Nueva York aumenta la protección a víctimas de violencia de género económica
El estado de Nueva York aumentó este jueves la protección a las mujeres que sufren violencia de género de manera que se incluyan en esta definición algunas formas de abuso económico, y permitirá también que las víctimas puedan votar por correo a pesar de seguir viviendo en el mismo condado.
El gobernador, Andrew Cuomo, firmó un paquete de tres leyes, la primera de las cuales amplía la definición de los crímenes de “violencia doméstica” para incluir los abusos económicos, como el robo de identidad, el hurto agravado y la extorsión.
El segundo de los textos garantiza el derecho al voto por correo a estas víctimas, incluso si permanecen en el condado donde están registradas para votar, mientras que la tercera ley permite que las víctimas reporten dicha violencia a cualquier organismo de seguridad en el estado de Nueva York, sin importar dónde tuvo lugar el delito.
“La violencia doméstica es un azote silencioso que tiene el potencial de crear un trauma duradero en las víctimas. Al sancionar estas leyes, ampliamos la definición legal de violencia doméstica de tal manera que más abusadores sean responsabilizados y para empoderar a las víctimas para que consigan ayuda más rápido y que tengan protección cuando votan”, dijo en un comunicado Cuomo.
Estas medidas forman parte de la llamada “Agenda de Justicia para las mujeres 2019” que Cuomo ha defendido durante este año y cuyos proyectos fueron aprobados por el Congreso estatal.
Entre otras, el estado de Nueva York también prohibió por ley hace un mes la brecha salarial de género, de tal manera que las mujeres cobren lo mismo que los hombres por el mismo trabajo, y también vetó a las compañías que pregunten sobre el historial salarial durante las entrevistas de trabajo.
Además, en febrero también se aprobó la “Ley de Víctimas Infantiles”, que entra en vigor este mes y permitirá a las presuntas víctimas de abusos abrir un proceso civil hasta la edad de 55, en tanto que presentar cargos penales hasta los 28, frente a los 23 que permitía la ley anterior.
Además, incluye una “ventana al pasado” de un año, que permitirá a aquellos que no pudieron demandar anteriormente que lo hagan ahora.
