El acceso legal al aborto en Misuri, en manos de un juez
El acceso legal al aborto en Misuri quedó hoy en manos de un juez estatal, después de que las autoridades del estado privaran de su licencia a la única clínica que aún practica interrupciones del embarazo en ese territorio.
Si el juez no ordena al estado renovar la licencia de la clínica ubicada en San Luis, el estado de Misuri se convertiría en el primero de todo el país donde no habría acceso legal al aborto desde 1973, cuando el Tribunal Supremo legalizó ese servicio médico.
La clínica ya luchaba por su supervivencia desde finales de mayo, cuando la organización que la dirige, Planned Parenthood, demandó a Misuri porque las autoridades del estado se negaban a renovarles la licencia tras citar presuntas “irregularidades” en el centro.
Un juez ordenó entonces al estado mantener temporalmente abierta la sección de la clínica que practica abortos, pero las autoridades de Misuri anunciaron hoy que se niegan a renovar la licencia al centro porque han encontrado 30 supuestas deficiencias en su trabajo y solo se han corregido cuatro de ellas.
El magistrado encargado del caso, Michael Stelzer, determinó sin embargo que la clínica puede seguir practicando abortos hasta que él tome una decisión sobre el caso, sin aclarar cuándo lo hará.
“Continuaremos brindando servicios de aborto mientras el tribunal proteja nuestra capacidad para hacerlo”, confirmó una ginecóloga que practica abortos en la clínica, Colleen McNicholas, en un comunicado.
La presidenta de la organización Planned Parenthood, Leana Wen, alertó por su parte de que la amenaza al aborto legal en Misuri “todavía no ha terminado” y definió la situación como un “estado de emergencia para la salud de las mujeres en Estados Unidos”.
Ambas arremetieron contra el gobernador de Misuri, el republicano Mike Parson, y a las “exigencias invasivas e innecesarias” que el estado ha ido imponiendo en los últimos años a las pacientes que buscan abortar y las clínicas que les brindan ese servicio.
La clínica de San Luis se negó esta semana a someter a sus pacientes a un examen pélvico 72 horas antes de su aborto, como exige el estado, por considerar ese procedimiento “médicamente innecesario, profundamente traumático e inhumano”, en palabras de McNicholas.
Las restricciones legales impuestas en Misuri a las clínicas que practican abortos han provocado el cierre de cuatro en el estado desde 2008 y han dejado con una única opción, el centro de San Luis, a más de un millón de mujeres en edad reproductiva en ese territorio del tamaño de Uruguay.
Como Misuri, otros cinco estados en el país han regulado el aborto hasta el punto de que solo queda una clínica que los practica en su territorio.
Si la clínica de San Luis perdiera su licencia, las pacientes de la zona podrían ir a otro centro que practica abortos a apenas 20 kilómetro, ya en Illinois y bajo una legislación más favorable a ese servicio, pero la pérdida del acceso legal en todo un estado marcaría un precedente a nivel nacional.
Misuri es, además, uno de la decena de estados que han aprobado las llamadas “leyes del latido de corazón”, que prohíben el aborto en casi todos los casos, dentro de una campaña diseñada para forzar al Tribunal Supremo a replantearse la legalización del aborto.
