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Gobernador Puerto Rico rechaza que Código Civil excluya los vientres de alquiler

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EFE

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, mostró hoy su rechazo a que el nuevo Código Civil en proceso de aprobación en el Legislativo de la isla caribeña excluya los vientres de alquiler, a través de su cuenta en la red social de twitter.

“Me opongo a que el Código Civil excluya la reproducción asistida -en su modo de ‘surrogacy’- o alquiler de vientres. Esta práctica se lleva a cabo en Puerto Rico bajo estrictos parámetros científicos y legales”, señaló el jefe del Ejecutivo.

“La Asamblea Legislativa ejercerá su responsabilidad, aprobando un Código Civil que responda a establecer justas condiciones para nuestra sociedad. Hacia ese objetivo estará centrado nuestro análisis sobre dicha legislación”, indicó en sus escuetas declaraciones sobre el asunto Rosselló.

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Las palabras de Rosselló se producen después de que el lunes la Cámara de Representantes de Puerto Rico aprobara a viva voz el proyecto de nuevo Código Civil, que deberá ser ratificado por el Senado y después, antes de convertirse en norma, contar con la firma del gobernador.

Una de los puntos destacados de este nuevo Código Civil es que prohíbe que se comercialice la maternidad subrogada, a lo que hoy Rosselló se opuso con su mensaje en twitter.

El nuevo Código Civil ha traído polémica por introducir cambios significativos respecto al que pretende sustituir.

Por ejemplo, establece la mayoría de edad en 21 años, prohíbe los matrimonios de menores de 18 años y establece que solo podrán contraer matrimonio jóvenes entre 18 y 21 si cuentan con el consentimiento de los padres.

El nuevo Código Civil establece el matrimonio de “dos personas” sin especificar el sexo de los contrayentes y reconoce la decisión del Tribunal Supremo de EE.UU. en relación al matrimonio y la adopción por parejas del mismo sexo.

Votaron en contra los opositores Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

El proyecto pasó ahora al Senado, que deberá ratificarlo o introducir cambios, lo que llevaría a convocar un comité de conferencia entre las dos cámaras legislativas.

La postura hecha pública por el gobernador condiciona la postura que adopte el Senado.

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