Tribunal rechaza investigar las acciones de la embajada de Canadá en México
Un tribunal canadiense ha rechazado la petición de los familiares de Mariano Abarca, un activista mexicano asesinado en 2009, para que se investiguen las acciones de la embajada de Canadá en México en relación a su muerte.
Según se supo hoy, el juez del Tribunal Federal Keith Boswell emitió el pasado 18 de julio una resolución negativa contra la petición de la familia de Abarca y varias organizaciones de defensa de los derechos humanos en México y Canadá.
Familiares y abogados criticaron con dureza la decisión de Boswell que negó ordenar la investigación a pesar de que reconoció que “quizás Abarca no habría sido asesinado” si la embajada canadiense hubiese actuado de otra forma.
Los demandantes aseguraron que se están preparando para presentar una apelación ante el Tribunal Federal de Apelaciones.
El abogado que ha presentado el caso ante el Tribunal Federal de Canadá, Yavar Hameed, declaró que “esta decisión es muy deficiente y es altamente preocupante que un juez admitiera que las directivas que el Gobierno de Canadá publica y reconoce públicamente, no sean obligatorias para la actuación de los funcionarios públicos”.
“La decisión del juez tiene un impacto adverso sobre la operación ética y la fiscalización de las embajadas y el sector de servidores públicos de forma más generalizada”, añadió en un comunicado.
El abogado de la familia Abarca, Miguel Ángel de los Santos, también dijo que “esta decisión muestra que hubo muy poca voluntad por parte del juez para estudiar y analizar a fondo la evidencia, puesto que no consideró los argumentos que presentamos”.
Por su parte, José Luis Abarca, hijo del activista asesinado, afirmó que “estamos totalmente decepcionados del fallo, porque hemos caminado un largo trecho en búsqueda de justicia por el asesinato de mi padre, y no entendemos cómo es que el juez, reconoce que la embajada pudiera haber actuado de otra manera, lo cual habría hecho una diferencia para que mi padre siguiera con vida”.
El juez justificó la decisión de no obligar a la Comisión Canadiense para la Integridad del Sector Público (CCISP) que investigue las acciones de la embajada de Canadá en México al entender que el organismo no tiene indicios de que la legación diplomática “rompió ningún código de conducta”.
Mariano Abarca fue asesinado en noviembre de 2009 por desconocidos tras años de oposición a las actividades de la empresa minera canadiense Blackfire en el estado mexicano de Chiapas.
Según declaró a Efe José Luis Abarca en 2018 cuando viajó a Canadá para presentar la demanda judicial, su padre se oponía a las actividades de Blackfire porque “se estaban suscitando muchos problemas sociales, medioambientales, de corrupción por el presidente municipal, donde la empresa minera pagaba al presidente municipal para que mantuviera la ‘paz’”.
La familia Abarca, así como grupos de defensa de los derechos humanos como MiningWatch, consideran que la embajada canadiense en México prestó un apoyo “prácticamente incondicional” a Blackfire; un respaldo que, según los demandantes, “aumentó el riesgo al que se enfrentaba Mariano Abarca”.
En 2013, MinigWatch, una organización creada para escrutar las actividades de las empresas mineras canadienses en el extranjero, publicó un informe titulado “Minería canadiense en México, Blackfire Exploration y la Embajada de Canadá. Un caso de corrupción y homicidio”.
El informe señala que “el apoyo activo e incuestionable brindado por la Embajada canadiense a la empresa Blackfire pudo haber desincentivado el interés de la empresa para acatar las leyes locales e internacionales”.
