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Exgobernador de P.Rico deja tras de si crisis política y rastro de polémica

Exgobernador de P.Rico deja tras de si crisis política y rastro de polémica

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, ofrece una rueda de prensa. EFE/Michael Reynolds/Archivo

EFE

El exgobernador de Puerto Rico Ricardo Rosselló, dejó la gobernación el pasado dos de agosto firmando la víspera de su renuncia 66 medidas, nombrando a un sucesor que el Tribunal Supremo debe decidir si es legal y usando escoltas en el extranjero a los que legalmente no tiene derecho.

Unas acciones que dejan un rastro de polémica entre muchos ciudadanos que durante doce días en julio contribuyeron a su marcha tras su polémica participación en un chat privado y que ahonda la crisis política que ya vivía la isla.

De acuerdo a la directora ejecutiva de la organización social Espacios Abiertos, Cecille Blondet, en la víspera de su salida Rosselló firmó un total de 58 leyes que se suman a otros ocho desde que comunicó su renuncia en la medianoche del 24 de julio, para un total de 66.

Entre ellas, indicó, dos nuevas leyes que “amenazan derechos constitucionales de toda persona a obtener acceso a información pública y a la libre expresión”.

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El pasado 1 de agosto un día antes de la formalización de su salida de la gobernación, Rosselló rubricó su firma en las leyes 122 y la 141 y, al hacerlo “redujo la obligación del Estado de hacer públicas sus acciones, limitando de facto los derechos constitucionales al acceso de información, a la libre expresión y el ejercicio de la libertad de prensa”.

“En un acto de total desprecio al país, a oscuras, Rosselló firmó la Ley de Transparencia, que se convirtió en su última ley”, denunció la directora ejecutiva de Espacios Abiertos, una organización no gubernamental dedicada al reclamo de transparencia en la administración pública.

“Los legisladores que aprobaron esos proyectos también a cuartos oscuros y a sabiendas de lo que significa para la limitar del derecho ciudadano, son tan responsables de ese legado como el gobernador que firmó la ley y tendrán que rendir cuenta por su actos”, señaló.

La firma de Rosselló de las leyes de transparencia y datos abiertos, “puede presentar otra controversia que deberá resolver nuestro más alto Tribunal, puesto que son leyes que en efecto limitan derechos de estirpe constitucional”, indicó Blondet.

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Entre otras cosas, la llamada Ley de Transparencia elimina la posibilidad de solicitar información pública de forma verbal, uso y costumbre en la mayoría de los casos cuando se trata de miembros de la prensa, y en el proceso legislativo de enmiendas al proyecto original eliminó sanciones administrativas que incluían una multa de 250 dólares a quien obstruyera el flujo de información pública, indicó.

Eliminó, a su vez, la garantía de que si la información pública es de fácil acceso se omita el trámite burocrático creado por la mima ley y se entregue la misma de inmediato.

En el caso de la Ley de Datos Abiertos, se enumeran 12 excepciones a la debida divulgación de datos, ampliando incluso las contenidas en la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos (FOIA).

Otra de las polémicas que ha dejado tras de si Rosselló ha sido la del uso de escoltas.

El jefe de la policía de la isla, Henry Escalera, aprobó este martes, la asignación de escoltas al exgobernador -quien se encuentra actualmente fuera de la isla-, ya que existen, dijo, unas presuntas amenazas contra su persona.

La petición fue permitida por el juramentado gobernador, Pedro Pierluisi, de “manera excepcional y por un tiempo limitado”, agregó Escalera.

De acuerdo a la Ley 20 del Departamento de Seguridad Pública (DSP) de la isla, que vio la luz en 2017, los exmandatarios solo tienen derecho a escolta en Puerto Rico, pero no en el extranjero.

Rosselló formalizó este viernes su dimisión, presentada el 24 de julio, tras dos semanas de manifestaciones diarias en su contra tras la detención de varios altos funcionarios por supuesto fraude de fondos estatales y después de desvelarse el contenido de un chat en el que junto a varios asesores insultan y se burlan de varios colectivos y desvelan estrategias políticas.

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Tras su marcha, además, dejó tras de si un agravamiento de la crisis política y constitucional que vivía la isla.

El sucesor del gobernador, constitucionalmente, es el secretario de Estado, seguido del de Justicia.

Dos días antes de su marcha y ante la vacante en la secretaría de Estado por la renuncia de Luis Rivera, participante en el chat, designó como candidato a la secretaría al abogado Pedro Pierluisi.

Éste recibió el visto bueno y la confirmación como tal de la Cámara Baja una hora antes de la formalización de la renuncia de Rosselló, pero no del Senado que aplazó la vista hasta el lunes de esta semana.

A la hora de su dimisión el viernes, las cinco de la tarde hora local Rosselló dijo que su sucesor en el cargo era Pierluisi.

Un minuto después Pierluisi juró ante una jueza y en casa de su hermana como gobernador.

La legalidad o no de esa jura ha terminado en el Tribunal Supremo.

La opinión de expertos y abogados está dividida, ya que según la interpretación de la Constitución hace falta tener el aval de la Asamblea Legislativa completa, mientras que de acuerdo a la Ley 7 sobe sucesión, con una de las partes vale.

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Fue sobre esta ley que Rosselló decidió nombrar a Pierluisi su sucesor, pero ha sido sobre la consideración de que es inconstitucional que el presidente del Senado, Thomas Rivera, que no dio su visto bueno al ahora gobernador, ha llevado el tema al más alto tribunal de la isla para que decida.


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