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Niegan a Fiscalía apelación sobre pena de muerte a indocumentado mexicano

Niegan a Fiscalía apelación sobre pena de muerte a indocumentado mexicano

Agentes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) patrullan a la casa del jefe mafioso Francesco “Frank” Cali, líder de la familia Gambino, donde fue asesinado a tiros ayer por la noche en Staten Island, Nueva York (EE.UU.). EFE/Kena Betancur/Archivo

EFE

La Corte de Apelaciones de Arizona negó una petición de la Fiscalía para aplicar la pena de muerte al inmigrante mexicano indocumentado Apolinar Altamirano, en el asesinato a tiros en 2015 de un dependiente en una tienda de Mesa, Arizona.

Según documentados judiciales, la corte mantuvo la decisión hecha antes por un juez de distrito que dictaminó que la Fiscalía no puede solicitar la pena de muerte contra Altamirano porque éste sufre una discapacidad mental.

El mismo magistrado prohibió el pasado mes de octubre que la fiscalía use el estatus migratorio del mexicano, ya que el hecho de haber vivido en el país sin autorización legal por más de 20 años no tiene relevancia para el caso.

Altamirano, de 34 años, asesinó a tiros al joven de 21 años Grant Ronnebeck, un dependiente en una tienda de conveniencia y quien había insistido al mexicano que pagara por un paquete de cigarros que intentaba llevarse a la fuerza.

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Tras el ataque, Altamirano se dio a la fuga en su automóvil y al cabo de una persecución fue arrestado por la Policía que encontró dentro del vehículo una pistola y un paquete de cigarros sin abrir.

El caso ha sido aludido por el presidente Donald Trump en mítines cuando se ha referido a crímenes cometidos por inmigrantes indocumentados contra ciudadanos estadounidenses.

Steve Ronnebeck, padre del joven asesinado y quien en varias ocasiones ha dado su testimonio en eventos organizados por la Administración de Trump, anunció la semana pasada su postulación al Congreso, en concreto en búsqueda del escaño que ocupa el demócrata Raúl Grijalva y que cubre parte de la frontera de Arizona con México.

Pendiente de juicio todavía, por este caso Altamirano cumple por ahora una sentencia de seis años tras declararse culpable de posesión ilegal de armas, aunque se ha declarado no culpable por asesinato, robo y otros cargos.

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En el año 2002 la Suprema Corte de Estados Unidos prohibió la pena de muerte en los casos de personas con discapacidades mentales.


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