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Normativa en Puerto Rico para que 250.000 personas no pierdan sus propiedades

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, habla el lunes 1 de octubre de 2018, durante un evento en la ciudad de Kissimmee en Florida (Estados Unidos). EFE/Archivo

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, habla el lunes 1 de octubre de 2018, durante un evento en la ciudad de Kissimmee en Florida (Estados Unidos). EFE/Archivo

EFE

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, firmó una ley para evitar que 250.000 personas pierdan sus propiedades en la isla por falta del pago y que acaben en manos de la banca, una auténtica crisis hipotecaria considerada emergencia nacional que afectaría en total a 750.000 ciudadanos indirectamente.

Rosselló, en conferencia de prensa, confirmó este martes la firma del proyecto del Senado 973 que enmienda la Ley para la Mediación Compulsoria y Preservación de tu Hogar.

“Esto es un buen paso inicial para poder asegurarnos que lo que podría ser una crisis hipotecaria en Puerto Rico se convierta en una oportunidad”, aseguró el jefe del Ejecutivo, aunque sin dar detalles del texto del documento y de cómo la nueva norma protegerá a las personas que no pueden hacer frente a sus pagos.

Lo único que ha trascendido es que la nueva ley establece un marco que facilita la mediación en los casos en donde la propiedad pertenezca a coherederos o deudores solidarios.

Además, la nueva normativa establece que será suficiente la presencia de un heredero en el proceso de mediación para que el trámite en una disputa sobre una propiedad en herencia tenga continuidad.

La iniciativa de Rosselló responde a la alarma provocada al trascender que 250.000 personas pueden perder sus propiedades al no poder hacer frente ante los bancos de sus compromisos hipotecarios, un problema que viene de lejos por 10 años de crisis económica, escenario que se ahondó con el huracán María de septiembre de 2017.

El Ejecutivo de Ricardo Rosselló pretende que se destinen fondos del programa de desarrollo comunitario para la recuperación de desastres para hacer frente a este problema.

La magnitud del asunto fue denunciada por la organización Ayuda Legal Puerto Rico, que ya dio a conocer un escenario crítico en la isla que de forma indirecta podría afectar a 750.000 personas.

La citada organización ha llegado a catalogar a la situación como una auténtica emergencia nacional, porque prácticamente tendría consecuencias para un 25 % de la población de Puerto Rico.

La avalancha de ejecuciones hipotecarias por parte de los bancos es ya una realidad, como lo demuestra el que en los dos primeros meses de 2019 un total de 459 viviendas fueran ejecutadas por los bancos ante la imposibilidad de sus propietarios de hacer frente al pago de las hipotecas.

La organización denuncia además que la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) no aporta información veraz al dar cifras de ejecuciones hipotecarias por debajo de la realidad, al no incluir los préstamos vendidos o presentados ante el tribunal de quiebra, ni las subastas o hipotecas conocidas como “reserve mortgage”.

Ayuda Legal Puerto Rico destaca que tras el huracán María se produjo un cierre temporal de tribunales que creó una sensación artificial de que las ejecuciones hipotecarias estaban en retroceso, algo totalmente opuesto a la realidad, según denuncian.

La organización trata de asesorar legalmente a las personas en sus derechos, ya que en ciertos casos los tenedores de hipotecas, ante dificultades financieras, pueden solicitar a los bancos una negociación en los planes de pago que les permitan conservar sus propiedades.

El huracán María de septiembre de 2017 provocó daños en 300.000 viviendas en Puerto Rico.


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