Anuncio
Share

Junta Supervisión anticipa una mejor relación con el nuevo Gobierno de P.Rico

Junta Supervisión anticipa una mejor relación con el nuevo Gobierno de P.Rico

El presidente de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) puertorriqueña, José Carrión (i) y la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko (d), atienden a los medios este jueves tras reunirse por primera vez con la nueva gobernadora de la isla, Wanda Vázquez, en La Fortaleza, sede del Ejecutivo, en San Juan, Puerto Rico,. Carrión dijo este jueves que espera mantener una mejor relación con la nueva gobernadora que con su predecesor Ricardo Rosselló, además de tender la mano para que Puerto Rico alcance la estabilidad. EFE/Thais Llorca

EFE

El presidente de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), José Carrión, dijo este jueves que espera mantener una mejor relación con la nueva gobernadora, Wanda Vázquez, que con su predecesor Ricardo Rosselló, además de tender la mano para que Puerto Rico alcance la estabilidad.

“Fue una reunión buena, un encuentro preliminar para ver cómo podíamos ayudarla a proporcionar estabilidad en Puerto Rico”, dijo Carrión tras acudir junto a la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, a La Fortaleza, la sede del Ejecutivo, donde se reunieron con Vázquez, por vez primera desde que accediera al cargo hace una semana.

“Vamos a partir de la premisa de que vamos a confiar en el Gobierno”, sostuvo Carrión, después de asegurar que uno de los objetivos de la JSF es el de “proveer estabilidad a la isla”.

Carrión insistió en que trataron un amplio número de temas junto a la gobernadora, pero que no se profundizó en ninguno en particular, sino que habló de varios “pendientes para ver cómo podemos afrontar el futuro”.

Anuncio

La lista de temas abordados hoy junto a la gobernadora incluyeron la reestructuración de la deuda pública, los cambios futuros en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el presupuesto y la reforma municipal, entre otros.

Carrión no dio detalles sobre el enfrentamiento en los tribunales con el Ejecutivo a causa de la entrada en vigor de la Ley 29, norma que libera a los municipios de las isla de las aportaciones al sistema de retiro y el sistema de salud.

La JSF presentó el pasado mes de julio una demanda contra el Gobierno puertorriqueño para que se invalide la Ley 29.

La demanda fue presentada contra el entonces gobernador, Ricardo Rosselló, y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) en el Tribunal federal para evitar que el Ejecutivo ponga en efecto la Ley 29 y obligar al Gobierno a cumpla con la normativa de la Ley Promesa.

Anuncio

Jaresko subrayó que la desaceleración consecuencia de las protestas de julio que supusieron la dimisión de Rosselló no han implicado cambios en los planes fiscales y medidas de austeridad fiscal.

La directiva indicó además que esos incidentes no supusieron una merma en la recaudación del Gobierno.

En cuento a la falta de fondos para el programa de Educación Especial, dijo que ha mantenido una reunión con funcionarios del Departamento de Educación para tratar el asunto.

Preguntados sobre los contratos firmados por Rosselló durante las dos últimas semanas que precedieron a su salida del Gobierno, indicó que el nuevo jefe de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, Omar Marrero, se ha comprometido en enviar esa información.

“Marrero nos indicó que hará todo lo posible por entregarnos la mayor cantidad de documentos para mañana”, sostuvo.

La gobernadora anunció el pasado fin de la interrupción del contrato con la empresa Stantec, por un total de 450.000 dólares, que se firmó para llevar a cabo trabajos de reconstrucción del sistema eléctrico de Puerto Rico.

La JSF y el exgobernador Rosselló mantuvieron durante su mandato una larga serie de desencuentros derivada de que el antiguo jefe del Ejecutivo acusaba a la entidad de control federal de tratar de inmiscuirse en la política pública de la isla caribeña, que siempre defendió se trata de una prerrogativa que le corresponde al Gobierno.

La entidad federal de control al Ejecutivo puertorriqueño quedó establecida por la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, su sigla en inglés), una norma aprobada por el Congreso en Washington para afrontar el problema de la multimillonaria deuda que amenazaba con colapsar la economía de la isla caribeña.

Anuncio


Anuncio