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La Cámara de Representantes de Puerto Rico aprobó este viernes una versión enmendada del proyecto de administración del Código de Incentivos de Puerto Rico, que busca consolidar las decenas de decretos, incentivos, subsidios, estímulos monetarios, reembolsos, o beneficios contributivos o financieros existentes.
El mismo fue presentado en el hemiciclo por el presidente de la Comisión de Hacienda, Antonio Soto, quien aseguró que el Proyecto de la Cámara 1635, contiene las herramientas “adecuadas para fomentar el desarrollo económico sostenible de Puerto Rico, además de establecer el marco legal y administrativo que regirá la solicitud, evaluación, concesión o denegación de incentivos por parte del gobierno local”.
“Se realizaron numerosas vistas públicas en Cámara y Senado y observamos que no se podía aprobar como radicado por el Ejecutivo en el 2018. Recogimos las inquietudes de distintos sectores profesionales o que de una manera u otra, se verían afectados por los incentivos de Puerto Rico. Ese insumo lo recibimos de parte de agricultores, del sector de la manufactura, empresarial y comercial de Puerto Rico, de las personas de la industria fílmica o de producciones locales”, indicó.
El presidente de la Comisión de Hacienda indicó que se configuró un sistema único que recoge dentro de un “solo documento, bajo una oficina, bajo un solo regulador”, el proceso desde la solicitud hasta el otorgamiento del crédito contributivo, con un mecanismo para determinar si la inversión que haga el gobierno tiene retorno.
La medida, dijo, también provee un lenguaje para que exista mayor transparencia en el otorgamiento de incentivos, mediante el requerido de informes a la Oficina de Incentivos para Negocios.
El representante agregó que la Oficina tiene que rendir informes y publicar en un portal la información de manera más extensa que se haya requerido anteriormente sobre cualquier crédito solicitado, que incluyan el nombre del negocio exento y sus accionistas principales; fecha en que solicitó y se otorgó el decreto; tasas preferenciales otorgadas; y capítulos de este código o sobre la ley anterior bajo la cual se otorgó el decreto.
También, el nombre del municipio donde operará el negocio exento; las exenciones otorgadas y la cantidad de empleos generados o retenidos por el negocio exento.
El representante José Aponte Hernández, por su parte, expresó al asumir un turno a favor de la pieza que si le quieren votar en contra, “estarían votando en contra de 43 municipios. Un municipio podría tener un 10 por ciento de ingresos, con el nuevo podrían tener 25 por ciento nuevo. Cada cual tiene que tomar sus decisiones”.
El portavoz de la minoría, Rafael Hernández, señaló, a su vez, que esta medida “no garantiza la participación de los puertorriqueños. No estamos hablando de un grupito, estamos hablando de gigantes (cabilderos)”.
El representante Denis Márquez, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), opinó que este tipo de modelo de incentivo “choca de frente con las visiones económicas, y políticas de nuestro partido. La historia de estos modelos contributivos va de la mano del fracaso económico, político y social de Puerto Rico”.
Por último, el representante Manuel Natal expuso que al final del día “los privilegiados dejan de pagar en contribuciones, los terminan de pagar usted que me escucha”.
