Los avisos entre Gobierno y Junta Fiscal, un cuento de nunca acabar
Los recordatorios, llamadas de atención y/o avisos entre el gobierno de Puerto Rico y la Junta de Supervisión Fiscal para la isla continuaron hoy con una notificación del ejecutivo local para que el citado organismo ofrezca información sobre el sueldo que recibirá un nuevo “asesor estratégico” contratado.
Se trata del enésimo toque de atención que se han dado en los últimos días entre ellos.
Hoy, a cuenta de Mathias Rieker, un nuevo asesor de la junta que, de acuerdo a una entrevista concedida al diario “Nuevo Día” por Edward Zayas, un portavoz de la JSF, se tratará del enlace entre dicho organismo y los medios de comunicación estadounidenses.
En una misiva con fecha de hoy el representante del ejecutivo de la isla ante la JSF, Christian Sobrino, inquiere al presidente del mismo, José Carrión, sobre unas palabras de Zayas en las que éste considera que los sueldos de los directivos de la JSF no son públicos, y no duda en “recordar” a la junta que son palabras “imprecisas” y desafortunadas”.
Además tampoco tarda en refrescar la memoria de la JSF de que la junta fue establecida como una “entidad dentro del Gobierno de Puerto Rico”.
“Es más -indica Sobrino- está fundada por el pueblo de Puerto Rico”, por lo que los sueldos de sus integrantes “han de ser públicos y todos estamos obligados a entregar esos datos si se nos solicita por parte de la prensa”.
A lo largo de la misiva indica, a su vez, que la JSF está sometida al escrutinio público y se muestra convencido de que la junta estará de acuerdo con el en que la “transparencia en el gasto público es uno de los pilares de la JSF”, tal y como, subraya, “ha sido la norma en el pasado”.
Por último, pide que se proporcione “inmediatamente” la información sobre lo que percibirá este nuevo asesor y que “haga pública” la cifra.
La misiva de hoy es una de tantas intercambiadas estos últimos días entre ambos organismos en lo que, de acuerdo a los expertos, se asemejan a “pullas” por temas de forma pero con las que cada parte quiere sellar su ámbito de acción.
Por ejemplo este lunes, el representante del Gobierno de Puerto Rico ante la Junta de Supervisión Fiscal envió otra carta a Carrión en la que recuerda que PROMESA “ni contempla ni permite” el nombramiento de un coordinador de revitalización interino, un puesto que quedó vacante tras la reciente dimisión del anterior, Noel Zamot.
Tras la renuncia de éste el representante le pidió a la JSF que no tardara mucho en nombrar un sustituto a lo que la JSF dijo que su directora ejecutiva, Natalie Jaresko, se haría cargo de forma provisional hasta que se encontrara un sustituto.
Una vez más, Sobrino volvió a enviar una nueva misiva en la que le dice a la junta que “no tiene ninguna autoridad ni validez alguna” el nombramiento de Jaresko y que la ley no lo permite
“Esto es una cuestión de autoridad legal de una persona para llevar a cabo acciones oficiales. Por favor téngalo en cuenta para evitar controversias innecesarias o causar confusión en el sector privado”, subrayaba Sobrino.
Es más, Sobrino no duda en pedirle a la junta que le entregue “lo antes posible” al gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, la lista de candidatos al puesto, tras la dimisión de Noel Zamot, “para su evaluación y consideración”.
La lista debe incluir sus curriculum, certificaciones y declaraciones escritas de sus intenciones y propósitos, recalcaba y recordaba a la JSF.
Otro de los toques de atención o recordatorios entre ambos se produjo el jueves pasado cuando la Junta de Supervisión Fiscal para Puerto Rico recordó al gobierno de la isla que no cumple con el mandato de la Ley PROMESA por el que, explicaba, el gobernador de la isla debe suministrar a la JSF todas las leyes aprobadas no más de siete días después de su promulgación.
En una carta dirigida a Rosselló, Jaresko le recuerda al ejecutivo de la isla que no cumple con dicho mandato, que incluye, además, acompañar el documento con un costo estimado de la implantación de la medida promulgada.
La JSF recalcaba que en seis medidas aprobadas por el gobierno de Puerto Rico no ha estado recibiendo los citados documentos.
También hubo contestación de Sobrino, quien les avisó de que el organismo federal carece de base legal para invalidar 24 Resoluciones Conjuntas aprobadas por la Legislatura y firmadas por el gobernador.
La ley federal PROMESA fue aprobada en 2016 por el Congreso estadounidense para, por medio de la JSF, dar solución a una deuda millonaria de 70.000 millones de dólares.
