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El Gobierno sanciona a 31 entidades vinculadas al programa nuclear de Irán

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EFE

El Gobierno anunció hoy la imposición de sanciones a 14 instituciones y 17 individuos a los que acusó de colaborar con la Organización para la Innovación e Investigación en Defensa (SPND) de Irán con el objetivo de desarrollar un programa de armas de destrucción masiva.

Washington afirmó que estas 17 entidades, entre las que hay grupos subordinados al SPND, empresas y funcionarios, apoyaron al Gobierno iraní y desempeñaron un “papel clave” en los esfuerzos del país persa a la hora de producir armas de destrucción masiva, aclara un comunicado divulgado por el Departamento del Tesoro.

Durante una rueda de prensa telefónica, un funcionario de alto rango de la Administración, que pidió no ser identificado, acusó a los implicados de seguir trabajando en el desarrollo de armamento nuclear, pese a que Irán renunció al mismo en 2015.

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“Es como si una versión diabólica de Robert Oppenheimer hubiera estado a cargo de mantener junto a todo el equipo del Proyecto Manhattan”, señaló el funcionario, en referencia al grupo de investigadores que desarrolló las primeras bombas atómicas.

En un comunicado divulgado por el Departamento de Estado, la cartera de exteriores acusó a la República Islámica de intentar mantener vivo su programa de armas nucleares y advirtió de que todo aquel que preste apoyo a Teherán se arriesgará a sufrir un castigo similar.

“EE.UU. condena con vehemencia los esfuerzos de Irán para mantener unida a su banda de investigadores de armas nucleares, salvaguardar su trabajo y continuar con sus delicadas actividades”, reza la nota de la cartera de Exteriores.

Esta nueva batería de sanciones se suma a otra similar adoptada por Washington en agosto de 2014, que igualmente tuvo en la mira al SPND y en la que ya se incluyó a tres de las entidades afectadas nuevamente hoy.

Estas tres organizaciones son el grupo Shahid Karimi, al que se acusa de trabajar en proyectos de desarrollo de misiles y explosivo para la SPND; el grupo Shahid Chamran, cuyo trabajo se centra en la aceleración de electrones y en la transferencia de masa, y el grupo Shahid Fakhar, especializado en la construcción de simuladores de explosiones.

“EE.UU. mantendrá su campaña de presión máxima sobre el régimen iraní, empleando todas las herramientas económicas para evitar que Irán desarrolle armas de destrucción masiva”, señaló el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, citado en el comunicado.

Mnuchin advirtió de que cualquiera que se plantee “hacer negocios” con la industria militar iraní “en general”, o con la SPND “en particular”, se arriesga a sufrir un “aislamiento profesional, personal y financiero”.

En este sentido, una segunda funcionaria del Gobierno, también presente en la llamada y que tampoco quiso ser identificada, se mostró tajante sobre la posibilidad de que otros países o instituciones ayuden a Irán a burlar el cerco que pretende imponer: “Sufrirán graves consecuencias”.

El primer funcionario fue incluso más allá y con un juego de palabras dijo que la intención de Washington es convertir en “radiactivas” a estas personas y entidades.

Uno de los problemas a los que se enfrenta ahora el Gobierno estadounidense, no obstante, es que su política de aislamiento del país persa no cuenta con el respaldo de gran parte de la comunidad internacional.

“Hemos estado construyendo un apoyo internacional de forma gradual”, aseguró el funcionario al ser preguntado por si la decisión cuenta con el apoyo de los países firmantes del Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA, por sus siglas en inglés).

En mayo de 2018, Washington decidió abandonar este tratado, firmado con Irán en 2015, alegando que Teherán estaba aprovechándose del acuerdo para desarrollar un programa de armamento nuclear, algo que fue rechazado por el resto de países signatarios: Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania.

Como consecuencia de las sanciones anunciadas este jueves, quedan congelados los activos que estas entidades e individuos puedan tener bajo jurisdicción de EE.UU. y se les negará el acceso al sistema financiero del país.

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