también expulsado.

“A mi hijo no lo puedo llevar conmigo porque aquí es donde le siguen su caso y donde está medicado; la gente no sabe lo difícil que sería mantenerlo vivo allí”, explicó Salazar.

Al conocerse la decisión del Gobierno de suspender el “medical deferred action” se suscitó una ola de críticas y esta semana USCIS anunció que reabriría los casos, que serán analizados caso a caso, lo que para Larsson abre una vía de esperanza al caso de Salazar.

“Hemos iniciado ya una petición de revisión en un tribunal de inmigración en Portland, pero ingresar en los procedimientos de deportación conlleva siempre un riesgo y cabe la posibilidad de ser deportada”, dijo Larsson. “Quizá este nuevo aviso permita revisar su caso”.

Salazar prepara a sus hijos para el nuevo curso escolar bajo presión y con un pensamiento que explica con mucho pesar: “Ser inmigrante no es sencillo. Mi padre mató a un hombre, y por las amenazas de revancha nos vinimos en 2002”.

“Luego volvió a México y estuvo en la cárcel 15 años pagando su crimen”, añadió. “Con 10 años tuve que entender lo que era un problema de vida o muerte y ahora sólo quiero que mi hijo viva”, dijo.