Oposición acusa Gobierno de P.Rico de irregularidades en Transporte Marítimo
El presidente del opositor Partido Popular Democrático (PPD) de Puerto Rico, Aníbal José Torres, censuró hoy al gobernador, Ricardo Rosselló, por ampararse en los problemas de los residentes de Vieques y Culebra para apoyar irregularidades en la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM).
Torres, quien refirió el asunto a la Oficina de la Contralora y Ética Gubernamental, informó en un comunicado de que presentó evidencia que demuestra cómo el gobernador y su administración están subvirtiendo la ley, obviando los procesos de subastas y derrochando fondos públicos.
“Si alguien en Puerto Rico pensaba que los tiempos de irregularidades con declaraciones de estados de emergencia se habían terminado, se equivoca. Si alguien en este país adjudicó que los tiempos de traqueteos con los cambios de órdenes en proyectos de construcción eran cosa del pasado, se equivocó”, dijo Torres.
El líder de la oposición aseguró que si alguna persona pensó que ya no se usan emergencias para otorgar contratos de obras que no lo son, se equivoca también.
Torres sostuvo que la ATM ha estado plagada de irregularidades y explicó los eventos que lo han llevado a esa conclusión, entre ellos que en mayo de 2018, mediante la Resolución 2018-02 de la Junta de Directores de la ATM, se declaró un estado de emergencia sobre el servicio para las islas municipio de Vieques y Culebra.
Esta declaración de emergencia dio paso a la mudanza de las instalaciones del muelle de Fajardo al muelle 2 de la antigua Base Naval Roosevelt Roads y al muelle Mosquito en Vieques.
Luego, el 17 de julio de 2018, luego de visitar las instalaciones y describir los trabajos a cuatro empresas, se hizo una subasta por invitación.
La selección debió haberse hecho a base del menor costo, pero se otorgó el contrato a la empresa Sur Architects and Engineers Consulting por la cantidad de 831.140 dólares para trabajos que van desde la colocación de hormigón de piso en área de lanchas y pasajeros, hasta la construcción de tres casetas de guardias de seguridad y estacionamientos de empleados y visitantes en grava granulada.
Los trabajos debieron estar listos para el mes septiembre de 2018.
“En lugar de exigir el cumplimiento con los trabajos contratados bajo la excusa de una declaración de emergencia, la enmendó el contrato original para añadir la cantidad de 784.038 dólares. Ese contrato violenta la ley de dos maneras. Primero, utiliza una declaración de emergencia para realizar trabajos ordinarios. Segundo, no puede haber un cambio de orden que exceda entre 25 % y 30 % del valor total de la obra”, aclaró el legislador.
Indicó que, no conforme con eso, el 7 de noviembre de 2018, sin que se hubiera cumplido con los trabajos del contrato inicial, se aprobó una segunda enmienda al contrato alegando que era necesario modificar nuevamente la descripción de las tareas y aumentar la cuantía del contrato.
La nueva enmienda añade la cantidad de 933.872 dólares a las nuevas tareas que estaban listadas como caseta de seguridad, aceras, portón de entrada, acondicionador de aire en cuarto de lactancia, verjas y portones adicionales, velas de metal para la fachada, distribución eléctrica para máquinas de refresco y ATH; instalación y acarreo de seis palmas, entre otras labores que no constituyen ni tienen los requisitos para ser catalogados como una emergencia.
El presidente del PPD condenó que el contrato inicial de 831.140 dólares que terminó constándole al pueblo de Puerto Rico 2,5 millones de dólares.
Los trabajos debieron haberse entregado el 31 de diciembre de 2018 y al día de hoy no se han completado, según el líder de la oposición.
“Se trata de proyectos que utilizan el dolor, necesidades y pesares diarios de nuestra gente y en lugar de resolver esos problemas al menor costo posible se hacen para enriquecer a unos particulares burlando la ley y el orden”, denunció.
“Se usa esa queja recurrente de nuestra gente como parapeto para enriquecer a un contratista. Se usa una declaración de emergencia para hacer trabajos que nada se relacionan a lo inminente, burlando los procesos de una sana administración pública. Usted sabe que algo anda mal cuando contrata un trabajo por 800.000 dólares y termina pagando más de 2,5 millones de dólares”, concluyó.
