Senadora P.Rico propone fortalecer programas desvío casos violencia machista
La senadora Rossana López, del opositor Partido Popular Democrático, anunció hoy que radicará una medida legislativa, con el propósito de fortalecer y garantizar la efectividad de los programas de desvío a violadores a la Ley 54 de violencia machista.
El Proyecto sometido iría dirigido a enmendar la Ley 449-2000, conocida como la “Ley para crear la Junta Reguladora de los Programas de Reeducación y Readiestramiento para Personas Agresoras”, explicó López en un comunicado de prensa.
Además, el informe de cumplimiento y medición de efectividad de estos programas deberá también ser remitido a la Asamblea Legislativa.
Según explicó López, la medida, en primer lugar, pretende establecer mejores mecanismos para fiscalizar, tanto el cumplimiento de estos programas, como la efectividad de los mismos.
Además, exige que se incluya anualmente la información detallada sobre el re-adiestramiento de los agresores y agresoras.
“De esta manera, tendremos datos claros de los resultados de los programas y podamos iniciar acciones correctivas si su eficacia no es la esperada”, indicó.
La senadora enfatizó que “la violencia doméstica atenta contra la integridad misma de la familia y es uno de los problemas más graves y complejos que confronta nuestra sociedad y es imprescindible ofrecer oportunidades para que los que incurren en este delito tengan la debida rehabilitación de los mismos”.
“Es por eso que en la medida en que podamos reforzar esta lucha, le estamos haciendo un bien a ésta y las futuras generaciones de puertorriqueños”, afirmó la legisladora.
López explicó que la enmienda a la ley, permitiría la inclusión de la representación de dos organizaciones expertas en casos de violencia machista.
Estos organismos, detalló López, le proveería a la Junta Reguladora de los Programas de Reeducación y Readiestramiento para Personas Agresoras información actualizada sobre las tendencias sociales en el tema.
Actualmente, dicha junta está compuesta por siete miembros nombrados por el gobernador de Puerto Rico, con el consejo y consentimiento del Senado.
Los miembros son un representante del Departamento de Corrección y Rehabilitación, otro del Departamento de la Familia, de la Procuradora de las Mujeres, un psicólogo clínico con preparación u experiencia en el área, un representante de la Administración de Servicios y Contra la Adición, un trabajador social y un abogado, ambos con experiencia en el tema.
Dicha Junta ejerce los poderes para la evaluación de estos programas con el fin de otorgar los permisos, licencias y certificaciones requeridas, así como su supervisión y revisión.
