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Juez de California también rechaza la pregunta sobre ciudadanía en el censo

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EFE

Un juez federal de California se sumó hoy a la opinión emitida por otro magistrado de Nueva York y también declaró ilegal el polémico plan del Gobierno de Donald Trump para incluir una pregunta sobre ciudadanía en el censo de 2020, al que se oponen varias asociaciones de inmigrantes.

En una resolución de 126 páginas, el juez Richard Seeborg aseguró que “la inclusión de la pregunta sobre ciudadanía en el censo de 2020 amenaza la misma fundación de nuestro sistema democrático”, ya que a su juicio resultaría en una infravaloración del número de personas latinas no ciudadanas.

“Los antecedentes en este caso indican claramente que la inclusión de la pregunta sería contraproducente para el objetivo de obtener datos exactos sobre el público”, apuntó el magistrado californiano.

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A su entender, inquirir sobre si se tiene o no la ciudadanía estadounidense supondría “rebajar la cifra de respuestas por parte de los inmigrantes y no ciudadanos, e implicaría un riesgo significativo de distorsión en la distribución de representantes al Congreso entre los estados”.

El pasado 15 de enero, el juez Jesse M. Furman de Nueva York ya bloqueó los planes de la Casa Blanca al emitir un dictamen similar al de hoy en California, ante lo que la Administración que dirige Donald Trump decidió elevar el caso al Tribunal Supremo, que emitirá una decisión final a mediados de este año.

El censo del país, que se renueva cada diez años, es una herramienta clave a la hora de determinar el reparto de fondos federales, de asignar escaños a la Cámara de Representantes o de decidir la distribución de distritos legislativos estatales y del Congreso.

Actualmente, la elaboración del censo se realiza sin preguntar el estado legal de los encuestados ni si son ciudadanos o residentes, pero se calcula que en el país viven en torno a 11 millones de inmigrantes indocumentados, en su mayoría latinos.

La posibilidad de que se incluya una pregunta sobre ciudadanía podría significar que las personas que no se encuentran en situación ilegal decidiesen no participar en el censo, ante el temor de que esta información pudiera ser enviada a las autoridades de inmigración.

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