Condados de varios estados se convierten en “santuarios” para armas de fuego
Imitando a las jurisdicciones que rechazan colaborar con el Gobierno federal en la lucha antiinmigrante, condados de varios estados se han convertido en “santuarios” para las armas de fuego al rechazar la aplicación de medidas que buscan un mayor control sobre las ventas.
La implementación a niveles estatales de leyes que regularicen aun más las ventas no ha sido bien recibida por alguaciles que lideran el movimiento para proteger la Segunda Enmienda a la Constitución estadounidense, que protege el derecho a portar armas.
En Nuevo México, la legislatura estatal dominada por el Partido Demócrata envió anoche al escritorio de la gobernadora, Michelle Lujan Grisham, una medida sobre el control de armas que se espera firme la gobernadora.
“La verificación de antecedentes es la base”, dijo Lujan Grisham en un comunicado de prensa tras la aprobación de la medida por la legislatura estatal,y aseguró que los dueños “responsables” de armas en Nuevo México no tienen “nada que temer”.
En este estado, 23 de los 33 condados ya han pasado resoluciones en contra de aplicar la legislación, que expande la verificación de antecedentes durante las ventas de armas, incluyendo transacciones privadas, algo que ocurre comúnmente especialmente en las zonas rurales.
“Este tipo de regulación no hará nada para prevenir el crimen”, aseguró a Efe Tony Mace, presidente de la Asociación de Aguaciles de Nuevo México.
Mace indicó que la principal razón por la que se oponen a esta propuesta es que no existe un sistema establecido para llevar a cabo la verificación de antecedentes a nivel estatal.
“Debido a que el estado no cuenta con una base de datos donde podamos verificar esta información, esto es una violación a los derechos que otorga la Segunda Enmienda de que las personas puedan hacer lo que quieran con su propiedad (armas de fuego)”, afirmó Mace en entrevista telefónica.
De los 33 alguaciles que integran la Asociación, 32 se oponen a esta legislación, ya que la consideran parte de una agenda en contra del derecho a portar armas, impulsada por el multimillonario Michael Bloomberg, sostuvo Mace.
“Están buscando criminalizar virtualmente cada transacción privada de armas de fuego en el estado. El vender un arma a tu mejor amigo, vecino o compañero de trabajo requerirá que tengas que pagar una tarifa y llenar papeleo, incluyendo si es solo prestada”, indicó el alguacil.
Mace dijo estar orgulloso de las medidas “santuario” tomadas por varios condados en Nuevo México. Indicó que esto es un claro mensaje que los votantes están enviando a los legisladores sobre que están dispuestos a defender sus derechos constitucionales.
Por su parte, el Alguacil del Condado Pershing, en Nevada ,Jerry Allen, escribió en su página de Facebook que no utilizará la autoridad que le otorgó el estado y sus residentes “para infringir en el derecho de las personas de portar armas de fuego”.
En Nevada, el gobernador Steve Sisolak firmó el pasado 15 de febrero una nueva ley estatal que amplía la verificación de antecedentes de los compradores, tanto en ventas como en transferencias de armas de fuego.
Otros estados como Washington, Illinois y Oregón también están impulsando medidas para regular la venta de armas de fuego.
En el estado de Washington, donde se aprobó una legislación que incrementa la edad de 18 a 21 años para que una persona pueda comprar un rifle semiautomático, más de la mitad de los 39 condados, sin embargo, han aprobado resoluciones comprometiéndose a no aplicar la medida que entrará en vigor en julio.
En el estado de Illinois, 63 condados han aprobado medidas similares, defendiendo lo que consideran sus derechos bajo la Segunda Enmienda.
Durante las pasadas elecciones de medio término, celebradas en noviembre, el Partido Demócrata obtuvo importantes victorias, especialmente en niveles locales y estatales.
Durante su campaña, había prometido medidas más estrictas para regular la compra de armas de fuego, en gran parte debido al fracaso a nivel federal de impulsar este tipo de cambios.
De acuerdo con el Centro de Leyes Griffords para Prevenir la Violencia de las Armas, solamente este año legisladores en más de una docena de estados han presentado por lo menos 50 propuestas de ley que buscan un mayor control sobre las armas.
Estas iniciativas quieren establecer mayores regulaciones sobre la verificación de antecedentes penales durante transacciones privadas de ventas de armas de fuego.
