Congresista de EEUU dice que el asunto del estatus de P.Rico llevará tiempo

El presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de EE.UU., Raúl Grijalva, dijo hoy que el asunto del estatus político de Puerto Rico llevará más tiempo de lo que la gente piensa, como cierre a una visita de 4 días a la isla caribeña.

Tras reunirse con el gobernador de Puerto Rico, Grijalva reconoció que no se trata de un tema que vaya a resolverse con celeridad, después de completar un viaje en el que la prioridad fue conocer sobre el terreno la situación de la isla tras los huracanes de septiembre de 2017 y los efectos de la Ley Promesa, aprobada por el Congreso para abordar el asunto de la deuda.

Grijalva dijo tras el encuentro con Rosselló en unas declaraciones que se trató de “una comunicación honesta y directa”.

“Si vamos a reformar la ley Promesa y asegurar que la asistencia humanitaria llega al pueblo puertorriqueño con urgencia y de un modo rápido, entonces esas conversaciones son muy importantes”, indicó.

“El estatus político es un debate que va a ocurrir, nunca hemos negado esa realidad, pero en esta visita vamos a tratar los remedios urgentes”, subrayó.

Dijo que el debate sobre el estatus “aquí en Puerto Rico y en el Congreso de EE.UU. será parte de la discusión en los próximos meses y años”.

Grijalva destacó que el proceso sobre el estatus “va a ser más lento de lo que la gente espera y no va a ocurrir de un día a otro”, aunque dejó claro que “ese debate va a ocurrir”.

Sobre su visita a la isla, indicó que uno de sus objetivos es prevenir si es posible los recortes en la Universidad de Puerto Rico y reforzar el sistema público.

Rosselló aprovechó para sacar de nuevo el asunto del estatus político ante Grijalva.

Detalló en conferencia de prensa que durante su encuentro con Grijalva -cuyo Comité de Recursos Naturales es el que atiende los asuntos de Puerto Rico en el Congreso- y otros legisladores le volvió a plantear la situación que a su juicio sufre el Estado Libre Asociado.

“Antes del huracán María no se sabía cuál es el uno de los problemas más grandes de desigualdad en Estados Unidos”, sostuvo Rosselló, que justificó por la gravedad de la situación el haber abordado el asunto a pesar de que Grijalva y el resto de legisladores estadounidenses tenían como objetivo saber cómo ha evolucionado la isla tras los huracanes y la aplicación de Promesa.

“Todo está relacionado con la desigualdad”, resaltó Rosselló, tras definir el encuentro como “un intercambio saludable.

Se preguntó además cómo algunos de los legisladores que visitan la isla junto a Grijalva favorecen que Washington se conviertan en el estado 51, un derecho que, sin embargo, niegan a Puerto Rico.

Dijo que por ello pidió a Grijalva que favorezca en el Congreso una iniciativa que lleve a Puerto Rico a convertirse en un nuevo estado de EE.UU.

Además del estatus, Rosselló habló con los congresistas sobre los desafíos de la Ley federal Promesa, la reconstrucción de la isla tras el paso de los huracanes, el desembolso de los fondos del programa de Desarrollo Comunitario con Subsidio Determinado para la Recuperación de Desastre y la política pública del Gobierno local sobre el futuro energético.

El secretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira, también se pronunció sobre el encuentro para señalar que se habló de la Ley Promesa y los asuntos en los que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), entidad de control al Ejecutivo que establece esa ley, pretende inmiscuirse relativos a la política pública y al día a día presupuestario.

Recordó que Promesa se aprobó antes de María y las circunstancias han cambiado, por lo que si la ley Promesa va cambiarse el gobernador quiere que se establezca de forma expresa e inequívoca que la JSF no puede tener injerencia sobre la política pública del Gobierno.

Durante los días de su visita a Puerto Rico, Grijalva y el resto de legisladores se reunieron con líderes sociales y sindicales.

Una de las reuniones fue con la presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, Aida Díaz, quien denunció que fondos federales enviados a Puerto Rico son desviados a compañías privadas sin que lleguen a las escuelas.

Roberto Pagán, representante del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores, pidió por su parte una auditoría de la deuda que asciende a cerca de 70.000 millones de dólares.

El presidente del sindicato Utier, Ángel Figueroa, detalló a los congresistas cómo tras el paso del huracán María el Gobierno de Ricardo Rosselló optó por contratos privados para restaurar la infraestructura eléctrica.