Junta Fiscal P.Rico propone auditar empresa contratada por Gobierno local
La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para Puerto Rico anunció este jueves que emitió una solicitud de propuesta para contratar una firma independiente que audite las finanzas y de otros servicios prestados por la empresa de contabilidad BDO Puerto Rico al Gobierno local desde el año 2016.
Según explicó en un comunicado de prensa la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, el propósito de esta investigación es determinar si la integridad de alguno de los servicios provistos por BDO se vieron afectados por los presuntos cargos de corrupción que se le imputan a su pasado presidente, Fernando Scherrer.
De acuerdo con Jaresko, BDO Puerto Rico mantenía más de 95 contratos -los cuales estaban sujetos a más de 100 enmiendas- con el Gobierno de Puerto Rico y sus agencias durante el periodo en cuestión y en el que administró la isla el entonces gobernador Ricardo Rosselló.
Jaresko enfatizó que el foco de la investigación es de naturaleza financiera, ya que las acciones o remedios legales serían responsabilidad de las autoridades de ley y orden.
“Visibilidad y rendimiento de cuentas con respecto a los fondos públicos son esenciales para la buena gobernación. El pueblo de Puerto Rico tiene derecho de saber cómo y dónde se invierte su dinero”, dijo Jaresko.
“Si en efecto los servicios provistos por BDO Puerto Rico y sus afiliados estuvieron comprometidos, la ciudadanía merece saberlo. Cualquier determinación final de índole legal estará a cargo de las autoridades correspondientes”.
Fue el 10 de julio, cuando el FBI detuvo a Scherrer, así como a la exsecretaria de Educación de Puerto Rico Julia Keleher y a la exdirectora ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud en Puerto Rico Ángela Ávila por presunta corrupción.
Jaresko indicó que las solicitudes de propuesta deben someterse en o antes del 22 de agosto próximo, mientras que la JSF espera tener un informe final sobre la investigación dentro de los 90 días posteriores al comienzo de ésta.
Jaresko, no obstante, reconoció que “los resultados de la investigación dependerán principalmente del grado de cooperación del Gobierno y sus agencias, que determinarán si la JSF deberá recurrir a acciones legales para obtener la información necesaria”.
“En ese sentido, la Junta ejercerá plenamente sus autoridades para llevar a cabo esta investigación”, concluyó Jaresko.
La firma seleccionada informará directamente a la JSF y a su directora ejecutiva, y los resultados se harán públicos tan pronto como finalice la investigación.
