Colorado aprueba norma que amplía protecciones a menores inmigrantes
La legislatura de Colorado aprobó una ley que expande la jurisdicción de las cortes estatales a fin de proteger y cuidar a inmigrantes menores de 21 años víctimas de abuso, descuido o abandono, y que pueden recibir ayuda federal.
La ley HB19-1042 permite a las cortes de Colorado “adjudicar responsabilidades parentales” para los inmigrantes menores de edad que cumplan con ciertos requisitos (estar separado de los padres, ser soltero) y determinar si el menor puede ser clasificado como “inmigrante juvenil especial” de cara a la administración federal.
La ley determina que una vez que los inmigrantes juveniles queden al cuidado de las cortes de Colorado, comenzará un proceso por el que el juez a cargo del caso nombrará un guardián, establecerá si califican para ayuda federal y verificará si es posible reunirlos con sus padres o, por el contrario, si esa reunificación “no es el mejor interés” del menor.
La corte puede decidir, de acuerdo a la norma, que el menor no regrese a su lugar de residencia más reciente, incluso si es en el país donde viven sus padres.
El proyecto fue impulsado por la representante estatal Serena Gonzáles-Gutiérrez y por la senadora Julie Gonzáles, ambas demócratas, además de contar con la firma de unos 30 congresistas y senadores.
La medida había sido propuesta por la Red de Abogados de Inmigración de las Montañas Rocosas (RMIAN, por sus siglas en inglés), la filial en Colorado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el Centro de Leyes para Niños (CLC).
Ashley Harrington, de RMIAN, resaltó el impacto que la ley tendrá en lo que concierne a la “seguridad y estabilidad” de los niños y jóvenes inmigrantes en Colorado.
Solo en Denver, capital del estado, unos 3.000 inmigrantes se encuentran en situaciones similares a las descritas en la ley, según la Oficina de Asuntos Infantiles de esa ciudad.
A nivel nacional, el Instituto de Políticas Migratorias (MPI), señala, según datos de 2016, que un millón de inmigrantes menores de 18 años viven en el país a cargo de un adulto, o incluso de ninguno, y en “situaciones de riesgo”.
