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RSF: Impunidad y pasividad oficial marcan asesinatos de periodistas en México

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EFE

La impunidad y la pasividad para investigar de las autoridades son las marcas distintivas en los asesinatos y crímenes contra periodistas en México, declaró este martes el secretario general de la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), Christophe Deloire.

“El gran problema es la pasividad de las autoridades para investigar y resolver los casos y el alto porcentaje de impunidad, que es del 99 %”, sostuvo Deloire en una conferencia en la Ciudad de México.

Para ejemplificar el actuar de las autoridades mexicanas, Deloire relató que hace dos años cuando se enteró de esa cifra de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, se reunió con el procurador (fiscal) de México y le preguntó cuántos casos de asesinatos contra periodistas había y éste le dijo que solo uno pero no conocía el expediente.

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Deloire precisó que de 2006 a 2018 la organización registró 116 casos: 102 asesinatos y 14 desapariciones, los cuales denunciarán ante la Corte Penal Internacional (CPI), periodo que abarca los gobiernos de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Según la organización, con estos datos México es actualmente el país más peligroso en América Latina para ejercer el periodismo.

Con el elevado nivel de impunidad, el país está catalogado entre los más peligrosos para esta labor al ocupar el lugar 147 de 180 naciones en cuanto a asesinatos de periodistas, una categoría similar a la que tienen países como Afganistán, Yemen y Siria.

Este día RSF y la ONG mexicana Propuesta Cívica buscaron entrevistarse con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para proponerle una iniciativa que permita mejorar la seguridad de los periodistas mexicanos.

“Reporteros Sin Fronteras y Propuesta Cívica han decidido luchar contra los asesinatos contra periodistas y denunciarán ante la Corte Penal Internacional los casos de periodistas asesinados en las dos Administraciones anteriores a la de López Obrador”, destacó el secretario general.

Ambas organizaciones indicaron que a raíz de la denuncia, la CPI tendrá que iniciar una investigación penal preliminar.

“Los crímenes que juzgará la CPI son asesinatos y desapariciones forzadas, y en este caso son ataques generalizados y concretos contra una población en particular: los periodistas”, apuntó Deloire.

El representante relató que este martes intentaron entrevistarse con López Obrador pero éste no tuvo espacio en su agenda, y explicó que la denuncia ante la Corte Penal Internacional no es una medida hostil.

En su lugar, las organizaciones civiles mantuvieron un encuentro con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, quien les comunicó la disposición del mandatario a que se realice la gestión ante la Corte.

“El presidente se mostró abierto a que se presenten los casos de crímenes ante la CPI. Estamos luchando todos contra un mismo enemigo que es la impunidad”, dijo Deloire.

“Pensamos que el presidente López Obrador tiene todo el poder para luchar contra una política que hasta ahora ha sido injusta, contra la impunidad que ha existido hasta ahora, y el presidente puede reforzar nuestra acción ante la Corte Internacional y ayudar en las investigaciones”, apuntó.

En el mandato del izquierdista de Andrés Manuel López Obrador, que arrancó el pasado 1 de diciembre, han sido asesinados al menos cinco periodistas.

La Corte Penal Internacional investiga y, cuando está justificado, juzga a las personas acusadas de los delitos más graves que preocupan a la comunidad internacional: genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

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