Activistas pro inmigración demandan al Gobierno por vigilancia secreta

Tres defensores de los derechos de los inmigrantes en California demandaron este martes a entidades del Gobierno por supuestamente ordenar una vigilancia secreta de sus actividades y violar así la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

Nora Phillips, cofundadora de la organización Al Otro Lado, que tiene sede en Los Ángeles, y la abogada de inmigración Erika Pinheiro, quien realiza asesorías en la frontera sur estadounidense, encabezan la querella, presentada en el Tribunal de Distrito en Los Ángeles.

El documentalista Nathaniel Dennison, de la fundación Through My Eyes, también participa en la demanda interpuesta contra la Patrulla Fronteriza (CBP), el Buró Federal de investigaciones (FBI) y el director interino de Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), Matthew Albence, entre otros.

Según la demanda, a partir de octubre de 2018, el Gobierno federal siguió en secreto los movimientos y acciones de los tres demandantes, lo que llevó a que fueran hostigados y detenidos en la frontera.

Incluso, se les negó la entrada a México o se les obligó a salir de tierras mexicanas.

En un comunicado, el abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Mohammad Tajsar, que representa a las demandantes, dijo que “para la administración Trump la compasión es un delito”.

“No contento con cerrar las puertas del país a las familias vulnerables que buscan refugio, el Gobierno lanzó un programa secreto de espionaje para castigar a los abogados y activistas que se atrevieron a proporcionar bienestar básico de los emigrantes que desean una vida mejor para ellos y sus seres queridos”, agregó el jurista.

Tajsar se refiere al uso del programa de vigilancia “OASSIS”, creado en 2005 con el fin de compartir información con otros gobiernos sobre sospechosos de tráfico humano.

De acuerdo con la querella, los nombres, datos biográficos y fotografías de los tres activistas aparecen en una lista vinculada a ese programa.

Phillips comprobó que su nombre aparece en la lista cuando en enero pasado ingresó a México en un viaje personal y, al presentar su pasaporte estadounidense, se originó una alerta de seguridad.

Las autoridades mexicanas la separaron de su familia y la mantuvieron por más de 10 horas retenida en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, junto con su hija de 10 años, hasta que ambas fueron devueltas a Los Ángeles.

“Esta Administración no solo persigue a los refugiados y migrantes, sino que también persigue a los que estamos tratando de ayudarles”, dijo Phillips en el comunicado.

“Solo estoy tratando de hacer mi trabajo”, añadió la activista.

En el caso de Pinheiro, en enero pasado las autoridades mexicanas no le permitieron cruzar la frontera, a pesar de que la activista tiene residencia en Tijuana.

La demanda anota que los agentes de aduana en México le advirtieron a Pinheiro que tenía una alerta roja en su pasaporte, por lo que no podía ingresar a ese país.

La abogada y activista tardó un mes para poder regresar a su residencia con la advertencia de que las autoridades mexicanas podrían volver a negarle el ingreso.

En el caso Phillips, no ha podido recuperar su visa de negocios con México a pesar de solicitarla varias veces.

La demanda solicita que cualquier información recopilada por el programa del Gobierno sobre activistas sea expurgada y que se emita una orden para que dejen de expiarlos.

“Este caso presenta preguntas importantes sobre los derechos de la Primera Enmienda de nuestros ciudadanos como lo garantiza la Constitución”, dijo el abogado R. Alexander Pilmer, quién participa en la defensa de las activistas.

“Esperamos que un tribunal proteja estos derechos”, expresó Pilmer.