Gobierno de Puerto Rico fiscalizará que se cumplen leyes a favor de los sordos
El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, anunció hoy que el secretario de la gobernación, Ricardo Llerandi, intensificará la fiscalización de las agencias en la ejecución e implementación de leyes y órdenes ejecutivas que cobijan a la comunidad sorda.
El Ejecutivo puertorriqueño informó a través de un comunicado de que en su compromiso con la población con impedimento auditivo, Rosselló ha firmado varias leyes y órdenes ejecutivas que tienen el propósito de atender las necesidades que día a día enfrentan.
“La inclusión es la implementación de política pública que beneficie a todos por igual. Es por esto que tenemos la obligación y la responsabilidad de garantizar los derechos de la comunidad sorda sin dilataciones. Lo hemos dicho anteriormente y reitero, este es el año de la ejecución”, destacó Rosselló.
“Ya hemos aprobado política pública sin precedentes, ahora corresponde garantizar el cumplimiento con los derechos de esta comunidad”, enfatizó.
La Ley 56-2018 dispone la inclusión de cursos de lenguaje de señas en el currículo del Departamento de Educación.
Por su parte, la “Carta de Derechos de la Comunidad Escolar Sorda o con Impedimento Auditivo en Puerto Rico”, garantiza el acceso oportuno a la educación, mediante el acceso a servicios educativos que favorezcan mejor su condición y desarrollo con el apoyo profesional y ayuda técnica requerida.
Además, promueve la formulación de programas que atiendan las necesidades educativas de las personas con impedimentos auditivos.
Para garantizar el acceso a la justicia, el gobernador firmó la Ley 174-2018 que obliga a tener intérpretes de señas o un acomodo razonable en cualquier proceso judicial o administrativo, con el fin de que las personas sordas o con condiciones que le impiden comunicarse efectivamente, puedan entender los procesos que se lleven en su contra.
La “Ley de Igualdad de Acceso a Información para los Sordos en las Campañas Publicitarias del Gobierno” (Ley 266-2018) establece que toda publicidad visual que contenga sonido por parte de las tres Ramas de Gobierno utilice un intérprete de señas para comunicar el mensaje efectivamente a la comunidad sorda.
Actualmente, también está en vigor la Ley 136, que dispone que toda agencia gubernamental provea un intérprete de señas que asista a las personas con impedimentos auditivos. A estos fines, la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH) ofrecerá cursos de lenguaje de señas próximamente.
