Fiscales estatales defienden prohibición cargadores de armas para diez balas

Una coalición de fiscales generales de varios estados del país, encabezados por Nueva York, defendió este lunes ante un tribunal la ley de California que prohibía los cargadores de armas que contienen más de diez balas, y que fue declarada inconstitucional el pasado marzo.

Los fiscales sometieron un documento al Noveno Tribunal del Circuito de Apelaciones en el que afirman que los estados tienen el derecho de promulgar restricciones razonables de armas de fuego que protejan la seguridad pública y que reduzcan la prevalencia y la letalidad de la violencia armada.

Los fiscales presentaron el escrito para apoyar la apelación presentada por el estado de California contra la decisión de un juez federal de San Diego que decretó la inconstitucionalidad de la ley que prohibía estos cargadores.

La ley había sido impugnada por un grupo de propietarios de armas y la Asociación de Rifles y Pistolas de California, afiliada a la Asociación Nacional de Rifles (NRA, por sus siglas en ingles).

James recordó en un comunicado de prensa que desde el año 2000 California ha prohibido la fabricación, importación y venta de cargadores de armas de gran capacidad y que en 2016 llevó con éxito la consulta al pueblo, y que se conoce como la “Propuesta 63”.

Otros nueve estados, entre ellos Nueva York, así como el Distrito de Columbia también han promulgado leyes que prohíben las armas de gran capacidad. La constitucionalidad de esas leyes ha sido confirmada por unanimidad por los tribunales federales de apelaciones, señaló además James.

“Estos cargadores no tienen lugar en nuestras tiendas, en nuestras calles ni en nuestros hogares” porque ponen en peligro la vida de los estadounidenses, aseguró la fiscal James en el comunicado.

En sus argumentos al tribunal, los fiscales insisten en que la Segunda Enmienda no impide que los estados promulguen nuevas medidas para el control de armas y explica que éstos tienen derecho a adoptar restricciones “razonables” para abordar las condiciones únicas dentro de sus fronteras y proteger la seguridad pública.

“Restringir el acceso a los cargadores de armas de gran capacidad es razonable porque reduciría las lesiones y muertes por armas de fuego, al tiempo que dejaría muchas otras opciones abiertas para las personas que deseen ejercer su derecho básico de la Segunda Enmienda a la autodefensa”, afirmaron al tribunal.

Además de Nueva York, el documento fue firmado por los fiscales generales de Connecticut, Delaware, el Distrito de Columbia, Hawái, Illinois, Maryland, Massachusetts, Nueva Jersey, Nuevo México, Michigan, Minnesota, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, y Washington.