Nicaragua ha ofrecido atención en salud mental a 768 víctimas de protestas
El Gobierno de Nicaragua informó este viernes que han atendido a 768 familias víctimas de los hechos de violencia ocurridos a partir del 18 de abril de 2018, calificado oficialmente como un “fallido intento de golpe de Estado”, en base a la Ley de Atención Integral a Víctimas.
En el período del 24 de junio al 7 de agosto pasado, las autoridades visitaron 768 familias de las víctimas, y que a igual número se les brindo atención en salud mental.
A 133 personas le brindaron atención especializada en medicina interna, neurocirugía, neurología, ortopedia, oftalmología y rehabilitación y fisioterapia, entre otras, según el informe.
Además, encontraron a 67 personas con discapacidad, entre ellos personas con discapacidad fisicomotora, visual, auditiva, psicosocial e intelectual, las cuales fueron ingresadas al programa estatal “Todos con Voz” para garantizar su rehabilitación física y apoyarlos con medios auxiliares.
Durante la visita, según las autoridades, hallaron a 184 personas que dependen de los fallecidos, de ellos 98 niños que quedaron huérfanos; y 360 personas que dependen de las personas lesionadas.
Entre los atendidos, se encuentran los familiares de los 22 policías fallecidos y los 397 oficiales que resultaron lesionados, quienes han recibido atención médica especializada, apoyo escolar a los hijos, asistencia legal, apoyo económico, actividades recreativas, atención psicológica, pago de hipotecas, mejoras y construcción de vivienda, de acuerdo con la información.
A finales de mayo pasado, el Congreso nicaragüense aprobó de urgencia la Ley de Atención Integral a Víctimas.
Esa Ley, propuesta por el presidente del país, Daniel Ortega, establece la creación de un Plan de Atención Integral (PAIV) en el que el Estado proporcionará la atención y la reparación para las víctimas y sus familiares.
Entre otros servicios, la ley ofrece a las víctimas acceso a salud, educación, trabajo, vivienda, ocio y recreación.
El Estado también apoyará a las víctimas afectadas en la recuperación de sus medios de vidas, y garantizará que puedan acceder a las instalaciones deportivas, centros de recreación y todos los espacios públicos de forma gratuita.
Asimismo, las víctimas y sus familiares podrán optar a los programas de vivienda que tiene el Gobierno.
La norma ha sido criticada por diversos sectores porque no incluye el tema de justicia para las víctimas.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de “más de 300 muertos”, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.
Mientras el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), tutelados por la CIDH, asegura que existen pruebas para argumentar que el Gobierno de Ortega ha incurrido en delitos de lesa humanidad en el marco del conflicto.
Nicaragua atraviesa una grave crisis que ha dejado 328 muertos desde abril de 2018, de acuerdo con la CIDH, aunque algunos grupos elevan a 595 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 200 -que llama “terroristas”, “golpistas” y “delincuentes comunes”- y denuncia un intento fallido de golpe de Estado.
Ortega, quien lleva más de doce años en el poder de manera continua, no acepta responsabilidad en la crisis ni tampoco los señalamientos generalizados sobre graves abusos de las autoridades contra los manifestantes antigubernamentales.
